La nueva maternidad de Ana Obregón ha llegado de inmediato al Congreso de los Diputados. No sólo las redes sociales arden después de saberse que la famosa bióloga, actriz y presentadora ha sido madre a los 68 años gracias a un vientre de alquiler, sino que el debate ha alcanzado la vida política. El Gobierno ha rechazado de plano la gestación subrogada. Considera que es los vientres de alquiler son una explotación de la mujer.
El debate ha inundado los pasillos de la Carrera de San Jerónimo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y Edmundo Bal, de Ciudadanos, se han pronunciado sobre la noticia que hoy es tema de conversación en España.
Las dos integrantes del Gobierno han señalado que ser madre o padre a través de un vientre de alquiler, lo que la ley denomina gestación por sustitución, es una práctica ilegal en España. Su publicidad, incluso, está prohibida. Así lo recoge la Ley de Derechos Sociales y Reproductivos, del año 2006.
Ana Obregón, de 68 años, ha sido madre de una niña tras una gestación subrogada contratada en Estados Unidos. Las imágenes de la actriz con su hija en brazos saliendo de un hospital de Miami ha copado la portada de la revista ¡Hola! y ha marcado la agenda informativa del día.
Vientres de alquiler: "Explotación"
Irene Montero (Podemos) ha sido contundente en sus declaraciones: "Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza" en estas prácticas. La ministra de Hacienda (PSOE) ha manifestado, por su parte, que esta práctica es una "explotación el cuerpo de la mujer", y ha recordado que en el programa político de los socialistas está clara la postura contraria a los vientres de alquiler.
Los portavoces parlamentarios del PSOE, Patxi López, y de Podemos, Enrique Santiago, han mostrado también su oposición a esta práctica. El primero ha dicho que está "en contra de todas estas cosas", mientras el segundo ha señalado que su formación está "en contra de que se mercantilicen los embarazos, que se puedan vender y comprar los embarazos y la utilización del cuerpo de la mujer.
Vox ha reafirmado este miércoles su rechazo a los vientres de alquiler y ha insistido en la necesidad de arbitrar medidas para impedir la legalización "de facto" de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España y sancionar de forma expresa su práctica.
Por su parte, Ciudadanos se ha reafirmado este miércoles en su defensa de una regulación de la gestación subrogada en España de forma altruista siguiendo el modelo de países del entorno, así como de un marco jurídico seguro dirigido al mantenimiento de los derechos de los menores.
El PP se abre a su regulación
Aunque existe una reflexión abierta en la formación, la dirección nacional del PP aboga por abrir un debate para regular la gestación subrogada con el requisito de que no exista "en ningún caso" ningún tipo de pago económico de forma indirecta o directa a la madre gestante.
Denuncia el PP que actualmente existen "vacíos legales" por los que los niños son registrados en los consulados españoles, como se ha hecho aportando una resolución judicial del país de origen en la que se determina la filiación del bebé, una vía que el Supremo declaró nula en 2022 al entender que la filiación de una madre no biológica debe obtenerse a través de la adopción.
La línea roja para el PP es la "mercantilización" que en la dirección del partido consideran "execrable" y de lo que no pueden hablar. Sí son favorables a discutir el resto de casos, siendo conscientes en todo caso de que este es un debate delicado en el que hay "distintas sensibilidades".
La actual dirección del PP, en manos de Alberto Núñez Feijóo, sostiene que la apuesta por abrir la discusión sobre regular este fenómeno es coherente con la posición expresada por el partido en su 17 Congreso Nacional, donde se pedía un debate en "profundidad, serio y sereno".
Las mismas fuentes admiten que es necesario seguir debatiendo al respecto, pues esta es una cuestión abierta en el seno de partido, donde conviven las visiones proclives a regular, con las voces que rechazan la existencia de un mercado en torno a la maternidad y quienes ponen el acento en las diferencias económicas entre las madres gestantes y las familias que adquieren un bebé.
En la ponencia del último debate ideológico del PP, que en 2018 lideró el ahora senador Javier Maroto, los populares ponían además el acento en que con el debate se analice la "realidad" de los niños que llegan a España y que han nacido por gestación subrogada en otros países, sin ahondar en la posición del PP al respecto. Además, se decidió emplear el término de "gestación subrogada" y no la opción de "vientres de alquiler" al entender que era más respetuosa con los niños en esta situación, según indican fuentes del partido.
En declaraciones a los periodistas, la secretaria general del PP y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no ha posicionado a los populares en este debate y se ha limitado a reclamar un marco de "reflexión serena" sin olvidar que "hay niños, que tienen derechos que tienen que ser garantizados".