Radiografía del aborto en España con y sin permiso paterno para las menores de 16 y 17 años

El Gobierno recupera el aborto sin consentimiento de los padres a partir de los 16 años, una medida que ya contemplaba la ley de plazos de 2010 y que eliminó el PP en 2015. La tendencia de abortos en España ha sido descendente desde 2011, con una media anual de 100.000 mujeres que han interrumpido el embarazo. La OMS avisa: las tasas de abortos son más elevadas en los países con leyes más restrictivas.

Manifestación en Madrid a favor del aborto

Europa PressManifestación en Madrid a favor del aborto

Los menores de 16 años en España pueden tener relaciones sexuales, casarse, trabajar, decidir por sí solos si pueden aceptar un procedimiento médico, hacer testamentos e incluso poseer armas. Sin embargo, no pueden votar, comprar alcohol o entrar a una corrida de toros o a un casino sin el consentimiento de sus padres o tutores. Ahora, también, concretamente las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin la necesidad de contar con el permiso de sus padres. Un derecho que las mujeres de estas edades volverán a ejercer, después de que esta semana el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la la ley del aborto, uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que entre otras medidas permite la interrupción del embarazo sin la autorización de los progenitores.

No obstante, el fin del consentimiento paterno es uno de los puntos más controvertidos de la futura ley y que más debate social ha abierto en los últimos días, topándose asimismo con un rotundo rechazo por parte de formaciones políticas de derechas (PP, Ciudadanos, Vox), la Iglesia Católica y juristas.

La libertad de decisión para abortar entre las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento paterno, una medida que está contemplada en las legislaciones de la mayoría de los países de nuestro entorno, ya estuvo incluida en la anterior ley de plazos que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, la ley se encontró con el fuerte rechazo de la Iglesia Católica y del PP, especialmente en lo relativo a la cuestión del consentimiento paterno. El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una reforma puntual sobre las adolescentes de 16 y 17 años para recuperar el consentimiento paterno.

Esta medida fue finalmente la única reforma que incorporó el Ejecutivo popular tras el fracaso del duro anteproyecto que había redactado el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El miedo del PP a que la presión social le pasara factura en las urnas, terminó por tumbar una reforma que pretendía volver al modelo de la ley de 1985, en las que las mujeres tenían que alegar los motivos para justificar su decisión, y en la que quedaba eliminado el supuesto de malformación del feto. Aquel fiasco acabó con la dimisión de Gallardón y con su carrera política.

Qué dicen las cifras

Así las cosas, la nueva normativa devuelve el derecho a interrumpir el embarazo sin permiso paterno a partir de los 16 años. Pero, ¿hay diferencia en los datos si se comprar el momento en que ha estado en vigor esta medida (2011-2015) y cuando no lo ha estado (2015-22)? ¿Disminuyen los abortos en este grupo etario cuando hay que pedir autorización de los padres? ¿Aboca a las jóvenes a recurrir al aborto clandestino y sin garantías jurídicas ni sanitarias?

Pese a que el Ministerio de Sanidad no desglosa específicamente en el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo la evolución de los abortos entre adolescentes de 16 y 17 años, sí lo hace entre las jóvenes de 19 años o menos, evidenciando que entre los años 2011 y 2015, periodo en el que está vigente la ley de plazos que reconocía la libertad de abortar sin consentimiento paterno, la tasa de interrupciones por cada 1.000 mujeres descendió de manera significativa, pasando del 13,68% en 2011 al 9,38% en 2015. Por contra, se aprecia un incremento porcentual desde que entró en vigor la obligación de pedir autorización a los progenitores: del 8,97% en 2016 al 9,19% en 2019.

Las menores de 19 años eran el tercer grupo etario con mayor tasa de abortos (13,68%) hasta que entró en vigor la ley de plazos en 2010. Sin embargo, diez años después es el segundo grupo con una menor tasa de interrupciones del embarazo, con 7,41 abortos por cada 1.000 jóvenes, lejos de la media en España (10,33%) y únicamente superado por el grupo de mujeres de 40 o más años (3,97%) en el año 2020, último año en el que Sanidad ha publicado cifras.

Sobre la eliminación de la exigencia del consentimiento paterno para las menores, la ministra de Igualdad, Irene Montero, sostiene que la gran mayoría de las jóvenes confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den el paso de interrumpir voluntariamente el embarazo, aunque remarca que “la decisión será suya”. "Devolvemos a las mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad, la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos", defendió la titular de Igualdad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes.

Actualmente, con cifras de 2020, el grupo de mujeres que más interrumpe el embarazo es el de 20 a 24 años (15,81 por cada 1.000 mujeres de esta edad), seguido del de 25 a 29 años (15,39%) y de 30 a 34 años (13,43%). Después se encuentran las de 35 a 39 (9,60%), las ya citadas anteriormente de 19 o menos años (7,41%) y las de 40 o más (3,97%)

Tendencia descendente de abortos

La cifra de abortos practicados en España ha tocado mínimos en la última década en el año 2020 -probablemente debido al estallido de la pandemia del coronavirus- con más de 88.000 mujeres de 15 a 44 años que abortaron y una tasa del 10,33%, lo que supone un descenso de casi 11.000 casos respecto al año anterior.

Desde que entró en vigor la ley de plazos en 2010, unas 100.000 mujeres de media al año han interrumpido el embarazo (11 abortos por cada 1.000 mujeres), aunque este promedio se ha quedado por debajo de ese umbral desde 2013, año en el que se registraron más de 108.000 abortos. Al año siguiente, en 2014, el número de abortos ya se quedó lejos de los 100.000 con más de 94.000 interrupciones del embarazo.

La tendencia de abortos en España ha sido descendente desde 2011. De ese primer año completo en el que estuvo vigente la ley de plazos, se alcanzó la cifra récord de 118.611 abortos, pasando a los 88.269 registrados en 2020, lo que supone una considerable caída de más de 30.000 casos y un descenso del 2,14% respecto a hace casi una década.

El Gobierno blinda el aborto en la sanidad pública

La otra gran novedad de la reforma, junto a la eliminación del permiso paterno, es que blinda el derecho a ejercer el aborto en la Sanidad Pública y en el hospital más cercano. “La red pública será la red de referencia”, afirmó Irene Montero tras la aprobación del anteproyecto de la ley del aborto. Así las cosas, la nueva norma, cuyas medidas están cifradas en 104 millones de euros, pretenden acabar con la distancia y los largos desplazamientos, a cientos de kilómetros, que cada año realizan muchas mujeres en España para poder abortar.

La realidad es que, a día de hoy, las mujeres que abortan en la Sanidad Pública son la excepción. En los hospitales y centros sanitarios públicos tan solo se efectúan el 15% de los abortos, frente al 85,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo (unas 74.000 al año) que se practican en clínicas privadas.

La diferencia entre centros públicos y privados se ha reducido en los últimos años y lejos quedan las cifras de 2011, cuando apenas un 2,89% de los abortos se llevaban a cabo en centros públicos, frente al 96,6% de los que se practicaban en instalaciones privadas.

Por ello, para acabar con estas diferencias abismales en una apuesta firme por el derecho al aborto en la Sanidad Pública, la nueva ley impulsada por el Ejecutivo contempla la creación de un registro de médicos objetores para poder organizar los servicios de los centros y garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos, similar al diseñado para la eutanasia.

Según el último informe de Sanidad sobre el aborto publicado en 2020, varias comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia, en las que los centros públicos no registraron ninguna interrupción voluntaria del embarazo, frente a otras como Cataluña, que se sitúa como la primera región de España con mayor número de centros públicos que han registrado abortos, con 61.

La tasa de abortos por cada 1.000 mujeres la lidera también Cataluña con el 13,44%, seguida por Asturias (12%), las Islas Baleares (11,87%), Murcia (11,25%) y Madrid (10,94%), aunque estas dos últimas regiones tienen registrados el 100% de los abortos en centros privados.

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