TRIBUNALES

Varapalo de la Fiscalía a Ayuso por su plan para tapar el caso de las comisiones de su hermano

Anticorrupción archiva la denuncia del PP por la concesión de ayudas a la empresa de los padres de Pedro Sánchez y acusa a los 'populares' de buscar una “investigación de corte inquisitivo”

EFEIsabel Díaz Ayuso, este martes en un acto por el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a la investigación sobre las ayudas públicas estatales a raíz de la pandemia que percibió la empresa Industrias Plásticas Playbol, a la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vinculó a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos" denunciados por el grupo popular en la Asamblea de Madrid por presunto tráfico de influencias. Se trata de un duro varapalo para la presidenta madrileña en su ofensiva judicial para tapar el caso de las comisiones de su hermano ya que, según informa elDiario.es, Anticorrupción considera que hacerlo en los términos que pretendía el PP “conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo”.

Como cuenta elDiario.es, Ayuso decidió pasar al ataque el 10 de marzo de 2022, apenas dos semanas después de que Anticorrupción abriera diligencias contra su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por el contrato de mascarillas suscrito en plena pandemia por la Comunidad de Madrid. “Vamos a empezar a investigar a todos, así vamos a ver si la señora Delgado quiere investigar a todos los familiares o solo a los míos”, aseguró tras anunciar que el PP iría a los tribunales para denunciar contratos y ayudas del Estado a empresas vinculadas directa o indirectamente al Gobierno de Sánchez y su entorno.

Al igual que hizo unas semanas al archivar la investigación por el contrato del hermano de Ayuso, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha hecho público un decreto con respecto a la investigación sobre las ayudas concedidas a Industrias Plásticas Playbol, a la que el denunciante, el diputado del PP de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano, relaciona con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Luzón archiva el caso al entender que la hipótesis delictiva planteada por los 'populares' "se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria". Ya cuando abrió las diligencias el pasado mes de abril para el esclarecimiento de hechos, señaló que la denuncia del PP "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos”.

Se abrió entonces una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que estaban Beedigital -a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño- e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres de Pedro Sánchez.

Anticorrupción decidió investigar los hechos "en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol", al sugerirse que "podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla su actividad, propiedad de los padres" de Pedro Sánchez.

En concreto, las operaciones denunciadas se refieren a quince ayudas recibidas por Industrias Plásticas Playbol: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y doce el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tras analizar los criterios que harían a Industrias Plásticas Playbol como elegible para recibir esos fondos, Anticorrupción llega a la conclusión de que las "operaciones aparecen revestidas de legalidad". "Aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal", sostiene el decreto.

Y es que, a juicio del Ministerio Público, "lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio". En primer lugar, porque la sociedad "cumplía con los requisitos para obtener las ayudas" y, en segundo lugar, "porque era la entidad financiera la que tenía el conocimiento del cliente y de la operación de financiación las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos".

Pero, además, la Fiscalía señala que los controles del ICO se producen "con posterioridad a la concesión de las ayudas, con un carácter subordinado y neutral y, desde luego, al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones".

Y es que, "en todo caso, las eventuales situaciones de impago y consiguiente ejecución de los avales del ICO que puedan manifestarse en el futuro por el deterioro de la calidad crediticia carecen, en principio y por si mismas, de relevancia penal".

El fiscal tampoco "alcanza a vislumbrar la trascendencia que a los efectos de esta investigación pueda tener la relación entre Playbol e Industrias Plásticas Playbol en virtud de la cual aquella vendió a esta en 2018 sus activos, fondo de comercio y maquinaria, manteniendo la vendedora la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial transmitida, que pasó a arrendar a la empresa compradora".

A juicio del Ministerio Fiscal, se "trata de una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor".

"La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas, según se ha expuesto, y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo", concluye Luzón.

Ossorio "no pondría la mano en el fuego"

Así las cosas, el PP ve frustrada su intención de sentar en el banquillo a empresarios vinculados supuestamente con miembros del Gobierno central. Tras conocerse el archivo de la denuncia de los populares, Enrique Ossorio, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, ha afirmado que él no pondría "la mano en el fuego" por los contratos del Gobierno central durante la pandemia aunque ha mostrado su "total respeto" a las decisiones judiciales.

El 'número dos' del Ejecutivo madrileño ha llegado a asegurar que la denuncia no partía de una sospecha real sino de una contienda política. “Si los nuestros, que lo habíamos desarrollado con la máxima pulcritud, la Intervención, la Cámara de Cuentas, son investigados, pues que sean investigados todos”, dijo este miércoles en rueda de prensa.

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