Toda la oposición apoya la reprobación de Montoro excepto el PNV, que se abstiene
La reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, cuenta con 207 votos para salir adelante: los del PSOE (137), Unidos Podemos (71), Ciudadanos (32), ERC (9), PDeCat (8) y EH Bildu (2). La rechazarán los 137 votos del PP (más UPN y Foro) y la diputada de Coalición Canaria.
Aunque el debate de la iniciativa se ha celebrado este martes -en ausencia del protagonista, Cristóbal Montoro- que ha acudido al pleno del Senado- no se votará hasta el jueves. El PNV ha optado por la abstención por "coherencia" ya que la amnistía fiscal no fue aplicada en las haciendas forales. "En temas fiscales solemos mantener una actitud de no intentar interferir", ha dicho el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que ha insistido en que el PNV se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la amnistía fiscal pero que el País Vasco tiene un régimen fiscal diferenciado.
La moción, consecuencia de la interpelación que el PSOE dirigió la pasada semana al ministro Montoro, tiene un único punto que hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitución del pasado 8 de junio por el que declaró nulo el decreto ley de la regularización fiscal extraordinaria llevada a cabo en 2012, conocida como 'amnistía fiscal'. En el texto, se pide la reprobación de Montoro "por haber beneficiado a los defraudadores mediante la amnistía fiscal que contemplaba dicha norma, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable, actuando en contra de los principios de capacidad económica y justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles".
En la última sesión de control del Congreso, tanto el presidente Mariano Rajoy como el propio Montoro restaron trascendencia a la sentencia haciendo hincapié en que el Alto Tribunal sólo rechaza el instrumento empleado, el decreto ley, y destacando que el fallo no tiene efectos legales. "Y lo demás son juicios de valor", zanjó el jefe del Ejecutivo. Pero lo cierto es que aunque la fórmula del decreto fuera el pretexto para declarar la nulidad de la amnistía, la sentencia del Constitucional sí iba acompañada de una carga de profundidad de carácter político al acusar al Gobierno de haber hecho dejación de su deber de perseguir a quienes defraudan al Fisco, lo que equivale a consagrar de hecho el fraude.
Este martes, en la sesión de control del Senado, Montoro ha tenido que responder a otra pregunta del PSOE sobre si su intención de prohibir nuevas amnistías fiscales no supone un reconocimiento implícito de que la que se llevó a cabo en 2012 fue inconstitucional, injusta e ineficaz. "En todo caso 29.000 defraudadores que había en 2011 han pasado a estar identificados en la Agencia Tributaria y a pagar impuestos", se ha defendido el ministro, que ha vuelto a negar que hubiera habido una amnistía fiscal. Él prefiere llamarla Declaración Tributaria Especial. "Sería bueno para usted que antes de que se produzca su reprobación, pida perdón, publique la lista de los defraudadores y se vaya señor ministro", le ha dicho el senador socialista Juan María Álvarez, a lo que los ministros de Exteriores y Empleo, Alfonso Dastis y Fátima Báñez, han respondido en los pasillos apoyando a su colega del Gobierno y afirmando que “no merece una reprobación política, que es manifiestamente injusta".
Montoro, "colaborador necesario de los corruptos", según el PSOE
Durante el debate en el pleno del Congreso, el diputado del PSOE Julián López, ha criticado que "la única enseñanza" que ha sacado el ministro es que debía haber utilizado otro instrumento legal" diferente del Real Decreto y ha lamentado que no haya asumido responsabilidades políticas.
López ha reiterado que la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP Luis Bárcenas que ha sido "la bóveda" de la corrupción de este partido y ha recriminado que Montoro impulsara esta amnistía mientras "miles de personas tenían que pagar más por los medicamentos, subía el IVA, aumentaban los recortes en la Educación y freía a impuestos a los pensionistas emigrantes retornados". El portavoz ha concluido que Montoro ha sido "colaborador necesario" de los defraudadores y de los corruptos que, gracias a él, han podido ejecutar "negocios redondos".
Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos el diputado Alberto Garzón ha señalado que la amnistía fiscal es un tema de enorme gravedad que requiere responsabilidades políticas y ha insistido en que el Gobierno era consciente de la inconstitucionalidad de la medida. Ha puntualizado que el Ejecutivo había hecho una estimación de la recaudación de la amnistía por lo que sabía dónde estaban los defraudadores. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten ha señalado que no solo el Parlamento reprueba a Montoro sino que también lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional y ha criticado que el ministro haya premiado al defraudador y castigado al contribuyente cumplidor.
El diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha argumentado su voto a favor de la reprobación a Montoro porque la amnistía fiscal hizo que muchos contribuyentes no tributaran "ni un euro" y por los incumplimientos del Gobierno con iniciativas parlamentarias catalanas sobre la Estabilidad Presupuestaria "que nunca han cumplido". Desde ERC la diputada Ester Capella ha criticado la falta de explicaciones de Montoro a la ciudadanía y ha dicho que la amnistía ha blanqueado el dinero que provenía de conductas ilícitas; el diputado de Compromís Ignasi Candela ha advertido al Gobierno de que "se cuide" de utilizar la amnistía como justificación para evitar el rescate ya que están "insultando a la gente honrada de este país".
Montoro, segundo ministro reprobado y quizá no el último
Montoro se convierte en el segundo ministro de Rajoy reprobado, después del titular de Justicia. La reprobación de Rafael Catalá se produjo el pasado mes de mayo por las “injerencias políticas en los casos de corrupción”. La iniciativa parlamentaria vino precedida de un intenso debate sobre el papel desempeñado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el exfiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, y el propio ministro en la Operación Lezo, después de que trascendieran las relaciones de Catalá y Moix con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, actualmente en prisión. Maza y su subordinado también fueron reprobados y finalmente Moix dimitió.
La reprobación no tiene ningún efecto práctico ya que el Gobierno no está obligado a cesar al ministro reprobado, pero es innegable el desgaste político que conlleva. Entre los escasos precedentes recientes figura la reprobación del extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz, en octubre de 2016 cuando estaba como ministro en funciones por el caso de las escuchas en su despacho que apuntaban a un presunto uso de los medios del ministerio para la persecución de rivales políticos. Pero entonces la reprobación, a diferencia de la planteada hoy, se materializó en comisión y no en el pleno de la Cámara.
La oposición parece ahora decidida a utilizar todas las herramientas parlamentarias que antes frenaba la mayoría absoluta del PP y que ahora, sin embargo, tienen la posibilidad de salir adelante. Por eso, no se descarta que después de Catalá y Montoro le toque el turno al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a quien ERC tiene ganas por la limitación de plazas de Mossos d’Esquadra a pesar de la situación de alerta. Además, su número dos, José Antonio Nieto, también ha sido reprobado por haberse reunido con Pablo González, hermano de Ignacio, presumiblemente para hablar de una investigación abierta que les afectaba y que condujo a su detención.
