El tribunal rechaza el recurso del PP

Un Constitucional dividido blinda el derecho al aborto al tumbar el recurso del PP tras trece años en el cajón

La norma jurídica ha sido respaldada por una mayoría de siete magistrados, los del bloque progresista, frente a cuatro, los del ala conservadora

Fachada del Tribunal Constitucional.

EUROPA PRESSFachada del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC)  ha avalado este martes de forma definitiva la ley del aborto de 2010, que blinda el derecho de "autodeterminación" de la mujer a interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, "de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo", como advierte textualmente.

Fuentes del tribunal de garantías han informado de que el Constitucional ha rechazado, por siete a cuatro, el recurso del PP contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que llevaba 13 años en el cajón.

Los cuatro magistrados conservadores, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han formulado un voto particular contra la sentencia, mientras que la magistrada María Luisa Balaguer ha anunciado un voto particular concurrente.

El resultado del Pleno ya se conocía desde febrero, una vez que entonces la corte de garantías rechazó la ponencia de Arnaldo y designó a la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, como nueva ponente para que procediera a elaborar una nueva resolución que desestimara el recurso de inconstitucionalidad del PP íntegramente.

La Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estableció el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

El recurso del PP consideraba inconstitucional la llamada "ley de plazos" de 2010 frente a la "ley de supuestos" de 1985, es decir, pretende ilegalizar el aborto salvo en los tres casos que recogía la norma de hace 38 años: supuesto de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto; y sin límite en el caso de peligro para la salud física y mental de la madre.

Pero el Tribunal considera que "el sistema de plazos es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad". Se tratan de "derechos constitucionales que exigen del legislativo el respeto y reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación".

La sentencia declara que "el sistema de plazos garantiza el deber estatal de protección de la vida prenatal" ya que existe "una limitación gradual de los derechos constitucionales de la mujer en función del avance de la gestación y el desarrollo fisiológico-vital del feto". Así como, continúa, en atención a "la posible aparición de circunstancias que implican una afectación extraordinaria de los derechos de la mujer", tales como un riesgo para su vida o salud o detección de graves anomalías en el feto.

El tribunal destaca, además, "la obligación de las Administraciones Públicas de asegurar la prestación de interrupción voluntaria del embarazo", un hecho que "deriva de ese deber positivo de velar por la efectividad de los derechos fundamentales". Y en este sentido subraya la "necesidad de interpretar cualquier limitación de los derechos de las mujeres, fundada en acontecimientos que sólo a ellas pueden afectar, del modo más favorable a la eficacia de tales derechos".

Lo previsible en estos casos es que la sentencia hubiera estado lista en el siguiente pleno de marzo, pero fuentes jurídicas explican que la ponencia ha requerido de más tiempo para poder estudiar la implicación de la reforma de la ley del aborto, aprobada el pasado febrero, en la norma de 2010.

Las fuentes consideran que el haber tenido 13 años en el cajón este recurso ha provocado una situación inédita, que el tribunal dicte una sentencia sobre una ley que, al mismo tiempo, acaba de ser reformada, de ahí que hubiera que analizar las implicaciones que eso tenía.

En cuanto a la objeción de conciencia, recuerda que "el derecho a la libertad ideológica no es suficiente, por sí mismo, para liberar a los ciudadanos del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales". Partiendo de esta idea declara que, en tanto que excepción, "la objeción de conciencia debe ser interpretada de manera restrictiva, y, en todo caso, su ejercicio debe compatibilizarse con el derecho de la mujer a acceder efectivamente a la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo". Y limita la objeción de conciencia al personal sanitario que practica directamente la intervención, no a otras actuaciones auxiliares, administrativas o de apoyo instrumental.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este martes la decisión del TC y ha reivindicado que el aborto "es un derecho gracias a la lucha feminista y a pesar del PP". "Los derechos feministas son la base de la democracia, pese a las resistencias de la derecha", ha señalado en un mensaje publicado en sus redes sociales y en el que, además, ha lamentado que los 'populares' "nunca retiraran el recurso" de inconstitucionalidad que presentaron ante el TC a lo largo de estos trece años.

También su 'número dos', la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha pronunciado sobre esta decisión sobre el derecho al aborto apuntando que, ahora, "toca aplicar la ley allí donde gobierna la derecha" y, en este sentido, se ha preguntado si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "¿va a garantizar que se pueda abortar en todos los hospitales públicos" de la región. "Hoy por fin se reconoce nuestro derecho constitucional a abortar 13 años después y con las derechas intentando tumbarlo como fuera", ha escrito Rodríguez también en sus redes sociales.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha trasladado la satisfacción del Ejecutivo por la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del aborto de 2010, que ha contrapuesto a quienes "solo tienen como única propuesta la de derogar o la de recurrir", en referencia al PP.

Zapatero: "Se acabó la hipocresía"

Zapatero, por su parte,  ha mostrado este martes su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional: "Podemos celebrar que la hipocresía se acabó para siempre".

En un vídeo remitido por el PSOE a los medios de comunicación, Zapatero asegura que la ley de plazos de 2010 respondió a "una necesidad histórica" y situó a España "en la normalidad europea" al consagrar un nuevo derecho y una nueva libertad individual para las mujeres.

El exlíder del PSOE reivindica el papel de su partido en la conquista de derechos civiles y libertades en las últimas décadas.

"Hoy podemos celebrar que las mujeres en este país tienen consagrado un nuevo y fundamental derecho; podemos celebrar que la hipocresía se acabó para siempre; y debemos celebrar que tenemos un momento histórico en el que los derechos de las mujeres, la igualdad de género, está avanzando como nunca", manifiesta en apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha afirmado que este es un día histórico y ha celebrado que España vuelve a ser un ejemplo de vanguardia en derechos y libertades "frente a los retrocesos de la derecha". Ha destacado que gracias a esta sentencia, "injerencias" como las pretendidas por el PP o Vox en Castilla y León "ya no serán posibles" y "ningún legislador podrá nunca restringir este derecho". A su juicio, la decisión del TC "blinda un gran consenso", que está "en el corazón de nuestra democracia y que nos definen como una sociedad libre e igualitaria".