Los efectos de la Ley del 'solo sí es sí'

La ley del 'solo sí es sí', de proyecto estrella de Irene Montero a un boomerang en su contra

La ministra de Igualdad ha emprendido una huida adelante: no dimite, defiende su norma y desata una campaña contra los que señala como los culpables, los "jueces machistas". La polémica agranda además las grietas entre los socios de la coalición y entre Podemos y Yolanda Díaz

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero

EFELa ministra de Igualdad de España, Irene Montero

“Hoy es un día de victoria después de muchos años de lucha. El grito feminista del ‘solo sí es sí’, del ‘hermana, yo sí te creo’, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado”. Con estas palabras una emocionada Irene Montero celebraba a las puertas del Congreso el pasado 25 de agosto la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo si es sí'.

Ahora, casi cuatro meses después, la norma, destinada a dar más seguridad a las mujeres, se ha convertido en un boomerang no solo contra la ministra de Igualdad sino también contra el Gobierno de coalición al provocar el efecto contrario al espíritu con el que nació: la revisión a la baja de penas a varios agresores sexuales ya condenados. Algo que siempre negó Igualdad que fuera a suceder y que ahora insiste en que nadie le avisó, pese a varios informes que así lo advertían y que fueron ocultados al Congreso durante su tramitación parlamentaria.

La ley estrella de Igualdad, que acabó definitivamente con la distinción entre abuso y agresión sexual y que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión, ha desatado un alud de peticiones en toda España de revisiones de condenas de agresores sexuales al reducir las horquillas de algunas penas en sus tramos mínimos. Hasta el momento se han producido ya una quincena de reducciones de penas, incluso cuatro excarcelaciones, aunque se espera que el goteo afectará a centenares de condenas. Los abogados de agresores sexuales mediáticos como uno de los miembros de La Manada o el profesor del Valdeluz ya han anunciado que aprovecharán el agujero legal de la norma para reducir la condena de sus defendidos.

Un verdadero esperpento jurídico que este viernes el propio Gobierno ha tenido que reconocer por primera vez que genera "alarma social". Pese a ello, las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero, su número dos, Ángela Rodríguez, y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se han enrocado en que la norma es perfecta y el "problema" es de los "jueces machistas que la interpretan". Acusaciones a las que se sumó desde el primer momento, Unidas Podemos, que cerró filas con la ministra señalando como responsables a los "fachas con toga".

Irene Montero

EFE_La ministra de Igualdad Irene Montero tras estallar la polémica con su norma

Un furibundo ataque desde Igualdad al poder judicial que ha provocado una nueva crisis en el Ejecutivo de coalición, donde varios ministros socialistas como Margarita Robles o Isabel Rodríguez han tenido que salir en defensa de los jueces frente a estas críticas. Además, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, abrió la puerta a revisar la norma si es necesario, petición a la que se han sumado varios barones socialistas e incluso algunos socios de la investidura como ERC, Bildu o PNV, conscientes del daño que ocasiona la rebaja de penas a violadores e incluso la puesta en libertad de algunos de ellos.

Una opción que, de momento, ha congelado el propio Pedro Sánchez y que Igualdad en ningún caso contempla porque la norma es "correcta" y "no tiene lagunas", insistiendo en que "hay jueces que no están cumpliendo la ley" y que el problema se solucionaría imponiendo a la magistratura formación en perspectiva de género e Igualdad para huir de "estereotipos machistas". Unas acusaciones que han llevado al CGPJ a emitir un duro comunicado contra Irene Montero y su equipo, en el que afirma que los jueces solo están aplicando la ley y que ya cuentan con suficiente formación en materia de género, y a tres de las cuatro asociaciones judiciales a exigir el cese de la ministra.

Ante el caos creado por la ley del 'solo sí es sí' y su impacto a solo seis meses de la primera cita electoral de 2023, el Gobierno apela a la prudencia y fía el futuro de la norma a que la Justicia fije doctrina antes de modificarla. En concreto, dos son los 'salvavidas' a los que se ha abrazado el Ejecutivo: la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Así la Fiscalía General ha dictado una orden para que no se revisen aquellas penas que sigan estando dentro de la horquilla fijada por la nueva norma. Mientras que el alto tribunal estudia el caso de una violación en el que el abogado del agresor ha pedido una rebaja de la condena y podría dictar sentencia en los próximos días, marcando el camino a los jueces.

La 'torpeza' de Igualdad: rebaja de penas mínimas e informes ignorados

Nacida al calor de la ola de manifestaciones feministas tras la polémica sentencia de la Manada, que consideró la violación de una joven un abuso sexual y no una agresión -una resolución que después modificó el Tribunal Supremo-, la nueva norma situó como eje la necesidad de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.

Manifestación del 8-M donde se criticaron las penas contra La Manada

EUROPA PRESS_Manifestación del 8-M donde se criticaron las penas contra La Manada

Cuando la ley del 'solo sí es sí' entró en vigor el pasado 7 de octubre dos conceptos se fundieron en uno solo. Lo que antes eran agresiones y abusos sexuales, ahora se engloban en agresiones sexuales. Sin embargo, la nueva ley rebaja las penas mínimas y en algún caso las máximas. La horquilla por violación es de 4 a 12 años, antes del ‘sí es sí’ era de 6 a 12. Si no hay acceso carnal en la agresión, la horquilla es ahora de 1 a 4 años, cuando antes de la reforma era de 1 a 5 años. Si la víctima es menor, ahora la pena es de 6 a 12 años, cuando antes era de 8 a 12. Lagunas que ahora están aprovechando los abogados de los delincuentes sexuales para rebajar las condenas de sus clientes.

El Código Penal es claro en su segundo artículo. Una modificación legal como esta solo se puede interpretar de forma retroactiva si beneficia a un condenado, nunca si le perjudica. Es decir que una condena puede ser revisada solo a la baja con una ley que haya entrado en vigor después de ser condenado. Y es lo que han empezado a hacer distintos tribunales territoriales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

Algo que en todo momento tanto Irene Montero como Victoria Rosell negaron que fuera a suceder dando por hecho que ocurriría como en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la Fiscalía dictó una instrucción por la que se indicaba no apoyar rebajas de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro del rango de penas que se establecía en la nueva legislación.  El problema es que las rebajas que se están produciendo hasta el momento se debe a condenas fuera de este rango de penas, mayoritariamente en su margen mínimo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero

EFE_El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero

Sin ningún tipo de autocrítica la ministra, además de cargar contra las jueces, se ha escudado en que nadie les había avisado de que esto podía suceder, lo cual es completamente falso. Tal y como le ha recordado el CGPJ estos días, el órgano ya lo avisó en su informe preceptivo no vinculante sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En concreto señaló que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

Un informe que el Consejo de ministros de PSOE y Unidas Podemos ignoró por completo y al que además respondió la propia Montero, escudándose como ahora en el feminismo, descalificó por "desoír" el Convenio de Estambul y el "grito de millones de mujeres". Pero el informe del CGPJ no fue el único. Según ABC hubo hasta otros cuatro informes - del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)- que pusieron trabas a la nueva regulación de los delitos sexuales. Todos ellos fueron desoídos por completo.

Pero es que además, según El Debate, hubo otros 17 análisis emitidos por diferentes entes e instituciones concernidas por la materia objeto de regulación y que, por lo tanto, decidieron manifestar su opinión durante la tramitación del texto, antes de su aprobación.

Ninguno de estos informes fueron incluidos en la memoria que el Ministerio de Igualdad está obligado, por la Ley reguladora de la actividad del Gobierno, a adjuntar a todos y cada uno de los diputados en el apartado de los antecedentes que justifican todo cambio normativo. Por ello, el ABC denuncia que el Gobierno ocultó al Congreso documentación clave para aprobar la ley del 'solo sí es sí', usando la misma trampa que con la 'ley trans', para que los diputados no conocieran el grueso de las objeciones.

Más allá de todos estos informes, durante la tramitación parlamentaria de la ley portavoces de varios grupos como el PP advirtieron también de ese riesgo e incluso un socio del Gobierno, ERC,  presentó dos enmiendas, también ignoradas, para intentar modificar el Código Penal y evitar que sucediera lo que ha acabado pasando.

Tampoco se le ocurrió a Igualdad, pese a todas estas advertencias, incluir una disposición transitoria en la ley, como si existen en otras reformas penales, para haber acotado los casos susceptibles de revisión de la pena. Algo que Rosell ha defendido esta semana que era "innecesario" porque "lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los hechos probados y el Código Penal completo, decidir, no leyendo solo un artículo y no caer en automatismos".

Una ley que nació con tensiones entre los socios

Mucho antes de su aprobación definitiva este verano en el Congreso, la ley estrella de Montero vio la luz no sin tensos enfrentamientos entre los socios de Gobierno y envuelta en polémicas y continuos retrasos.

Previamente, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, había propuesto en julio de 2018 una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar agresión sexual toda relación que no conste con un consentimiento expreso, espíritu que permanece en la actual ley. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, llegó a elaborar un anteproyecto de Ley, que se comprometió a presentar en febrero de 2019, en el que se eliminaba el delito de abuso sexual para considerarlo todo 'agresión sexuales' al no existir consentimiento de las víctimas, y 'violación' en los casos en los que exista penetración sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019 hizo que el proyecto decayera.

Tras la repetición electoral de noviembre y la formación de un Gobierno de coalición fue Irene Montero al frente de Igualdad quien asumió la reforma de los delitos sexuales. Para ello, basó su norma en la proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales que presentó Unidas Podemos en julio de 2018 en el Congreso. Una propuesta que ya unificaba el abuso y la agresión sexual en un único delito para que "desaparezca el requisito de la violencia" en una violación y "se ponga el centro en el consentimiento de la víctima".

El borrador de Montero causó tensiones entre los socios de Gobierno, especialmente entre la titular de Igualdad y los ministros socialistas de Justicia y Presidencia, Juan Carlos Campo y Carmen Calvo. Ambos apostaban por la inclusión de la reforma penal para los delitos de agresión sexual  en una reforma "más amplia y global" del Código Penal, y no en la Ley de Igualdad Sexual. Sin embargo, la partida la ganó Montero, el Consejo de Ministros aprobó el 4 de marzo de 2020 el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Carmen Calvo le entrega a Irene Montero la cartera de Igualdad

EUROPA PRESS_Carmen Calvo entregando a Irene Montero la cartera de Igualdad

Lo de escudarse en el feminismo y tachar de machista a todo aquel que ose cuestionar a Montero, como ocurre ahora con los jueces, no es nuevo. Un día después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el entonces vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, tildó a Juan Carlos Campo de “machista” por  las “excusas técnicas” que ponía el Gobierno para no tramitar la ley.

Un año y medio después, el 6 de julio de 2021, el anteproyecto volvió al Consejo de Ministros y fue aprobado en segunda lectura con varias modificaciones, entre ellas la  introducción en el Código Penal de una definición de consentimiento redactada en positivo: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Durante su tramitación parlamentaria, la norma también generó tensiones entre los socios del Gobierno. La más crítica  fue la intención de los socialistas de incluir una enmienda abolicionista de la prostitución que contaba con el apoyo del PP. Finalmente ante el rechazo de la mayoría de la investidura y el riesgo de que la ley del ´solo sí es sí' no saliera adelante, decidió retirarla.

Una crisis que salpica de lleno al Gobierno

La crisis desatada por la ley del 'solo sí es sí' a consecuencia de la reducción de penas a delincuentes sexuales ha golpeado de lleno a la ministra de Igualdad, aunque al PSOE no se le escapa que también salpica de lleno al Ejecutivo de coalición. A solo seis meses de la primera cita en las urnas de 2023, a nadie se le escapa que esta polémica puede generar mucho daño, de ahí el llamamiento de los barones socialistas a modificar la norma. Moncloa ya no esconde que este esperpento genera "alarma social" y aunque ha congelado de momento una revisión de la norma, a la espera de que la Justicia unifique doctrina, no cierra la puerta a ello en caso de que sea necesario.

Sin embargo, una contrarreforma no corregiría el daño ya causado, puesto que el principio constitucional de irretroactividad de disposiciones no favorables impediría que los hechos delictivos cometidos antes de la reforma legal se castiguen con las nuevas penas ampliadas. Por lo tanto, la nueva reforma no sería aplicable a aquellos condenados que ya hayan conseguido rebajas tras una revisión de sentencia y según diversos expertos tampoco sería aplicable a quienes aún no hayan sido juzgados o condenados, solo los hechos que tuvieran lugar a partir de esa futura reforma serían juzgados conforme a la nueva ley.

Así las cosas, la imagen de la ministra de Igualdad ha quedado irremediablemente tocada, lo que afectará sin duda al otro laberinto en el que se ha enredado su Ministerio, la Ley Trans, que ha provocado un cisma no solo entre los socios del Gobierno sino también dentro del propio PSOE. Según El Confidencial Digital, el propio Sánchez, antes de que estallara la polémica de la ley del 'solo sí es sí', consultó sobre el recorrido de la norma a varios juristas cercanos a los socialistas, entre ellos el exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y la expresidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. El mensaje fue unánime: la norma será tumbada por el Tribunal Constitucional en caso de que sea recurrida por PP, Vox y Ciudadanos.

Más allá de ello, los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí' ha dinamitado además cualquier posibilidad que pudiera plantearse Podemos de erigir a Montero como posible alternativa a Yolanda Díaz, en caso de que la titular de Trabajo no sea su candidata, algo que empezó a poner en duda el propio Podemos este mes a raíz de las tensiones con su encaje en la plataforma Sumar. La negativa de la vicepresidenta a que la formación morada tenga un papel predominante, o el "respeto" que merece como lo llama Pablo Iglesias, ha desatado un distanciamiento con feroces ataques por parte de la cúpula morada a la titular de Trabajo. Tras el discurso incendiario del pasado 7 de noviembre en el cierre de la Uni de Podemos, Iglesias volvió este viernes a la carga contra Díaz por "ponerse de perfil cuando se machaca a una compañera", en referencia a Montero: "No solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".

La ministra Irene Montero y Pablo Iglesias, en la 'Uni' de Podemos este domingo.

EFE_La ministra Irene Montero y Pablo Iglesias, en la 'Uni' de Podemos este domingo.

Un ataque al que Yolanda Díaz respondió tan solo 24 horas después en un acto en Valencia. De una forma más elegante y sin bajar al barro como su antecesor pretende, aludió al fiasco de la ley del 'solo sí es sí' defendiendo que los dirigentes públicos "tenemos derecho a hacer política equivocándonos" y preguntándose por qué "siempre las mujeres somos insultadas". También dio la réplica a la batería de ataques de Iglesias: "Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no para hacer ruido, no para jalear. De esto va la res publica. Quien se distrae en este camino, no sirve para cambiar las cosas". 

La soledad de la formación morada en su defensa de su proyecto estrella y de la ministra de Igualdad es cada vez mayor. Podemos tampoco ha encontrado el respaldo en su campaña contra los jueces de otros significados perfiles del espacio a la izquierda del PSOE ni de los socios habituales del Ejecutivo, como son ERC, EH Bildu, Más País o el PNV. E incluso dentro del espacio confederal ya hay figuras que se han salido del discurso oficial de la cúpula morada como la coportavoz de Podemos a nivel nacional y portavoz en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, también ha apelado, en la línea de Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, a la prudencia a la espera de que la Justicia fije doctrina: "Yo creo que hay que esperar a la interpretación que digan la Fiscalía y el Tribunal Supremo”.

Más lejos ha ido el conocido como "el juez de Podemos", Juan Pedro Yllanes, actualmente vicepresidente del Gobierno balear, que salió en defensa de sus compañeros jueces. "Puedo garantizar que no hay ni un solo juez ni una sola jueza en España al que le pueda resultar satisfactorio rebajar la condena de un abusador o de un agresor sexual (...), eso es absolutamente impensable", afirmó.

Otro jurista, como el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urias, a quien algunos situaron como candidato de Yolanda Díaz para el CGPJ, abrió otro punto de vista incómodo para un partido que se reivindica como el más representativo de la izquierda. "Los jueces tienen la obligación de elegir la interpretación de la ley más favorable al reo. Lo tienen que hacer. Más allá, exigir constantemente penas más altas para todo, es un disparate. La libertad sexual de la mujer se protege más si la ley es mejor, no si es más dura".

 

Sobre el autor de esta publicación

Luis Villajos

Luis Villajos (Madrid, 1982) es subdirector de Republica.com. Lleva más de una década, casi desde su fundación, trabajando en este diario. Su paso por diferentes puestos hasta el actual le confieren una amplia visión del funcionamiento de la redacción. Está especializado en información política, aunque también le interesan la actualidad internacional y los temas de denuncia social.