Según el informe de prisiones

Un violador con alto riesgo de reincidencia sale de la cárcel de Lleida por la ley de 'solo sí es sí'

Ha visto reducida su condena de quince a nueve años y medio de prisión. El violador ya había cumplido condena por otros delitos sexuales que cometió cuando era menor de edad

Un violador con alto riesgo de reincidencia sale de la cárcel de Lleida por la ley de 'solo sí es sí'

EUROPA PRESSCentre Penitenciari de Ponent (Lleida).

El violador que la Audiencia de Lleida excarceló el pasado lunes tras reducirle la pena en aplicación de la ley de 'solo sí es sí' presenta un elevado riesgo de reincidencia, según los servicios penitenciarios de la Generalitat, que han alertado a los Mossos y a la Fiscalía de su puesta en libertad.

Según han informado fuentes penitenciarias, el violador, Daniel P. G., salió el pasado lunes de la cárcel Ponent de Lleida donde cumplía condena después de que la Audiencia le rebajara a nueve y medio los quince años de condena que le impuso en 2010 por dos agresiones sexuales y un robo con violencia.

El recluso, que tiene prohibido acercarse a las víctimas durante los próximos diez años, no disfrutó de ningún permiso ni salida desde que entró en prisión, en el año 2008, dado que se considera que sigue presentando riesgo elevado de reincidencia.

Además, según fuentes cercanas al caso, el violador ya había cumplido condena por otros delitos contra la libertad sexual que cometió cuando era menor de edad.

Ante la excarcelación del violador, el Departamento de Justicia ha activado el protocolo previsto en el caso de internos evaluados de alto riesgo que salgan en libertad, fruto de un protocolo que se firmó con la Fiscalía Superior de Cataluña en el año 2009.

Por ese motivo, los servicios penitenciarios de la Generalitat han informado de la excarcelación del violador tanto al ministerio público como a los Mossos d'Esquadra, a los que la Fiscalía podrá ordenar las actuaciones que crea oportunas, habitualmente la vigilancia no invasiva del condenado.

En paralelo, la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia trabaja para establecer mecanismos extraordinarios de protección de las víctimas del violador.

Mientras permaneció en prisión, el condenado aceptó participar en programas de formación y en los itinerarios programados para la rehabilitación de agresores sexuales, pero los servicios penitenciarios concluyen que sigue presentando un elevado riesgo de reincidencia.

La Audiencia de Lleida acordó el lunes la "inmediata excarcelación" del condenado, cuya defensa había solicitado que se le revisara la sentencia por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' que rebaja las penas mínimas por agresión sexual, al concluir que por el principio de retroactividad de las leyes se le debe aplicar la legislación más beneficiosa.

Primeras pulseras de control para excarcelados

El Ministerio de Igualdad ya ha instalado dispositivos de seguimiento telemático a agresores sexuales excarcelados por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En una comparecencia institucional donde ha informado de los datos de violencia machista de 2022, Rosell ha avanzado que "los dispositivos que se han solicitado por orden judicial se encuentran todos instalados", aunque no ha querido detallar el número concreto "por la seguridad de las víctimas".

El pasado 17 de enero, Igualdad anunció que en diciembre dio instrucciones al centro encargado de gestionar las alertas, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial para atender en 24 horas a las mujeres que pidieran dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean recortada su pena de prisión en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Esta es una de las medidas que incluye la norma, donde se estipula la ampliación del uso de estos dispositivos no solo para víctimas de violencia de género -cuyos agresores son parejas o exparejas-, sino también para otros tipos de víctimas de violencia machista, siempre que sus agresores tengan penas de alejamiento pendientes y la instalación de la pulsera se haga por orden judicial.

Rosell ha expresado que medidas como esta pretenden "cerrar la brecha de protección que había entre una violencia y otra" y ha hecho hincapié en otros puntos de la ley que apuntan en esta dirección.

Es el caso de la disposición final cuarta, que modifica el artículo 36 del Código Penal para impedir el acceso del agresor al tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena y si no hay un informe acerca del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresión sexual.

"Este punto retrasa la puesta en libertad", ha subrayado Rosell, quien también apostilla que tras la excarcelaión de estos presos "siempre debería estar vigente una orden de alejamiento" de entre 1 y 10 años de duración posteriores a la pena de prisión.

La delegada del Gobierno ha reconocido que "estamos en un momento difícil de impacto de una nueva ley sobre un viejo sistema", lo que causa "desajuste", aunque se ha mostrado convencida de que las mujeres "saben que, pese a las voces que intentan borras los logros de esta ley, van a estar más seguras antes, durante y después del proceso".

"Más mujeres van a denunciar y en principio deberían producirse más condenas y más eficaces", ha aseverado Rosell, quien defiende que las víctimas "van a recibir más atención psicológica, jurídica, social, y más reparación, además de sufrir menos revictimización dentro del proceso".