PSOE, UP y sus socios señalan a Rajoy y Cospedal como responsables de la 'Kitchen'

 El PSOE ha concluido que "la cúpula directiva del PP" ordenó la operación Kitchen para espiar a su extesorero Luis Bárcenas en busca de pruebas que incriminasen a la formación, y que su ex secretaria general María Dolores de Cospedal y el expresidente Mariano Rajoy estaban al tanto. Así lo afirma el escrito de conclusiones de la comisión Kitchen que ha presentado el grupo socialista en solitario, a diferencia de su socio de coalición, Unidas Podemos, que ha registrado uno conjunto con ERC, Junts, EH Bildu y CUP.

Rajoy Cospedal Kitchen

Europa PressPodemos e independentistas señalan a Rajoy y Cospedal por la Kitchen y sugieren a Tribunal de Cuentas que embargue al PP

Rajoy Cospedal Kitchen

Hace una semana la comisión de investigación creada para dirimir en el Congreso las responsabilidades políticas de la presunta trama, 'Operación Kitchen', urdida en 2013 desde el Ministerio del Interior para robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas concluyó sus trabajos con la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Este lunes los grupos han presentado sus conclusiones. Todos los grupos, excepto PP y Vox, coinciden en señalar que existió una trama de la que eran conocedores la cúpula de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz al frente.

Las propuestas se votarán el miércoles a puerta cerrada en la última sesión de la comisión, de la que saldrá el documento final, llamado dictamen, que será votado posteriormente por el pleno del Congreso.

En su escrito de conclusiones, el PSOE responsabiliza a la cúpula directiva del PP de ordenar "la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior" para encontrar pruebas que estuviesen en poder de Bárcenas y que inculparan al partido "sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban".

Cree que la operación, investigada en la Audiencia Nacional y que se remontaría a 2013, se dirigía desde la sede del PP, "con el conocimiento" de Cospedal, "que informaba" a Rajoy"; y desde Interior, "con el ministro Jorge Fernández Díaz, que le encargó" a su segundo Francisco Martínez su puesta en marcha.

Según el PSOE, algunas declaraciones han puesto de manifiesto la implicación de "los responsables políticos máximos" de Interior, como Fernández Díaz, Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó; así como de Cospedal y "de forma indiciaria" de Rajoy.

De Cospedal afirma que, no sólo era conocedora de la trama, sino que "pudo recibir copia de la información sustraída" al PP dada su condición de secretaria general y "como supuesta beneficiaria de sobresueldos de esa financiación irregular".

El "epicentro" de la operación lo ubican los socialistas en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que aquellos años dirigía Eugenio Pino, y la finalidad, dicen, era obstruir investigaciones judiciales y destruir u ocultar las pruebas que tuviese Bárcenas. "Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales", señala.

El PSOE cuestiona que Rajoy se negase "a asumir responsabilidad alguna" en la comisión y llegase "a mentir de manera abierta" al negar que existiese una caja B en el PP cuando existen dos sentencias que así lo concluyen, y pone en valor que el excomisario José Manuel Villarejo lo señaló "directamente" al decir que se comunicó con él sobre la operación.

Cita también al responsable de Justicia del PP, Enrique López, y sostiene que su mediación entre un amigo de Bárcenas y el abogado del PP cuando era magistrado de la Audiencia Nacional "no puede aceptarse como algo personal" desvinculado de su condición de juez.

Cuestiona otras declaraciones como las de exministro Jorge Fernández Díaz, que dijo no saber nada de Kitchen, o la de Cosidó, cuya imputación ha pedido la Fiscalía y sobre quien asegura que "tenía motivos, medios y oportunidad" y que "los indicios le señalan de forma directa".

Entre sus conclusiones está también el "descontrol absoluto de los fondos reservados" y el "despilfarro de dinero público, claramente malversado" en esta operación, así como la exclusión de los protocolos establecidos con provisiones de plazas y medios de forma arbitraria dentro del Cuerpo.

El escrito de UP y los nacionalistas

Unidas Podemos ha acordado un documento con otros socios que apoyan al Gobierno como ERC, Junts y la CUP. Su propuesta sitúa a Cospedal en la cúspide de lo que denominan "estructura política" de la operación Kitchen, pergeñada para sustraer a Bárcenas, dicen, "las pruebas de la contabilidad B del PP", que pudiesen perjudicar al partido, al Gobierno o "altas instituciones del Estado".

Según estos grupos, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, habrían liderado esta estructura "cuanto menos con el conocimiento y la aquiescencia" de Mariano Rajoy.

Con el mismo objetivo actuó, según estos grupos, la estructura "parapolicial", que funcionó como "policía política" o "patriótica", haciendo operaciones "al margen de las coberturas judiciales" y usando fondos reservados "de forma irregular", con Eugenio Pino como número dos de la Policía cuando Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior.

Y a esa "policía patriótica" -que, recuerdan, "quedó acreditada" en la comisión de investigación de 2017- atribuyen la operación Kitchen, y sostienen que dicha estructura estuvo operativa "a lo largo del tiempo" bajo las órdenes de Pino, "con conocimiento" del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, del secretario de Estado, Francisco Martínez, y del ministro Fernández Díaz.

De esta forma, concluyen que "durante el periodo de Fernández Díaz se utilizó de forma ilegal, ilegítima y partidista los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".

El PP denuncia el uso partidista de la comisión

Como ha hecho durante todos estos meses, el PP ha denunciado el "uso partidista" de una comisión que ve como una "causa general" contra el partido y que, dice, no ha conseguido identificar "ni un solo proceso en el que se hayan eliminado o anulado pruebas inculpatorias" contra la formación, ni ha encontrado los materiales supuestamente incriminatorios que tenía Bárcenas.

Concluye por tanto que Kitchen parte "de un gran acto de fe" tras dar crédito a Bárcenas y vuelve a cuestionar que el PSOE -contra quien arremete duramente- dé credibilidad al comisario Villarejo sólo para aquello que le conviene, y carga asimismo contra los grupos proponentes por aprovechar la comisión "para descargar una ira irracional" sobre la Policía Nacional.

La propuesta del PNV incluye cinco conclusiones, entre las que destacan no solo que la operación Kitchen existió y que se realizó y valió de la estructura llamada "policía patriótica" que quedó acreditada en la anterior comisión, sino que "no es creíble" ni que el ministro, ni su número dos, ni el director general de la Policía no tuvieran conocimiento.

Para el PNV estos tres cargos fueron "conocedores, consentidores o inductores" del operativo, en tanto que Rajoy "es acreedor de responsabilidad política in vigilando" por los hechos que se sucedían en el Ministerio del Interior de su Gobierno, máxime si se tiene en cuenta que era objetivamente uno de los máximos "beneficiarios".

Desde Vox tildan de "inútiles" los trabajos de la comisión, que no ha podido extraer ninguna conclusión, pues ha discurrido en paraleloa una investigación judicial, por lo que los comparecientes que mayor luz podían arrojar sobre los hechos investigados "se han negado a declarar en sede parlamentaria como era previsible".

En este sentido, urge a modificar la regulación de las comisiones parlamentarias de investigación para obligar a declarar a quienes sean llamados y considera que, aunque no hay ninguna norma que impida la puesta en marcha de estas comisiones, se deberían posponer hasta que el proceso penal concluyera.

El partido que lidera Inés Arrimadas considera que, sin perjuicio de lo que finalmente decida la Audiencia Nacional y ulteriormente el Tribunal Supremo, es "indudable" que el Gobierno de Rajoy, a través del entonces ministro Fernández Díaz y de su número dos Francisco Martínez, así como de diversos comisarios de la Policía usaron medios personales y materiales con la finalidad "ilegítima" de sustraer información a Bárcenas.

La responsabilidad política de hechos tan graves como los descritos corresponde al PP y al Gobierno de entonces. "Resulta inconcebible", defiende Ciudadanos quien, no obstante, apunto que en el "improbable" caso de que las desconocieran, su responsabilidad política también existiría por "evidente negligencia" en elegir a esas personas o por no vigilar sus acciones.

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