El Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA a País Vasco y Navarra, poniendo fin cinco años después a la dispersión de etarras por cárceles de España, una vez que este viernes ha autorizado el traslado de Irantzu Gallastegi Sodupe, 'Amaia', y otros cuatro etarras. Una culminación de los traslados que dará paso a la "campaña para que salgan libres", como ha advertido este viernes la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y ya anunciaron en enero los colectivos de apoyo a los presos de ETA. El final de la dispersión ha sido aplaudido por los partidos nacionalistas y Podemos y criticado por el PP.
Fue en los conocidos como años de plomo cuando el Gobierno de Felipe González, con el acuerdo de las fuerzas mayoritarias, inició una política de dispersión de los presos de ETA a la que este viernes se ha puesto fin tras más de tres décadas en vigor, en las que todos los gobiernos han ido acercándoles a cárceles vascas y navarras, donde ya se encuentran todos los que aún cumplen condena.
Según ha informado Instituciones Penitenciarias, entre los acercamientos aprobados para ir a cárceles del País Vasco figura Irantzu Gallastegi Sodupe, alias 'Amaia', pareja de Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', uno de los exdirigentes de ETA con mayor número de crímenes. Los dos cumplen condena por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, entre otros atentados.
Los otros cuatro etarras para los que se ha aprobado el acercamiento son Gregorio Escudero Balerdi, Asier Borrero Toribio, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea y Faustino Marcos Álvarez.
De esta forma, Natividad Jáuregui, 'Pepona' o 'Jaione', es la única etarra de los 176 encarcelados en España que no ha sido traslada, ya que tras su extradición desde Bélgica mantiene una causa pendiente y está en prisión preventiva en Madrid. Otro etarra, Jon Gurtubay, fue excarcelado hace unos días tras cumplir su condena.
Los acercamientos de presos se iniciaron en 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, que sostiene que lo que se ha hecho es cumplir la legislación penitenciaria una vez derrotada ETA.
Al conocer estos traslados, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha asegurado en un comunicado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ya puede afirmar definitivamente que es el responsable del acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra del 100 % de los presos de ETA" y "el responsable de haber generado un dolor infinito e innecesario a las víctimas del terrorismo". "En definitiva, el responsable de materializar lo que muchos ya sabíamos: que este Gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas", ha concluido.
En la actualidad, según datos de la AVT, hay 164 condenados por su vinculación con el terrorismo de ETA en cárceles del País Vasco y otros 11 en Navarra.
Entre los exdirigentes acercados al País Vasco el año pasado año figuran algunos con un sanguinario historial, como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote' -unos de los exmiembros de ETA con mayor número de crímenes, entre ellos el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años-, o Henri Parot, autor de 39 asesinatos, y que dio nombre a la doctrina para acortar la rendición de penas tras la decisión de los tribunales europeos.
La libertad, el próximo objetivo
Tan evidente era la consecución de sus objetivos que la Asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, y la red Sare cambiaron a principios de enero el logotipo que ha representado su lucha durante los últimos años con el fin de la dispersión de los reclusos como principal reclamación. Así el mapa de Euskal Herria con dos flechas negras enfrentadas, que simbolizaba el acercamiento de los presos, ha sido suprimido, dejando las dos flechas y sustituyendo el lema 'Euskal presoak Euskal Herrira' (Presos vascos al País Vasco) por 'Etxera' (A casa).
Presentación del nuevo logo de los colectivos de presos de ETA Etxerat (A casa). EUROPA PRESS
Con este gesto tan gráfico, los colectivos de apoyo a los presos de ETA dieron paso a la siguiente fase de su estrategia: excarcelaciones, terceros grados y permisos penitenciarios de aquellos que ya están cumpliendo condena en las cárceles vascas. "Es aún un camino largo el que nos queda por recorrer. Están en Euskal Herria, sí. Nos hemos quitado una gran carga de encima, pero aún continúa vigente la política penitenciaria de excepción", manifestaron en ese acto Etxerat y la red Sare . Por ello, reivindicaron "un camino sin obstáculos, donde las progresiones de grado o los permisos penitenciarios se apliquen sin excepción". "Que se aplique la Ley y no se hurte los derechos a los que estos presos", subrayaron.
El Gobierno vasco, que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha aprobado durante el año pasado un total de 40 terceros grados a presos de ETA, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 26 de ellos. Por su parte, desde octubre de 2018, el Gobierno de Sánchez había aprobado por decisión de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, un total de 27 progresiones al tercer grado para presos etarras.
Por ello, desde las asociaciones de víctimas se esgrime constantemente que el traslado de presos al País Vasco suponen la "antesala" de la concesión de terceros grados.
De los 22 recursos contra terceros grados del Gobierno vasco, la AN ha revocado ya diez y otros cinco han sido inadmitidos, quedando por resolver 11 progresiones de clasificación penitenciaria a alguna de las modalidades de semilibertad que contempla el reglamento penitenciario. En el caso del Gobierno central, se han revocado dos terceros grados.
Este choque entra la Fiscalía y el Gobierno vasco se evidenció el pasado noviembre en unas jornadas en Vitoria por la AVT. En ellas, el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advirtió ante el asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, que no pueden "descafeinarse" los requisitos legales para otorgar el tercer grado a los presos de ETA.
Esta discrepancia jurídica coincide con la reciente decisión del Supremo fijando doctrina para interrumpir la salida de prisión en aplicación de un tercer grado otorgado por la administración si media un recurso de la Fiscalía, por lo que en adelante la progresión de grado tendrá "efectos suspensivos" hasta resolución del tribunal sentenciador. Se trata del escenario aplicado el año pasado a seis presos de ETA a los que el Gobierno vasco dio el tercer grado, de ejecución automática aunque tiempo después la AN revocó tal medida, atendiendo a la petición de la Fiscalía, por lo que los reclusos tuvieron que volver a prisión.
Los etarras a los que han revocado el tercer grado este último año son los siguientes: José María Arregi Erostarbe, 'Fiti', Aitor Esnaola Dorronsoro, Gorka Martínez Ahedo, José Ignacio Bilbao Gaubeca, Miguel Guillermo San Argimiro y Xabier Atristain Gorosabel. A la lista se suman Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez, estos dos últimos progresados en 2021 por Instituciones Penitenciarias. que forman parte del colectivo.
Otegi defiende un horizonte sin presos de ETA
Tras conocerse la autorización de Interior al traslado de los últimos presos de ETA, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado su "alegría contenida" ante el fin de la política de dispersión de presos de ETA, "que nunca debió ponerse en marcha", y ha apostado por "un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas, y un horizonte sin presos".
En una rueda de prensa de urgencia convocada por la formación soberanista en San Sebastián, el líder de EH Bildu ha procedido a la lectura de un manifiesto que afirma que "hoy se cierra un ciclo de la política penitenciaria". "Las políticas de dispersión y alejamiento fueron la consecuencia de una decisión política, de una decisión de Estado sostenida en el tiempo por todos los gobiernos con plena consciencia de que conculcaban gravemente derechos humanos", ha afirmado.
Para el líder de EH Bildu, queda todavía "camino por recorrer" porque "aún hoy existen políticas de excepción contra los presos que deben de dejar de aplicarse para afianzar la convivencia". "Queda camino para aliviar todos los sufrimientos padecidos en el pasado y algunos que todavía persisten en el presente. EH Bildu quiere trasladar un mensaje de esperanza y confianza al pueblo vasco. Seguiremos trabajando, seguiremos tejiendo consensos, seguiremos construyendo puentes y no trincheras", ha añadido.
A su juicio, el pueblo vasco "se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos". "Nuestro pueblo lo desea y es responsabilidad de todos y todas hacerlo realidad", ha subrayado. Según ha manifestado, con el anuncio efectuado hoy por Instituciones Penitenciarias se cierra un ciclo de la política penitenciaria que ha dejado como "único logro la prolongación cruel del sufrimiento".
El PNV, en un comunicado, ha acogido con "satisfacción y optimismo" el fin de la dispersión y ha considerado que debe servir para que la izquierda abertzale dé "pasos decididos" en el reconocimiento "unívoco" del "daño injusto" causado por la organización terrorista y el acompañamiento a las víctimas.
La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha calificado el fin de la dispersión como "una buena noticia para los derechos humanos. Cumplir condena cerca del lugar de residencia es imprescindible para la reinserción. Y esas condenas nunca debieron cumplirlas las familias" de los presos, en referencia a sus desplazamientos a prisiones alejadas de Euskadi.
Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que Sánchez "ha pagado la primera parte de la factura" a Otegi, "acercando a todos los criminales de ETA, con o sin arrepentimiento, a Euskadi". "Ahora el siguiente pago de Sánchez será ir sacando a la calle a los etarras, ayudado de la política penitenciaria del PNV", ha advertido en Twitter, para denunciar el "escarnio a las víctimas".
Una cuestión polémica
A lo largo de estas más de tres décadas la reversión de esta medida ha sido una cuestión siempre polémica y relacionada con periodos de alto el fuego de ETA, ya que los distintos gobiernos de PP y PSOE han llevado a cabo acercamientos de presos al País Vasco en momentos como parte de las negociaciones que todos han mantenido o en los que parecía próximo el fin de la violencia.
Una vez que ETA anunció en octubre de 2011 el fin de la actividad terrorista y de que en 2018 se disolviera, los movimientos carcelarios de los etarras se intensificaron.
Y en este proceso siempre han sido las víctimas del terrorismo las que se han revuelto contra cualquier medida que implicara que un etarra estuviera más cerca de su domicilio o que pudiera acceder a la semilibertad o libertad. "Ni un día más, pero tampoco ni un día menos", ha sido su lema.
Enfrente han tenido a los familiares y las asociaciones afines a los reclusos etarras, que han esgrimido la discriminación que sufrían respecto a otros presos, puesto que la política general penitenciaria es intentar que el interno cumpla condena en una cárcel próxima a su entorno, un criterio que ha compartido el actual ministro del Interior, Grande-Marlaska.