Sánchez decreta el estado de alarma en todo el país durante 15 días: 'Este virus lo pararemos unidos'

El Gobierno decretará este sábado el estado de alarma en toda España y durante quince días para contener la pandemia de coronavirus. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en la que ha explicado que este sábado celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar oficialmente esta medida excepcional, que solo se ha acordado dos veces en democracia y de la que ya ha informado al rey y al Congreso.

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Sánchez ha alertado de que "estamos solo en la primera fase" del combate al coronavirus y "no cabe descartar" que en la próxima semana los casos de contagio superen los 10.000. "Nos esperan semanas muy duras", ha dicho el presidente en su declaración institucional, en la que ha recordado que todos "tenemos, por supuesto, un deber personal", el de "seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos" y colaborar para vencer este virus que ya ha provocado la muerte de 120 personas en España

"Este virus lo pararemos unidos", ha asegurado el presidente del Gobierno. "Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus", ha insistido Sánchez y ha invocado desde el Palacio de la Moncloa la "unidad", "responsabilidad" la "disciplina social" que permitirán acabar con esta amenaza. Ha apuntado, igualmente, que esta "emergencia" se superará siguiendo el "consejo de la ciencia" y "apoyándonos en todos los recursos del Estado". También "es seguro", ha añadido, que "lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber.

El presidente ha dirigido un llamamiento a los jóvenes quienes, por su baja exposición a desarrollar síntomas graves si resultan contagiados son menos conscientes de la necesidad de mantener medidas de control para evitar propagar el virus. "La colaboración de los jóvenes es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social", les ha dicho. "El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa, en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía", ha dicho Sánchez.

La declaración del estado de alarma es una de las vías constitucionales que puede usar el Gobierno con carácter extraordinario ante las consecuencias de pandemias como la del coronavirus para limitar movimientos de personas e intervenir "locales de cualquier naturaleza" como pueden ser los hospitales privados. La posibilidad de decretar ese estado había sido planteada en diversos ámbitos en los últimos días ante la evolución del COVID-19 y es una opción que podría facilitar el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas previstas para el próximo 5 de abril.

Los estados de alarma, excepción y de sitio están previstos por el artículo 116 de la Constitución y desarrollados por la ley 4/1981 de 1 de junio. Los tres estado son graduales y el más leve es el de alarma. Los más graves son los de excepción y de sitio. El de alarma es "para situaciones extraordinarias que hicieran imposible el mantenimiento de la vida normal de las personas" y está previsto para cuatro supuestos, sin afectar en ninguno de ellos a los derechos fundamentales como la libertad de expresión o de prensa, o la libertad de manifestación. Estas son las situaciones en las que la ley prevé que se aplique:

-Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

-Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

-Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.

-Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

En cuanto a los estados de excepción y de sitio, el primero se adopta cuando "el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas (...) o cualquier otro aspecto del orden público, resulten gravemente alterados", según la ley. Un ejemplo claro de este tipo de situaciones sería un golpe de Estado, como la intentona que tuvo lugar en 1981, aunque finalmente no llegó a materializarse. El de sitio puede aplicarse "cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional...", dice la norma.

En el estado de alarma la severidad no llega tan lejos aunque se puede limitar que las personas permanezcan en la calle o en determinados lugares a ciertas horas, autorizar las requisas de bienes, limitar el consumo de productos de primera necesidad o impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados. Son medidas que las autoridades sanitarias han estado pidiendo que sean adoptadas apelando a la responsabilidad ciudadana. Con la declaración del estado de alarma, serían una obligación y no una simple petición.

Además, se podría forzar el uso de las instalaciones en hospitales privados para aliviar la sobrecarga que está sufriendo la red pública. El artículo 11 de la ley prevé que se podrán "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados". No es preciso que abarque todo el territorio español, menciona, sino que pueden aplicarse a zonas concretas. En el caso de la epidemia del COVID-19, podría circunscribirse a las áreas donde hay focos de contagios. Por este tipo de declaración, todas las autoridades civiles y de seguridad del territorio afectado quedan a las órdenes directas del Ejecutivo o de la autoridad que sea competente

El estado de alarma se promulga el Gobierno a través de un decreto autorizado en el Consejo de Ministros. Entra en vigor a partir de su publicación en el BOE y puede tener una duración máxima de 15 días. En ese decreto se debe especificar el territorio en el que se aplicará, su duración, y efectos. En esta primera etapa no requiere la intervención del Congreso de los Diputados, cuyas sesiones están suspendidas por la emergencia sanitaria. El Ejecutivo solo está obligado a comunicarlo a la cámara baja y suministrarle toda la información que le requiera. Los diputados sí tendrían que intervenir en el caso de que se prorrogara el estado, según el artículo sexto de la ley: "Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga".

El único antecedente en España es la crisis de los controladores, cuando solo había en juego un riesgo para el tráfico aéreo, y el Tribunal Constitucional encontró justificada la alarma. Ahora hay un componente de peligro sanitario.

"El Tribunal Constitucional no concedió el amparo a los controladores, dijo que la medida era perfectamente adecuada para el estado de alarma", comenta la catedrática. "Ahora estamos en otro supuesto, una alteración que conlleva una crisis sanitaria, no solo para los afectados por la enfermedad, sino para toda la ciudadanía".

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