Los grupos parlamentarios del PP, Vox y Ciudadanos han registrado diferentes iniciativas parlamentarias para que el Ministerio del Interior explique lo que ellos consideran un posible "trato de favor" a presos de la banda terrorista ETA por parte de Instituciones Penitenciarias.
Los tres grupos han reaccionado de este modo al informe remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional dentro de la investigación abierta por una querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia en 2018 por los homenajes a presos de ETA.
En el marco de esa investigación se detuvo a Antonio López Ruiz, Kubati, exjefe de ETA y actual dirigente de Sortu por su implicación en esos homenajes y se requisó su teléfono, cuyo análisis se reproduce en el informe de la Guardia Civil avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE.
En dicho informe se transcriben conversaciones con abogados de los presos o de Sare, como el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, con alusiones a gestiones ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, para interesarse por posibles traslados de presos o por la situación de internos enfermos.
De ese informe, el PP infiere que "Interior ha establecido un procedimiento sistemático de trato de favor a presos etarras con el fin de lograr su excarcelación a cambio de intereses políticos". Por ello, han pedido la comparecencia de Marlaska y de Ortiz, así como una comisión de investigación y su presidente, Pablo Casado, ha pedido este jueves la dimisión del ministro en un mitin electoral.
También Vox y Ciudadanos han solicitado que comparezcan en sede parlamentaria el ministro y el responsable de Prisiones para dar explicaciones sobre estas gestiones.
Desde Instituciones Penitenciarias explican a Efe que Ortiz se ha reunido con el exconsejero Azkarraga como con otros asociaciones o familiares de presos condenados por todo tipo de delitos sin que estas visitas supongan el incumplimiento de la ley ni acarrean beneficios penitenciarios a reclusos.
Es más, recuerdan que es la autoridad judicial quien otorga la libertad condicional de un recluso o quien puede revocar otras decisiones adoptadas por la Junta de Tratamiento de una cárcel como una progresión de grado en caso de ser recurrida.
A la polémica también se ha sumado Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, con un comunicado en el que tilda de "escándalo" y "desvergüenza" cualquier trato de favor hacia determinados condenados por actos violentos y reclama a Interior una aclaración urgente al informe del instituto armado que detecta que presos etarras "hacen gala" de conocer por anticipado los planes penitenciarios tanto del Gobierno Vasco como del Ejecutivo central.
