La ley del 'sólo sí es sí' ha tenido "desafortunadas consecuencias", como la reducción de penas a agresores sexuales, que podrían haberse evitado "dando más tiempo a las consultas del proyecto de ley en lugar de apresurarse a aprobarlo". Es lo que ha afirmado la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres respecto a la norma estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que es un claro mensaje no solo para ella, si no para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según dijo en un comunicado la relatora Reem Alsalem, la oficialmente denominada Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual podría haber evitado esas consecuencias "si se hubiera concedido más atención a las voces interesadas".
Alsalem puso el ejemplo de organizaciones de la sociedad civil, políticos y jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expresaron diversas objeciones al proyecto de ley antes de su aprobación el pasado año.
La relatora de Naciones Unidas recordó que la ley del 'sólo sí es sí' ha tenido como efecto involuntario (según cifras del propio CGPJ) la reducción de penas de 943 de los 4.000 perpetradores de violencia sexual que cumplían prisión.
"Para un país con una elevada tasa de feminicidios, reducir las penas de los culpables de perpetrar actos de violencias sexual contra mujeres y menores de edad envía un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado a la hora de acabar con la violencia y luchar contra la impunidad de tales delitos", sostuvo Alsalem.
La relatora matizó que la ley incluía importantes avances, como el reconocimiento de los derechos de las victimas o las garantías de reparación, aunque lamentó que "las consecuencias negativas hayan eclipsado muchos aspectos positivos".
"Debe garantizarse la protección de las víctimas"
"Aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección", destacó .
La relatora apuntó en el comunicado que la ley fue revisada el 27 de abril para restablecer los niveles de castigo que existían en el Código Penal antes de su aprobación, y que Pedro Sánchez pidió disculpas públicamente a las víctimas por el impacto involuntario de la nueva legislación.
Alsalem también mostró su preocupación por una la ley que no ha ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación, recordando que una gran parte de las víctimas de violencia sexual en España no reciben ninguna compensación.
La relatora, que este año también manifestó en declaraciones a la prensa española sus dudas sobre la llamada 'ley trans', afirmó por otro lado que el uso del no consentimiento como carga de la prueba en la ley del 'sólo sí es sí' "pierde sentido en muchas situaciones".
"Puede llevar a que la carga de la prueba recaiga en las víctimas y no en los agresores" en casos como la trata de mujeres con fines de explotación y abuso, prostitución o pornografía, afirmó.
La experta también recomendó que la ley incluya una descripción más clara de la palabra "género", más acorde con el estándar internacional de derechos humanos, y una mejor distinción en la ley entre los términos "sexo" y "género".