Por qué federalizar

El edificio constitucional inaugurado en España en 1978 rechina hoy por todas las costuras. Tras casi 40 años, urge rehabilitarlo, y eso exige reformarlo. Reforzar la democracia –maltrecha, como los derechos, por el manejo de esta crisis-, restablecer el crédito de la política y relanzar su capacidad de integrar la pluralidad y el conflicto, son objetivos que demandan un pacto constitucional que actualice el que se hizo hace ya tanto tiempo. Y un pacto federal que asuma –va siendo hora- la maduración de nuestra diversidad identitaria. Y la encaje en un proyecto inclusivo para “acabar” de una vez lo que resta inacabado en el modelo autonómico.

¿De qué hablamos cuando hablamos de federalizar? La idea federal reside en pactar una Unión, compuesta entre un todo (el Estado federal, el Bund) y sus partes (los estados federados, Länder, CC.AA, o provincias como en Canadá), pero sobre todo consiste en hacerlo constitucionalmente: ¡en la Constitución!

La adjetivación federal se presta, sí, a controversia (“social”, “solidario”, “plurinacional”, “asimétrico”…). Esos arquetipos contraponen procesos federales distintos entre sí: los hay de la diferencia como los hay de igualdad, dependiendo de qué asunto pongamos en comparación. No hay dos federalismos idénticos; no hay un “canon” federal sino experiencias federales decantadas por la historia y por la realidad. Ninguna es replicante de otra: véanse las variaciones entre los Senados como “segundas Cámaras” en Estados federales. Las une, sin embargo, un rasgo: en las Uniones federales, el reconocimiento de la pluralidad constitutiva del todo y la regla del reparto de competencias y la financiación de sus miembros queda establecida en la propia Constitución. Y eso no ha pasado en España desde 1978. Y continúa hoy sin suceder, puesto que el Estado autonómico no está en la Constitución (en cuyo texto esa expresión no aparece por ninguna parte) sino que fue desarrollado con posterioridad. Lo han hecho los Estatutos, las leyes (sobre todo las básicas) y la jurisprudencia (mutante) del TC en el llamado “bloque de constitucionalidad”. Funcionó, mientras lo hizo. Pero hoy los indicadores de que ese motor se ha gripado son ya hace tiempo clamorosos.

A partir de ahí, dos activos principales de la propuesta federal contribuirían a encarar la tensión secesionista en Cataluña: 1. Federalizar supondría una oportunidad de enorme impacto simbólico (delinea un cambio de época para la reintegración generacional e identitaria en España). Desde el punto de vista político, reordenar constitucionalmente la estructura del Estado sería la única manera de acomodar la singularidad catalana con los demás pueblos de España. Jurídicamente, liquidaría de una vez por todas el carácter transitorio de buena parte de la Constitución, eliminando la “grasa” obsoleta e inutilizable de su Título VIII. Sería la ocasión de “acabar” de conformar lo que, por razones históricas y prejuicios psicológicos, no fue posible en los 70. Y de “cerrar” con un pacto el indefinidamente abierto principio dispositivo, que no es sino la inconcreción del número de CC.AA y de sus competencias, y la incapacidad de asumir las diferencias entre ellas sin sujetarlas al juego de emulación competitiva entre liebres y tortugas. Un ejemplo palmario de sus efectos lesivos reside todavía hoy en el art.150.2 CE: Precisamente, el invocado por el Parlament de Cataluña para reivindicar por Ley orgánica la transferencia del Estado de la competencia para convocar una “consulta” de autodeterminación que escindiría a los catalanes contra sus identidades múltiples, incluyendo la europea.

2. Federalizar la Constitución permitiría incorporar a todos los españoles –en especial, a los más jóvenes, que ni siquiera habían nacido cuando se votó la CE- al objetivo impostergable de relanzar la democracia y la participación de la ciudadanía en la reformulación de nuestra pluralidad, desde la supranacional hasta la identitaria, en lo territorial. Sólo una reforma constitucional a fondo, que auspicie un nuevo Estatut, votado –una vez más- por el pueblo de Cataluña, daría una respuesta aceptable a la demanda de reconocimiento y diferenciación que ha germinado, asumámoslo, en la sociedad catalana. La revisión de la CE es el contexto necesario y adecuado para hacerlo.

Habría otro efecto ventajoso. Si hay un avance relevante en el constitucionalismo del siglo XXI y la globalización, ése es precisamente el de la superación del tradicional binomio entre la Constitución y el Estado. Desafía la vieja identificación de toda nación con un Estado “soberano” e “independiente”. Se reencuentra así con fuerza la identificación histórica entre constitucionalismo y federalismo: es la única forma de legitimar, votando, la integración de la complejidad y de las identidades múltiples en estructuras democráticas de gobierno multinivel. La ciudadanía del siglo XXI ya no encaja sin más en el reduccionismo de las fronteras cerradas de viejas “soberanías” (lo que quiera que esto sea en la globalización) confrontadas y excluyentes…aunque resulten virtuales. Requiere, por el contrario, nuevas soluciones, abiertas a lo diverso y a lo compatible: ciudadanía en derechos. Nacional y federal. Supranacional y global.

La Constitución federal puede reconciliar esas identidades, sin que el reconocimiento de la singularidad que Cataluña reclama tenga necesariamente que abocar a una “estatalidad” “soberana” e “independiente” por confrontación con España y con la UE. Estamos a tiempo de evitar una frustración, y tenemos el deber de hacerlo. Pero hay que hacerlo. La apuesta federal es acción, requiere osadía y coraje para acordar, reconstruir puentes y suturar descosidos. Con vocación de hacer historia, y de cambiarla y liderarla.