El Ministerio de Sanidad y las comunidades seguirán estudiando el conocido como 'semáforo covid', que mide el nivel de riesgo de la pandemia proponiendo una serie de recomendaciones en cada uno de los escenarios, para aprobarlo "próximamente".
La Comisión de Salud Pública no ha votado la actualización del documento "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19", en el que los expertos de la ponencia de alertas proponían suavizar las cifras de incidencia con las que se mide el nivel de riesgo y a flexibilizar las restricciones en los escenarios con transmisiones más bajas.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, en la reunión de esta tarde "se han recogido impresiones y propuestas" de los representantes autonómicos; el documento, añade, "se seguirá trabajando en la ponencia de alertas" y se llevará próximamente a la Comisión de Salud Pública.
Habiendo escuchado las aportaciones de las distintas comunidades, la ponencia volverá a reunirse este viernes para seguir trabajando en el documento que los técnicos empezaron a revisar hace ya dos meses con el objetivo de que la Comisión pueda ver el nuevo borrador la semana que viene, explican a Efe fuentes cercanas a la reunión.
El que han debatido este martes por la tarde justificaba que, ante la situación epidemiológica actual "muy favorable, con un marcado descenso de los casos graves y de la letalidad", junto con las altas coberturas de vacunación, hacían necesaria una revisión de los indicadores utilizados para la vigilancia de la evolución de la pandemia y de las medidas no farmacológicas recomendadas para cada uno de los niveles de riesgo establecidos.
Para adaptar el cálculo de la peligrosidad de la pandemia a esta situación favorable, los expertos planteaban no tener tanto en cuenta el número de contagios como la cifra de hospitalizaciones en planta y en uci, especialmente las que se produzcan en una semana, y la positividad.
De hecho, revisaban al alza los umbrales de la incidencia acumulada, el indicador más conocido de los que se usan para medir el riesgo, de forma que la circulación controlada (que en un principio se llamó nueva normalidad) se considera por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes y no de 25.
Mientras, el nivel bajo se da hasta 100 (antes era hasta 50); el medio, entre 100 y 300: el alto, de 300 a 500, y el muy alto por encima de 500.
Pero, a pesar de la situación favorable, no se olvidaba de las medidas básicas de higiene y prevención como la mascarilla, cuya obligatoriedad mantenía en cumplimiento de la ley en vigor y que "se deben aplicar independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre un territorio, incluso cuando se encuentre en un nivel de circulación controlada" de la transmisión, que se da cuando todos los indicadores están en mínimos.
Camino al pasaporte COVID
A la par que estudian cómo suavizar el semáforo, varias comunidades han vuelto a abrir este martes el debate sobre la posibilidad de exigir el certificado covid digital en determinadas situaciones para evitar el repunte de contagios, algo que hasta la fecha no ha sido bien visto en Sanidad porque el único uso para el que está regulado es el de facilitar la movilidad entre países de la UE.
Porque aunque con cifras mucho más favorables que otros países europeos que están endureciendo restricciones y aumentando la presión sobre los no vacunados, preocupa, y mucho, el número de ciudadanos que aún no lo han hecho aquí habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, especialmente en la franja de entre 20 y 40 años, que no llegan al 80 % de cobertura.
La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha avanzado en una entrevista con Efe que se plantea pedir el pasaporte covid en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como ocio nocturno, albergues y hostelería, una medida que aboga por aplicar por territorios e indicadores y de forma temporal y proporcional.
Y ha avisado de que, de no aplicarse de "forma coordinada" por todas las comunidades, la suya sí lo hará, aunque necesitará del aval del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. "No queremos cerrar", ha dicho la consejera, que defiende que esta opción es una buena forma de limitar el riesgo y fomentar la vacunación.
De la misma opinión es el Gobierno Vasco, que va solicitar esta semana al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el certificado covid en determinadas actividades ligadas al ocio nocturno, como conciertos, y en restauración.
Su consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que, a partir de mañana, se requerirá a las autoridades de los municipios que superen los 150 casos de incidencia (la general roza los 200) que suspendan o pospongan temporalmente la celebración de actividades en las que no se pueda garantizar las medidas preventivas.
También Cataluña ha abierto la puerta a exigir el pasaporte covid más allá de las discotecas, como hace ahora, aunque el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, coincidió en que para ello siempre hay que contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La Comunidad Valenciana y Galicia son otras regiones que no se cierran a aplicar esta solución contra el repunte de casos: el presidente Ximo Puig, ha señalado que la Generalitat "acelera los procesos de carácter legal para que se pueda implantar el certificado covid en determinados centros" y la Xunta, que lo pedirá a las visitas en los hospitales, no descarta "medidas de ningún tipo", en palabras del consejero, Julio García Comesaña.
Un paso más ha dado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha pedido, más que establecer nuevas restricciones por la covid-19, que "se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar", o se obligue a los no vacunados a "quedarse en casa, cerrados a cal y canto".
