La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha dirigido a los accionistas de Ferrovial, como si fueran militantes o votantes de Podemos, para pedirles que frenen el traslado de la sede de la compañía a los Países Bajos. Y los accionistas han respondido a Díaz aplaudiendo a Rafael del Pino y provocando, gracias a los insultos de Sánchez, una subida en Bolsa de Ferrovial del 5%.
Paralelamente, la vicepresidenta Nadia Calviño ha declarado (se lo habrá dicho ‘un pajarito’) que los empresarios españoles están ‘encantados’ (sic) con el Gobierno de Pedro Sánchez. El que a su vez, y en los últimos días, le está implorando al PP que le ayude a salvar la reforma de la Ley Montero que, aprobada por Sánchez en el Consejo de Ministros, superó el número de 750 delincuentes sexuales que se beneficiaron de la entrada en vigor de la chapucera Ley.
Y todo ello mientras el escándalo del diputado socialista, conocido como el ‘Tito Berni’, está causando estragos entre los militantes y votantes del PSOE en beneficio del PP, cuando las feministas socialistas están en pie de guerra contra las feministas de Podemos.
Lo que anuncia la escenificación de la ruptura del Gobierno el próximo día 7 durante la votación de la reforma de la Ley Montero, si es que la apoya el PP de Feijóo, que debe exigir a Sánchez el cese previo de la ministra Montero, porque Sánchez siempre ‘paga’ los apoyos parlamentarios de los partidos que le apoyan en el Congreso.
Y cuando estamos a la espera de las manifestaciones enfrentadas de las feministas de la izquierda del 8 de marzo, y posteriormente de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez con el viejo ‘tanque Leopard’ de la Transición que es Ramón Tamames como el candidato a la presidencia del Gobierno.
¿Quién da más? El espectáculo de la política española está desbordando la capacidad de asombro de los españoles y los medios de comunicación no dan abasto ni tienen sitios en sus portadas para tantos titulares. Con la sola excepción del diario El País que sigue humillándose ante Sánchez y se ha lanzado a una feroz campaña contra Ferrovial. Negando el derecho del ‘libre establecimiento’ que rige en la Unión Europea para todas las empresas de la UE, e incluso el de libre empresa que se garantiza en la legislación española.
La consecuencia de todo ello anuncia un claro triunfo del PP en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, que se convertirían en antesala de la derrota general del PSOE en las elecciones generales de diciembre.
Así lo revela la cara de espanto del portavoz del PSOE en el Congreso Patxi Lopez y el estupor que se aprecia entre los ministros del Gobierno, entre los que se ve ofuscado y asustado al titular de Presidencia, Bolaños, que es el que redacta las ‘consignas papagayo’ que repiten sin entusiasmo algunos de sus compañeros socialistas del Gobierno roto de Sánchez.
Y mientras, en la Comisión Europea se está siguiendo con preocupación el caso de Ferrovial, que se suma a los ataques personales de Sánchez a los líderes de grandes empresas españolas como lo son Iberdrola, Santander, Inditex y Mercadona a los que señaló para enarbolar el discurso del los pobres contra los ricos en aras de un ‘patriotismo’ que no existe entre los socios de Gobierno de UP ni en sus aliados de Bildu, ERC, PNV y JxC.
Y así entramos en una próxima semana decisiva en la que el martes 7 se va a debatir y votar la reforma de la Ley Montero, a lo que se opondrá UP y que depende del PP de Feijóo. Y a lo que seguirán el miércoles 8 las que serán las manifestaciones feministas enfrentadas de la izquierda, camino de la moción de censura de Tamames y de la pendiente crisis del Gobierno con la que Sánchez debe liberar a las ministras Darías y Maroto para que puedan dedicarse a sus campañas electorales de Canarias y Madrid.
Una crisis que podría ser más amplia si en ella se incluyen como se debiera los ceses de las ministras Montero y Belarra (lo que sería un alivio electoral para el PSOE) en caso de que UP vote en el Congreso contra la reforma de la Ley del ‘sí es sí’. Es decir contra Sánchez y rompiendo así el Gobierno de coalición.
Un cese de Montero que debe exigir Feijóo antes de apoyar la reforma de la citada Ley y no acabar convertido en cómplice’ gratuito de Sánchez y en el salvador del Gobierno de coalición, lo que sin duda aprovecharía Vox.