La votación final de la llamada “ley trans” todavía podría pasar por el pleno del Congreso. El PP presentó hace unos días en la Mesa del Congreso la avocación a pleno de dicha ley y se tramitó su solicitud, que se votará este jueves en el pleno de la Cámara Baja.
Dicha avocación a pleno significa que su aprobación dependerá del sentido del voto de los 350 diputados del Congreso, y no del menos de medio centenar que, de forma proporcional, componen la Comisión de Igualdad.
La Mesa del Congreso había acordado el 12 de septiembre que esta ley fuera tramitada por vía de urgencia y con competencia legislativa plena de la Comisión de Igualdad, de tal forma que para su aprobación final no necesitaba ser votada en el hemiciclo.
La decisión de la Mesa del Congreso causó gran controversia, incluso en las filas socialistas. Así, la Asociación de Feministas Socialistas (FeMes) criticó ambos acuerdos de la Mesa, tanto la tramitación urgente como hurtar a todos los diputados poder ejercer su derecho a voto en una ley tan polémica.
Ahora, el próximo jueves, 24 de noviembre, en el último punto del orden del día se votará dicha avocación a pleno y, según fuentes consultadas, el Grupo Socialista ha cambiado de criterio y permitirá dicha votación por parte de todos los diputados.
De momento, el PSOE no quiere dar una respuesta del sentido de su voto.
En el PSOE hay gran división interna tal y como ha llegado esta ley al Congreso y, de hecho, ha presentado un buen número de enmiendas que ni han gustado en el entorno del Ministerio de Igualdad y de Unidas Podemos, pero tampoco al feminismo socialista porque no cuestionan la autodeterminación de género.
El riesgo para los socialistas de la votación en pleno es que dado ese malestar interno que hay en una parte del Grupo tal y como está la ley, pueda haber ruptura de la disciplina de voto, lo que es más difícil que ocurra si la votación final se hace en la Comisión de Igualdad.
Sea cual sea la decisión que tome el pleno el jueves, lo que todo parece indicar es que a las fechas en las que estamos y dado el calendario legislativo, es altamente improbable que la “ley trans” vea la luz antes de final de año, como pretendía la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Las ampliaciones del plazo de enmiendas y las numerosas peticiones de comparecencias que todavía se tienen que decidir si se admiten hacen prever que, si finalmente la ley sale adelante, no entrará en vigor como pronto hasta febrero del próximo año.
Además, también han crecido las voces a nivel interno en el PSOE y en Gobierno de buscar la máxima seguridad jurídica a esta ley, tras lo ocurrido con la ley del “sólo sí es sí”, y esto también puede provocar retraso.
De hecho, sobre la “ley trans” no son pocas las voces que han advertido que tal y como ha llegado al Congreso muchos de sus preceptos no superarán una revisión por parte del Tribunal Constitucional, a donde seguro llegará el texto legal porque ya han anunciado que presentarán el correspondiente recurso tanto PP como Vox.