Moncloa se acerca al PDeCat y JxSí filtra que Puigdemont anunciará el referéndum para el 1 de octubre
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto anunciar la próxima semana la fecha del referéndum de autodeterminación de Cataluña que con toda probabilidad será el domingo 1 de octubre. Así lo adelanta 'La Vanguardia', que cita fuentes de JuntsxSí.
El periódico detalla que el anuncio tendrá lugar pocos días después del acto que protagonizará Puigdemont en el Ayuntamiento de Madrid, que él mismo ha calificado como la última oportunidad para negociar con el Estado español un referéndum pactado. Será el lunes 22 de mayo, cuando el 'president' pronuncie una conferencia en el Auditorio Caja de Música de Madrid, que ya ha levantado ampollas entre las distintas fuerzas políticas.
Al acto de Puigdemont ha sido invitado todo el mundo, desde Mariano Rajoy hasta todos los demás líderes políticos, instituciones económicas, empresarios y líderes sociales, pero tanto el presidente del Gobierno como la fuerza política que dirige, el PP, mantienen un rechazo frontal al referéndum y a cualquier negociación que no renuncie de entrada a colocar las urnas. En este sentido, el anuncio de Puigdemont, si llega a producirse, habrá levantado una nueva barrera para que prospere el "diálogo" al que el Ejecutivo central ha venido apelando en la nueva legislatura.
La supuesta aproximación entre las dos administraciones, con la instalación de un despacho para la vicepresidenta en Barcelona, no ha arrojado resultados visibles, sobre todo porque se ha querido personalizar en la propia Soraya Sáenz de Santamaría y su homólogo en el Govern, Oriol Junqueras. Pero, mientras los focos se dirigían hacia ellos se han evidenciado otros síntomas que apuntan más bien a un acercamiento acercamiento entre el Gobierno de Rajoy y PDeCat, la antigua Convergéncia.
El último puente tendido desde los despachos de Madrid a los de la cúpula convergente ha sido la retirada de los dos representantes del Ministerio de Cultura de la reunión que celebró el pasado viernes el Consorcio del Palau de la Música para decidir si la institución acusaba al partido de Artur Mas por recibir 6,6 millones en comisiones ilegales. Gracias a esas dos ausencias, la Generalitat impuso su mayoría y el resultado fue ‘no’. Los tres votos en contra del presidente catalán, Carles Puigdemont, el conseller de Cultura, Santi Vila, y el secretario general de Cultura, Pau Villòria, unidos a la ausencia de los dos representantes del Ministerio de Cultura, pesaron más que los dos votos del Ayuntamiento de Barcelona, que promueve un cambio en la línea de la acusación del Palau.
A cambio, el Gobierno estaría tratando de garantizarse el apoyo de los ocho diputados de PDeCat al decreto de liberalización de la estiba. Con los 5 votos del PNV, más los 9 del PDeCat y los 32 de Ciudadanos, que esta vez no tendría margen para el desmarque de última hora, el Grupo Popular puede contar con una amplia mayoría de 182 diputados para convalidar el decreto ley. Si los convergentes optan por la abstención, el Gobierno también ganaría la votación por 174 votos frente a 168.
Tanto el PDeCAT como la Delegación del Gobierno en Cataluña negaron el lunes este supuesto pacto. Pero es que parece razonable que en un momento de fuerte tensión por el proceso independentista los parlamentarios convergentes no quieran aparecer como los salvadores del Gobierno, tras la estruendosa derrota del 16 de marzo cuando la mayoría formada por socialistas, podemitas e independentistas tumbó el primer intento de liberalizar el sector de la estiba.
Una experiencia similar se vivió en julio con la constitución de la Mesa del Congreso, cuando la alianza de PP y Ciudadanos para repartirse el órgano de gobierno de la Cámara contó con diez votos adicionales cuya paternidad nadie quería reconocer, aunque todo el mundo interpretó que procedían de los 5 escaños del PNV y de parte de los ocho de CDC. Esa “ayuda” no prevista inicialmente tuvo como primera consecuencia que el pacto PP-Ciudadanos se garantizase la vicepresidencia primera, prometida a la formación naranja, y la tercera, para el PP.
El acercamiento entre las dos derechas, la que gobierna a nivel nacional y la que se resiste a perder su influencia en Cataluña pese a la considerable merma de votos que ha sufrido en los últimos años, se ha explorado también en el plano judicial. A la lentitud con la que la justicia ha reaccionado en el caso de los Pujol –solo uno de sus miembros, Jordi Pujol Ferrusola, está en prisión desde hace poco menos de un mes, cuando llevaba tres años imputado como presunto cabecilla de la ‘organización criminal’ que el juez ve en la familia- se suma el frustrado intento de apartar a los fiscales del ‘caso del 3%’, el de las supuestas comisiones ilegales de Convergéncia.
Hace un mes trascendió que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había relevado a los fiscales anticorrupción que llevan la causa en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) que investiga la presunta financiación irregular de CDC. La iniciativa se habría tramitado a través del fiscal jefe de Anticorrupción, el cuestionado Manuel Moix, y el pretexto era dejar el asunto en manos de los fiscales de Barcelona. Apenas quince días después, y tras un considerable revuelo mediático, Maza decidió mantenerlos por si el juez de El Vendrell decidía inhibirse a favor de la Audiencia Nacional tras constatarse que alguno de los investigados desvió las comisiones que cobró al extranjero.
Según algunas fuentes, las discrepancias entre los dos fiscales a los que se pretendía sustituir y su jefe se encontrarían en el papel a atribuir al 'exconseller' de Justícia y exsecretario del Govern Germà Gordó, que, según los fiscales, José Grinda y Fernando Bermejo, era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a Convergència a cambio de concesiones de obras públicas.
Una vez frustrada esa operación, ahora hemos sabido que el Consorcio del Palau no podría ir en contra de Convergència por el saqueo de la institución gracias a las ‘pellas’ de los representantes del Gobierno central. El Consorcio está personado como acusación popular en el juicio por este caso.
El caso es que, de ser cierto que hay un acercamiento de Moncloa al PDeCat, el oficializar el referéndum de independencia mediante el anuncio de la fecha que pretende hacer Puigdemont lo podría hacer descarrilar. De todas formas, la noticia de que ese anuncio se va a producir la próxima semana procede de “fuentes de JxSí”, el grupo parlamentario en el que no solo se integra la antigua CDC sino también ERC e independientes. Y hay que tener presente que a los republicanos no les ha hecho ninguna gracia la ‘operación Palau’.
De hecho, su portavoz, Sergi Sabrià, ha criticado lo ocurrido en la reunión del viernes, y ha negado que haya sido una decisión del Govern porque si fuera así, ha matizado, su partido tendría constancia de ello "y no es el caso, a nosotros no nos consta que se haya tratado". "Esquerra Republicana es implacable con la corrupción, nuestra trayectoria en 86 años de historia no avala en este sentido", ha recordado al mismo tiempo que ha señalado que su mandato político de "hacer limpieza" allí donde se han producido irregularidades no va a variar en este caso.
En esta misma línea, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ha mostrado rotunda en un mensaje difundido a través de su perfil en Twitter: "ERC piensa que hay que ir hasta el final, como hemos dicho siempre" y ha subrayado en una alusión indirecta a Santi Vila que "el Departamento de Cultura tendría que reconsiderar" su decisión al respecto puesto que "¡el autonomismo ha muerto!". Rovira se ha referido así a la nueva fase secesionista en la que, según ERC, ya se encuentra Cataluña.
Según Sabrià, reconsiderar la decisión de no pedir responsabilidades a CDC "sería muy positivo" y, aunque "las reuniones del Govern son secretas y discretas", la posición de ERC "es muy clara y lo que tenga que pasar mañana (por este martes) en la reunión, ya pasará".
