Tres ministras del Gobierno, Robles, Belarra y Llop, cargan contra el fallo del Constitucional sobre el estado de alarma
Hasta tres ministras del Gobierno de Pedro Sánchez -Margarita Robles, Ione Belarra y Pilar Llop- han atacado y criticado en las últimas horas al Tribunal Constitucional tras conocerse el fallo en el que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Ejecutivo en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus. Pese a este varapalo judicial, Moncloa defiende la legalidad de la medida, que insiste, según sus cálculos, salvó 450.000 vidas. Ante estas críticas por parte de miembros del Gobierno, el PP y Cs han respaldado este jueves al Tribunal Constitucional ante lo que consideran un inaudito ataque a la separación de poderes.
La primera reacción del Ejecutivo a la resolución fue la de mostrar su "sorpresa", aunque expresó al mismo tiempo su respeto a la misma, y la recién estrenada ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestó que el estado de alarma se ajustó a la legalidad constitucional y defendió la actuación del Gobierno para salvar vidas, algo que también han defendido este jueves la titular de Defensa, Margarita Robles, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aunque con un tono más crítico.
En declaraciones a la Cadena SER, Robles ha lamentado que el TC entre en "elucubraciones doctrinales" en la sentencia en la que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus. Según Robles, el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento" de la población y "actuó con arreglo a la legislación". "Los debates y elucubraciones doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían plasmarse en las sentencias", ha dicho al indicar que los constitucionalistas llevan tiempo escribiendo artículos sobre esta cuestión y "muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social".
"Me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate" y que "durante unos meses haya estado con filtraciones de los debates internos que tenía sobre esta materia", ha manifestado, añadiendo que no comparte, aunque respeta, que este órgano judicial haya "sembrado estas dudas" sobre el estado de alarma ahora, más de un año después de que se declarase por primera vez esta medida.
Robles ha asegurado que tiene "el máximo respecto" a este tribunal y a los jueces que lo componen, con algunos de los cuales incluso tiene una relación de amistad, según ha dicho. Sin embargo, considera que deberían "tener un sentido de Estado y saber cuál es la realidad", y ha recordado que, en el auto emitido el 30 de abril de 2020, el propio tribunal concluía que "el confinamiento era la única medida adecuada" para frenar la propagación del virus.
"Dijo que la única forma de salvar vidas era un confinamiento o una limitación extrema de los contactos entre las personas, e incluso decía que el legislador, en el año 81, no había podido de ninguna manera prever las circunstancias que dieron lugar al estado de alarma", ha destacado.
En cuanto a la declaración del estado de alarma, Robles ha señalado que el TC "en ningún momento cuestionó su constitucionalidad". Al contrario, cree puso en valor esa medida al precisar que no se trataba de afrontar una alteración del orden público, sino de "un tema sanitario". Por tanto, se ha mostrado "muy orgullosa" de su actuación y de la de todo el Gobierno al imponer el estado de alarma y el confinamiento para atajar la pandemia y ha agradecido también la "solidaridad y generosidad" que mostraron todos los españoles en esa situación.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha opinado este jueves tras el fallo del TC que España tiene "un problema serio con la Justicia", que está haciendo "oposición al Gobierno". "El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia; hicimos lo que había que hacer", explica Belarra en su cuenta de Twitter, en la que lamenta que "en España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces". "Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial", añade la ministra de Derechos Sociales.
El estado de alarma salvó cientos de miles vidas durante los momentos más duros de la pandemia. Hicimos lo que había que hacer. En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces. Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial.
— Ione Belarra (@ionebelarra) July 14, 2021
En declaraciones en Las cosas claras de TVE, Belarra ha añadido: "Tenemos un problema muy serio con la Justicia en España, porque son los jueces quienes están haciendo la oposición" y ha insistido en la urgencia de renovar los órganos judiciales para tener "una justicia independiente". "Creo que es incomprensible y la gente de nuestro país no entiende" el fallo del TC, que estima que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma, y ha asegurado que lo respeta pero no comparte "para nada".
PP y Cs censuran las críticas al TC
Tras las criticas del Gobierno, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que es "preocupante" que el Gobierno ponga en duda el fallo y ha urgido a Sánchez, a aprobar una Ley de Pandemias que permita luchar contra el coronavirus de forma "eficaz". A su entender, el Gobierno "uso la pandemia para ampliar su poder". "No podemos esperar más. Hace falta un marco legal y una ley orgánica que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes. Y la sentencia del Constitucional ratifica nuestra posición, el marco legal que se utilizó en los peores momentos no fue el adecuado", ha enfatizado.
Ante las declaraciones de Robles, Casado ha afirmado que es "muy preocupante que el Gobierno de España ponga en duda las sentencias del Constitucional como ha puesto en duda las sentencias del Tribunal Supremo" sobre los indultos a los condenados por el 'procés'. "Esto no se había visto nunca", ha exclamado. Tras asegurar que el fallo del TC es "muy claro" porque "se podían tomar medidas" pero "en el marco constitucional", ha tirado de hemeroteca para recordar que el PP ya dijo en el Parlamento que con su decreto de alarma "desbordaba claramente el marco constitucional y era un estado de excepción encubierto".
A raíz de esa sentencia del TC, Casado ha afirmado que se ve ratificado que el Gobierno "uso la pandemia para ampliar su poder", algo que, a su juicio, es de una "gravedad tremenda". "Por lo menos debería mostrar cierto respeto el Gobierno para deshacer lo que se ha hecho y respetar lo que dicen los jueces", ha enfatizado. El jefe de la oposición ha indicado que quería ser "positivo" y ha emplazado al Ejecutivo a sentarse con el PP para aprobar "en quince días" una reforma de la Ley 3/1986 de medidas especiales de Salud Pública para tener un marco legal con el que "enfrentarse a la quinta ola".
En la misma línea, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha apoyado el fallo del Constitucional porque aboga por una vía más garantista que es el estado de excepción, ante la necesidad de reducir la movilidad por una pandemia. En declaraciones a Onda Cero, Bal ha señalado, no obstante, que su formación votó a favor de todas las prórrogas del estado de alarma porque no tenía lógica la movilidad ante un momento en el que no había epis, ni mascarillas y las ucis estaban saturadas.
Bal ha incidido en que aunque votaron a favor de todas las prórrogas Ciudadanos pidió al Gobierno en reiteradas ocasiones que aprobara una reforma de la ley orgánica de 1981 que regula los estados de alarma y excepción para ajustarla a la situación de una pandemia, ya que ni el estado de alarma ni el estado de excepción eran los adecuados. "Pero el Gobierno se negaba con tal de no enfadar a sus socios separatistas y nacionalistas", ha puntualizado tras señalar que cambiar la ley daría más poder al Estado y menos a las comunidades autónomas.
Bal ha recordado que el Constitucional no niega la necesidad de un estado de alarma sino que se decanta por un instrumento que da más garantías, como es el estado de excepción, lo que ha considerado que deja clara la seguridad jurídica frente a futuras situaciones similares.
El Gobierno, a Casado: "Hay que estar a la altura"
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves tras el homenaje de Estado a las víctimas del COVID que hoy es un día en el que desde la política se debe estar "a la altura del país", y "al lado de las víctimas". Por ello, ha rechazado comentar el varapalo del Constitucional y la petición de una ley de pandemias que el líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a plantear este jueves.
"Creo que desde la política hay que estar a la altura del país, y para estar a la altura del país, hoy hay que estar al lado de las víctimas", ha afirmado la portavoz en declaraciones a los medios de comunicación, respondiendo en concreto a ese emplazamiento que, tras el homenaje, el líder del PP ha vuelto a hacer públicamente al Gobierno, para sentarse ya a abordar su propuesta.
Rodríguez no ha querido comentar de este modo las críticas y sugerencias de Casado, ni tampoco el fallo emitido por el TC este miércoles. Me van a permitir, por el día que es y lo que simboliza, que ningún debate jurídico, por importante que sea, emborrone un acto muy emotivo y el recuerdo a nuestras víctimas", ha respondido, al ser preguntada sobre qué pasos dará ahora el Gobierno tras esa sentencia.
Asimismo, Rodríguez, como nueva portavoz, ha querido aprovechar su breve encuentro con los periodistas tras el acto para trasladar también el reconocimiento del Gobierno al "servicio esencial" que prestaron los medios de comunicación, transmitiendo "informaciones duras en los momentos más duros" de la pandemia. En este sentido, ha ensalzado la labor de "utilidad pública" de los medios, como "pilar esencial para afrontar esta crisis sanitaria".
