La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado dispuesta a ceder con la Ley de Garantía de la Libertad Sexual con tal de tener "una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva contra ella, a reformarla y, si es necesario, a subir algunas penas" de la contestada norma que ha provocado su rebaja en sentencias de casos de abusos y violaciones y la excarcelación de agresores.
La única condición que ha puesto la ministra para el cambio de la norma es que "no se cambie el modelo" y el "consentimiento" siga siendo el centro y no la "intimidación o la violencia". "El consentimiento ha llegado para quedarse", ha afirmado rotundamente en un acto en Murcia.
"Estoy dispuesta a ceder con tal con que tengamos una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva a la Ley Solo Sí es Sí.".
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Fuentes socialistas aseguran que la ministra de Igualdad quiere cambiar el foco del debate ya que aseguran que el problema "gravísimo" está en las penas y no en el consentimiento que seguirá en el centro de la norma.
En el mitin de presentación de las candidaturas de María Marín para ser Presidenta de la Región de Murcia y de Elvira Medina a la alcaldía de la capital murciana, ha reconocido estar lista para ello por hacerse "cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas y de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares y también de la preocupación social", pese a que como ha señalado en días previos no hay un acuerdo con el PSOE para esa reforma, con el que la parte morada del Gobierno de coalición tiene "una discrepancia fuerte" sobre ella.
Montero también ha vuelto a cargar contra la Justicia, al igual que hiciese en una entrevista en Youtube con Rubén Hood, acusando a los jueces, una "minoría" en su opinión, de "aplicar mal" una ley "buena" que "responde al grito del movimiento feminista". Y ha asegurado estar decidida a defender las virtudes de la norma "frente a las feroces resistencias" que se oponen a la misma.
"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo -ha afirmado- porque sé que la ley está bien hecha, entre otras cosas, porque la hicimos mano a mano con el ministerio competente para las reformas penales, el de Justicia de Juan Carlos Campo, con un equipo excelente, y sé que es una ofensiva de sectores reaccionarios, como la de 2004" contra la ley integral contra la violencia machista aprobada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Montero se ha expresado en estos términos mientras se mantienen abiertas las negociaciones entre los dos socios del Gobierno de coalición para buscar la fórmula que permita en el futuro evitar los efectos que la ley ha provocado hasta el momento: 400 rebajas de condena a agresores sexuales.
📽 @IreneMontero explica en detalle el marco de protección integral que ofrece la Ley Solo Sí es Sí y la ofensiva que la ley está sufriendo por parte de los sectores reaccionarios.
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Eso sí, desde el PSOE, son conscientes y no quieren llevar a error a la ciudadanía y generar falsas expectativas, ya que sostienen que los casos ocurridos no tienen vuelta atrás y que la intención es que no se den rebajas de pena una vez que se apruebe la reforma.
Atendiendo al problema que está generando las rebajas de pena y con las elecciones a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez ordenó la pasada semana corregir la ley y desde fuentes socialistas se ha advertido de que la misma se llevará a cabo con o sin acuerdo del Ministerio de Igualdad.
El plazo marcado por el PSOE para este acuerdo se sitúa en el próximo martes y en caso de no haber acuerdo, los socialistas presentarán una iniciativa para ampliar el abanico de las penas y evitar así la puesta en libertad o las rebajas para futuras condenas. Desde el PSOE se insiste en que este cambio no afectará al consentimiento mientras que Montero insiste en que esta figura se perderá y se volverá a la norma en la que la víctima demuestre que se resistió.
Desde el PSOE recalcan que en los casos en que haya violencia o intimidación en la relación sexual la ley ya presupone que no hay consentimiento, pero en su opinión eso no es incompatible con que haya que probar determinadas circunstancias del delito para poder agravarlo, ya que vivimos en un "Estado de derecho".