El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio tras haber anunciado que pondrá en marcha "medidas e instrumentos" para atajar el incremento de este tipo de delincuencia. La reunión fue convocada tras la denuncia de un joven de una violenta agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña pero se mantiene después de que el denunciante haya confesado que la inventó. "Esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad. La realidad que sufren, por desgracia, personas de distintas orientaciones sexuales", ha argumentado Sánchez.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya dimisión han pedido el PP, Vox y Ciudadanos por la gestión de este caso y que también participará en la reunión, ha recordado que más allá de una situación concreta, la realidad es que los delitos de odio han aumentado un 10 % en un año.
El Ejecutivo lamenta que lo ocurrido sirva para restar importancia a un problema real y creciente e insiste en que determinados discursos políticos generan el "caldo de cultivo" para que se cometan delitos de odio.
El caso es que la tormenta política persiste. En ese sentido, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado este viernes que su partido fomente el odio contra homosexuales o inmigrantes y cree que así se apunta desde "la dictadura de la corrección política" de la izquierda, ha dicho, que le intenta "enfrentar con grupos de población" y a la que "detesta".
Además, Abascal ha acusado a Marlaska de "manipular" y de ser "un mentiroso compulsivo", porque hace del "señalamiento a Vox" una "práctica institucionalizada", aunque luego lo niegue.
"El Gobierno nos tiene enredados en debates sobre falsas agresiones, sobre culpabilización de Vox", según Abascal, porque "no quiere que se hable" de que los españoles "tienen verdaderas dificultades para pagar la factura de la luz".
La reunión de este viernes servirá para analizar los resultados del plan de acción contra los delitos de odio 2019-2021 y para marcar los ejes en torno a los que pivotará el segundo plan de acción para el trienio 2022-2024, han indicado fuentes de Interior.
Participarán en ella altos cargos del Ministerio, de la Policía y de la Guardia Civil, pero también la directora general de Diversidad Sexual y LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti García; el fiscal de Sala de Delitos de Odio, Fernando Rodríguez; directora del Observatorio Español Contra el Racismo y la Xenofobia, Karoline Fernández, o Ana Blanco, del Observatorio para la Libertad Religiosa.
También el secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares; Esteban Ibarra, en representación del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; Uge San Gil, por la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales; Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y Rufino Tirado, de LGTBIpol, Agentes de la Autoridad por la diversidad.
La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, creada en 2018 con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, actúa como observatorio sobre el fenómeno, recabando información y originando análisis estratégico para la adopción de nuevas iniciativas que atajen este problema.
