Ribera precisa que bares y comercios pueden limitar el uso del aire acondicionado a unos "25 grados"

Aclara que los 27 grados se aplicarán con flexibilidad y que una discoteca necesita una temperatura distinta a una librería

Teresa Ribera

EFETeresa Ribera

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.

En este sentido, ha aclarado que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

"No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", ha asegurado Ribera en declaraciones a Onda Cero.

Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.

Ribera ha señalado que este primer paquete de medidas está pensado para edificios de uso público "con flexibilidades" según el tipo de actividad económica y el trabajo que se desempeñe.

Así, ha distinguido los trabajos sendentarios --trabajar en una oficina-- de los trabajos activos --la actividad en un restaurante--. "El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda", ha aclarado la ministra sobre la variación del termostato inicial.

Asegura que ha habido "diálogo previo" con las CCAA

Ribera ha asegurado en otra entrevista que ha habido "diálogo previo" con las comunidades autónomas antes de la aprobación de las medidas de ahorro energético. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recordado que el jueves anterior a su aprobación en el Consejo de Ministros se celebraron las conferencias sectoriales de energía y medioambiente, en la que dice haber trasladado el impulso de este paquete de "medidas inmediatas" y la construcción de un plan de contingencia previsto para septiembre, y en el que se ha pedido a las comunidades que presenten propuestas.

"Tuvimos una conversación enormemente constructiva, positiva, había un consenso muy alto sobre la necesidad de adoptar medidas que tuvieran el menor impacto posible en el tejido productivo", ha subrayado, si bien se ha mostrado predispuesta a activar todas las vías de diálogo ante la petición de algunas administraciones autonómicas.

Así, ha lamentado que estos últimos días se haya "cambiado el foco deliberadamente", subrayando cómo incumplir la normativa y evitar una sanción y no canalizar el objetivo de ahorro.

Ha insistido en que las medidas de ahorro energéticas acordadas este lunes en el último Consejo de Ministros son "de aplicación fácil" y buscan que las familias y las empresas tengan que hacer un mínimo esfuerzo.

No habrá prohibiciones en las casas

La ministra ha descartado que el plan de contingencia contemple restricciones o prohibiciones dentro de las casas, si bien sí propondrán recomendaciones "muy conocidas y muy clásicas" relativas a los termostatos, las ventanas, los toldos y los electrodomésticos.

Así, ha insistido en que el plan de contingencia previsto para septiembre busca "no dañar la necesidad ni el confort" de familias y tejido productivo.

Ha prometido que compartirán el borrador "tan pronto" lo tengan con todas las administraciones, los grupos parlamentarios y los principales sectores sociales y económicos.

La ministra ha cerrado la puerta a seguir las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que pide que sean los consumidores quienes soporten todo el incremento de los costes de energía.

Ha considerado que, ante la capacidad fiscal española, la actuación del Gobierno es más adecuada, puesto que seguir las recomendaciones del FMI "requiere una gran dotación de recursos para las familias más necesitadas", para quienes ha considerado que tendría un impacto redistributivo muy duro.

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