Tras la sentencia del Constitucional, el Gobierno se ratifica en que el estado de alarma fue "una buena decisión"
Llop apunta al estado de excepción como herramienta para gestionar pandemias tras los fallos del Constitucional
El Gobierno insiste en defender su actuación y en las medidas que se adoptaron ante la pandemia. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que este miércoles declaró inconstitucional el segundo estado de alarma, el Ejecutivo central "se ratifica" en que "adoptamos las mejores decisiones, que con el confinamiento salvamos vidas".
En Torremolinos (Málaga), donde ha atendido a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración de unas jornadas en las que se conmemora el 40 Aniversario de la constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Rodríguez ha reiterado: "Seguimos conveniendo en que fue una buena decisión, ratificada siempre en el Parlamento y de la que el presidente --Pedro Sánchez-- dio buena cuenta en las distintas comparecencias".
Ha añadido que en esta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma "está claro que no hay un debate jurídico nítido, puesto que ha habido cuatro votos particulares que defendían otra posición". No obstante, más allá de debates jurídicos, según la portavoz, el Ejecutivo central la acata, "como no puede ser de otra manera".
"Hoy aquí, rodeada de alcaldes que combatieron desde el primer día la desesperación de encontrarnos sin instrumentos para abordar algo inédito, el Gobierno se ratifica en que adoptamos las mejores decisiones, que con el confinamiento salvamos vidas, nos protegimos nosotros, al personal sanitario que tenía que seguir atendiéndonos, protegimos a los servicios esenciales que nos seguían cuidando", ha defendido.
Esto, ha continuado, permitió "paliar y protegernos del virus cuando no había nada más que eso, estar en nuestras casas. Luego llegaron los EPI (Equipos de Protección Individual) y las vacunas y hoy estamos en otro escenario".
El estado de excepción
Por su parte, la ministra de Justicia Pilar Llop ha insistido en que el Gobierno cuenta con instrumentos legales para afrontar una pandemia o una emergencia sanitaria a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que este miércoles ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma y ha apuntado al estado de excepción como posible herramienta para gestionar una emergencia sanitaria similar, tal como indica el TC en el fallo.
Llop se ha expresado así al ser preguntada sobre si la decisión del Tribunal Constitucional llevará al Gobierno a presentar un proyecto legislativo que le permita actuar dentro de la Constitución si en el futuro sucede una situación similar a la vivida con la pandemia de COVID-19.
Ha señalado que verá si el estado de excepción es el paraguas que puede amparar la actuación del Gobierno y las Comunidades Autónomas como parece que recoge la sentencia, aunque la ministra ha matizado que por el momento no ha podido acceder a la misma en su totalidad.
"El Gobierno en todo momento entiende que existen instrumentos legales y constitucionales para abordar una situación de pandemia o de emergencia sanitaria y el propio Constitucional dice que lo que habría que hacer es un estado de excepción, pero es una cuestión jurídicamente controvertida", ha explicado.
Además, Llop ha defendido que los decretos de estado de alarma, ambos tumbados por el TC, fueron "avalados socialmente" por los grupos parlamentarios, excepto Vox y el PP que se abstuvo en la segunda ocasión y que la gestión de la pandemia ha demostrado la eficiencia del sistema de coogobernanza, algo que se ha visto con el sistema de vacunación donde España va a la cabeza de los países de su entorno.
El Pleno del tribunal de garantías estimó este miércoles el recurso de amparo de Vox, lo que supone el tercer golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la emergencia sanitaria, tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria. La votación no ha cogido por sorpresa al tribunal porque las posiciones ya estaban hace tiempo asentadas y se daba por hecho que la ponencia del conservador Antonio Narváez iba a prosperar.
Así, el recurso ha salido adelante con los votos del bloque conservador del que se ha desmarcado el presidente Juan José González Rivas, que como ya sucedió con la votación del primer estado de alarma se ha vuelto a alinear con los progresistas Cándido Conde Pumpido, Maria Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, quienes han anunciado que formularán voto particular.
