Tras la polémica generada y las llamadas a poner orden de varios sectores políticos y sociales, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han vuelto a contradecirse este lunes sobre la obligatoriedad de las medidas antiaborto, que entraban este lunes en vigor, al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos, lo que sigue causando gran confusión. De momento los profesionales sanitarios de la región no disponen de este protocolo y el Gobierno amenaza con llevar la medida ante la Justicia
"No se obligará a los médicos ni a las mujeres", ha resumido Fernández Mañueco en una declaración institucional sin preguntas de la prensa, en la que ha asegurado que las medidas anunciadas el pasado jueves tras el Consejo de Gobierno son de ámbito sanitario, centradas en el fomento de la natalidad en una región, como Castilla y León, "con evidentes problemas de despoblación".
Mañueco ha subrayado que tiene "muy claro" que "alterar el orden" existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre realizar o no determinadas pruebas "puede derivar en coacciones directas e indirectas" hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que ha remarcado que su gobierno "ni las va a promover ni amparar" (las coacciones).
Mañueco ha sostenido que el protocolo existente para los casos de mujeres que quieren abortar "no se modifica" con estas medidas "en ningún caso", lo que en la práctica implica que los médicos no ofrecerán a la mujer la posibilidad de escuchar el latido o acceder a una ecografía 4D.
Pese a las advertencias del Gobierno, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguraba este mismo lunes que el polémico protocolo anunciado para reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la Comunidad seguía adelante. El dirigente de Vox ha reiterado que el protocolo para evitar abortos es "de obligado cumplimiento" para los médicos, que desde este lunes deberán "ofrecer" a las embarazadas "la posibilidad" de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D, lo que contradice lo afirmado por Fernández Mañueco (PP).
Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que han llevado al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha. Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
En declaraciones a los medios antes de participar en las Cortes de Castilla y León en el congreso "Desafíos constitucionales para el tiempo presente", García-Gallardo ha remarcado que en este caso, y en todos, "los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad". "Me remito a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad del pasado jueves, que es clarísima y cristalina", ha subrayado el vicepresidente sobre el departamento que dirige el PP, a lo que ha añadido que "todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto".
"Si no es de obligado cumplimiento no sirven para nada", ha recalcado García-Gallardo, quien ha negado que se haya sentido desautorizado por el presidente de la Junta cuando aseguró el sábado que en ningún caso los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D.
Para Gallardo, "el matiz está claro", en el sentido de que no va a ser obligatorio que las mujeres tengan que escuchar el latido o ver la ecografía 4D, sino que lo que sí será obligatorio para los médicos será "ofrecer la posibilidad de tener la información".
Preguntado por si, a partir de este lunes, el médico está obligado a ofrecer una ecografía 4D o escuchar el latido a una mujer que acuden con la intención de abortar, García-Gallardo ha respondido con un "sí", porque para los facultativos es "imperativo". "Nadie le va a tirar a una embarazada la información (escuchar el latido y la ecografía) a la cara", ha resumido.
No obstante, queda aún por despejar, hasta conocer en detalle esta instrucción comunicada a los facultativos a través de las gerencias de salud, si para los profesionales será "obligatorio e imperativo" ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o será algo que quedará al criterio sanitario sin ser preceptivo.
Precisamente, desde que el vicepresidente anunciara esta medida el pasado jueves en consejo de Gobierno, los dos socios de Gobierno -PP y Vox- han mantenido un tira y afloja, con distintas versiones, incluso contradictorias, de qué supondrá este protocolo y cómo se llevará a cabo en la Comunidad.
El Gobierno no va a tolerar "ni un solo paso atrás"
En una entrevista a Onda Cero, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido que desde el Ejecutivo no van a tolerar "ni un paso atrás" en los avances que se han producido en los derechos de las mujeres. "Creemos que es un grave retroceso a una normativa, la del 2010, que ya supuso un avance importante para las mujeres, y desde el Gobierno no vamos a tolerar ni un solo paso atrás en algo que nos ha costado tanto tiempo lograr a las mujeres", ha dicho la ministra, que también ha reclamado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que detenga las medidas anunciadas por Vox y le acusa de evadir su responsabilidad como líder de su partido.
Tras asegurar que los posicionamientos que plantea esa comunidad se alejan de la mayoría social y del sentir de las mujeres, ha defendido la decisión de enviar un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que no aplique la medida.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido que "no tendrá ninguna duda" en recurrir a la vía judicial si finalmente aplica las medidas "provida" anunciadas. "Recurriremos a todos los mecanismos jurídicos para la defensa de la legalidad, si es necesario, no tendremos ninguna duda", ha indicado Darias en una entrevista en la Cadena Ser. Para Darias, las medidas propuestas por la Junta "no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial". En su opinión, lo que hay que procurar es que "la mujer tome la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres". "Ante esto no estamos dispuestos a transigir", ha añadido.
Desde que este anuncio saltó a la opinión pública, las críticas se han sucedido desde diversos ámbitos, especialmente el político, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en un acto este fin de semana en Sevilla que con gobiernos socialistas "habrá avances" en beneficio de las mujeres y "ni un solo retroceso" y subrayó que los socialistas no permitirán que haya ninguna regresión en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo son madres y cuándo no.
Finalmente, asociaciones feministas y proaborto también han criticado este protocolo por atentar, según estas, a los derechos de la mujer, al suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.
Ayuso recrimina a Vox su "improvisación"
Tal ha sido la polémica que hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la "improvisación" del vicepresidente Gallardo, tras asegurar que ha buscado un "conflicto interno" con el líder del PP en la región. “Todo lo que sea dar información me parece bien, y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece necesario”, ha defendido la presidenta regional, quien ha matizado que el anuncio de Gallardo sólo busca un “conflicto interno” cuando, además, “no tiene competencias en la medida”.
Además, ha criticado la "improvisación" del político de Vox que "no tenía ni una respuesta"; me parece "innecesario" porque "no son formas de hacerlo". “Siempre he apostado por la maternidad que es un problema y es la gran olvidada (...) Dando información y a favor de la vida porque es señalada y acorralada por un pensamiento único”, ha defendido la presidenta regional.
Ha ironizado sobre "si no sabe de embarazos, para qué habla", en relación con la respuesta de Gallardo cuando le preguntaron en qué mes se haría la ecografía, y ha apuntado que lo que ha conseguido es "alimentar" al Gobierno de Pedro Sánchez para "decir que vuelve la extrema derecha".
Respecto al requerimiento emitido por el Gobierno de España, Ayuso ha aseverado que le parece “indignante” porque primero debería haber “cesado a todo el Ministerio de Igualdad después de poner violadores en la calle, a lo que ha añadido que le parece una “sobreactuación” por parte del Ejecutivo nacional.
Génova: "Es un chollo para el PSOE"
Por su parte, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado a Vox de emplear a las mujeres y la polémica del aborto como parte de una "guerra interesada" en la que los populares incluyen también al Gobierno de Sánchez y que consideran un "chollo" para el Ejecutivo de PSOE y Podemos.
"Los Gobiernos tienen que intentar serenar y ser responsables y sensatos y lo que hemos tenido oportunidad de ver a cuenta de lo sucedido en Castilla y León no es eso, nuestra valoración no puede ser positiva", ha afirmado Sémper ante los periodistas.
El principal partido de la oposición argumenta además que está en medio de la "irresponsabilidad de unos y de otros que quieren jugar a incendiar el debate público español", una "guerra" entre Vox y el Gobierno de Sánchez y Podemos que en este caso "usa a las mujeres" en una "guerra de bandos".
"Vox es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos. Con este tipo de iniciativas absolutamente insensibles lo que consigue es ruido mediático y lo que consiguen Sánchez y Podemos es desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y están afectando a las mujeres", ha agregado Sémper, en referencia a las rebajas de penas a agresores sexuales que ha conllevado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
El PP ha recalcado que la posición del Gobierno de Castilla y León es la que "fija el presidente de la Junta de Castilla y León". "Tener como referente a (Viktor) Orban le define a él y a sus referentes", ha dicho además Sémper sobre el vicepresidente castellano y leonés.
Además, Sémper ha justificado el silencio del líder el PP respecto a esta polémica con el argumento de que Feijóo está "para otras cosas" y no para manifestarse sobre lo que dicen los vicepresidentes en las comunidades autónomas.
Además, ante las posibles alianzas postelectorales con Vox en las autonómicas y municipales de mayo, el PP ha recalcado que espera conformar Gobiernos del PP y ha vuelto a proponer al PSOE un pacto para que gobierne la lista más votada.
Los sanitarios no han recibido el protocolo
Los médicos de familia, matronas y ginecólogos de comunidad no disponen al mediodía de este lunes del polémico protocolo antiaborto de la Consejería de Sanidad, por lo que de momento no lo están aplicando. En concreto, para el caso de las mujeres que acudan a las consultas con la intención de abortar, el protocolo consistirá fundamentalmente en realizar una ecografía, pero a los únicos efectos de constatar que se encuentra en plazo para practicar legalmente y de forma libre la interrupción voluntaria del embarazo. Prueba que servirá también para saber si puede utilizarse un método farmacológico o quirúrgico.
El procedimiento en curso hasta ahora se realiza con un sistema que garantiza el anonimato de la mujer, por lo que se omite su nombre y se sustituye por un código, además de habilitar para la embarazada que quiere abortar una cita a una hora diferente que las realizadas de forma ordinaria para las mujeres que siguen con la gestación.
Estos profesionales remarcan que se ha generado confusión entre la existencia del protocolo que se sigue con las mujeres embarazadas en términos generales, con el existente para aquellas que tienen intención de abortar, ya que implica otras circunstancias.
El problema radica en que sería ilegal si la Junta obliga a los profesionales sanitarios a ofrecer escuchar el latido y esa ecografía 4D a las mujeres que quieran abortar, al entender que no es una información clínica, sino introducir elementos emotivos en una decisión que ya viene tomada libremente por parte de la mujer.
De hecho, el actual protocolo que aplican los sanitarios en Castilla y León establece que, una vez confirmado el embarazo, es la trabajadora social del centro de salud la que tramita la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Una vez presentada esa solicitud, "se derivará a la mujer a un centro público o concertado para su atención", añade la documentación de Sacyl, que sin embargo matiza que los centros concertados tienen que comunicar ese procedimiento a la Gerencia de Salud de Área, para que este organismo público comunique a la mujer la fecha y la hora de la cita para practicar el aborto.
