Las promesas electorales en torno a la vivienda llegaron para quedarse en la precampaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y con ellas... la propia Ley de Vivienda que este jueves ha salido adelante después de toda una legislatura de debate entre los socios de coalición y sus aliados en el Congreso, en una aceleradísima tramitación parlamentaria y en medio de críticas por el uso electoralista de la misma del presidente Pedro Sánchez y con la amenaza de incumplir la ley por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
En el PP son muy dados a no cumplir con la legislación.
Les molesta la Ley de Vivienda y van a votar que no. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos los territorios.
Exijo de nuevo que cumplan con la ley europea y frenen el atropello en Doñana. pic.twitter.com/JwO9vxhOlu
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2023
Después de más de dos años con anuncios, acuerdos y desacuerdos sobre la Ley de Vivienda, este jueves el texto llegaba al Congreso de los Diputados, en plena precampaña, y ya con los pactos necesarios para que salga adelante, previa incorporación de 41 enmiendas pactadas por el PSOE con UP, ERC y Bildu.
Y lo hace además 'adornada' con una 'tira' de anuncios relacionados con la materia y realizados por un Pedro Sánchez orgulloso de sus medidas habitacionales y en continuo debate electoral con el principal partido de la oposición.
El PP ha hecho también campaña con esta Ley, más bien con su amenaza de no cumplirla en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, algo que llevó al propio presidente a lanzar una dura advertencia en la última sesión de control al Gobierno: "Ya le están diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley".
Así, en plena precampaña, en medio de anuncios electoralistas y cruces de acusaciones por un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, saldrá adelante este jueves la nueva Ley: estas son sus principales claves, en materia social y política.
Las claves de la Ley de Vivienda
El acuerdo final llegó el pasado 14 de abril, cuando el Gobierno cedió a ERC y Bildu el protagonismo para anunciar el pacto por el que se ha llegado a la actual Ley de Vivienda y que este jueves se aprueba finalmente, con novedades de calado respecto al texto inicial, como el tope en la subida de los alquileres en zonas tensionadas y las 'trabas' impuestas a los grandes rentistas o grandes tenedores.
El límite al precio de los alquileres
Esta es una de las claves de esta Ley, quizá la más importante, ya que limita el precio de los alquileres en las citadas zonas donde más vivienda se demanda y lo hará tanto a los nuevos contratos como a los ya existentes.
- Esta práctica, pese a los grandes titulares que ha acaparado como punto estrella de la Ley, ya estuvo en marcha en Cataluña, con resultados que llevaron a disminuir la oferta de alquiler y a tensionar aún más el mercado inmobiliario.
Áreas tensionadas
En la nueva ley se amplía a grandes tenedores personas físicas, y no solo jurídicas, la aplicación de la limitación de los precios referenciada al sistema de índices de precios en áreas tensionadas.
- Para declarar un área tensionada basta con que se cumpla una de estas dos condiciones (no las dos): que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares o que el precio de compra o que el alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Grandes tenedores y deshaucios
- Se rebaja de diez a cinco el número de viviendas que debe tener un propietario en una misma zona tensionada para ser considerado 'gran tenedor'. Además, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
- Se incorporan nuevas medidas de protección contra los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario. De no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores.
La amenaza del PP
La nueva Ley de Vivienda permite que las comunidades autónomas regulen todos los alquileres en las áreas tensionadas, no solo los de los grandes tenedores. Habrá contención de rentas para todos mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
🔴 La única política de vivienda que le interesa es seguir residiendo en la Moncloa.
🗣️ @cucagamarra a Sánchez pic.twitter.com/HBAiKKML2n
— Partido Popular (@ppopular) April 26, 2023
El hecho de que la ley establezca esta normativa a desarrollar por las Comunidades Autónomas va a propiciar ciertas desigualdades -intencionadamente políticas o no- según el territorio y el partido que gobierne.
Y en este sentido se está moviendo el PP, que no sólo votará en contra de la nueva ley, sino que mantiene abierta la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber hecho nada en cinco años para resolver el problema de la vivienda y haber disparado ahora su "marcador" de promesas, mientras deja abierta la vía de no cumplir con la ley en aquellas comunidades donde gobierna.
Esta cuestión formó parte del discurso de este miércoles en el Congreso del presidente del Gobierno, quien se dirigió directamente a la bancada popular para lanzar una dura advertencia respecto a la Ley de Vivienda: "Ya le están diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley".
Los 'adornos' electorales
La Ley llega al Congreso 'adornada' de cara a las elecciones por una serie anuncios encadenados en materia de vivienda realizados por el propio presidente: desde el 'bluf' de las viviendas de la Sareb hasta el último anuncio de la compra de suelo a Defensa para la construcción de 20.000 viviendas.
Las '50.000' viviendas de la Sareb
En la clausura de la conferencia municipal del partido el pasado 16 de abril en Valencia, en la que los socialistas fijaban las bases para las elecciones de mayo, el presidente del Gobierno se metía de lleno en campaña con el anuncio de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible.
El anuncio, una propuesta que Podemos asegura lanzó hace seis meses y que fue rechazada por el PSOE, pasó de acaparar todos los titulares por la cuantía (50.000 viviendas) a desinflarse... al conocerse que de esa cantidad, apenas 9.000 casas estarían listas para entrar a vivir.
- La Sareb cuenta con un stock de 21.000 casas que podrían servir para uso social, ya que otras 14.000 ya se encuentran habitadas, y de suelos disponibles en los que se podrían desarrollar 15.000 viviendas y otros proyectos.
- Por lo que en la Estrategia de la Sareb para movilizar esas 21.000 viviendas, sólo 9.000 están disponibles para la venta, es decir para entrar a vivir, ya que 12.000 están pendientes de obras de finalización y habitabilidad, mediante acuerdos de venta a comunidades y ayuntamientos para alquiler social o asequible.
43.000 viviendas con el ICO
Pese al 'bluf' de la Sareb, el presidente del Gobierno iba más allá y anunciaba que el Gobierno va a financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles, ya sean de nueva construcción o de rehabilitación.
Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre asuntos comunitarios, Sánchez detallaba el pasado 19 de abril que estas nuevas viviendas se financiarán mediante una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. Estas viviendas tendrán que cumplir dos condiciones:
- La eficiencia energética
- Y que se destinen a alquiler asequible o a cesión en uso de al menos 50 años.
20.000 viviendas en suelo de Defensa
A este anuncio, el presidente del Gobierno sumaba este martes el de la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
Estas nuevas 20.000 viviendas que anunciaba Sánchez en el Pleno del Senado, previo al duelo casi electoral con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un anuncio que ha comenzado de nuevo con polémica, con informaciones que apuntan a que dichas viviendas estarán a la venta a precio de mercado.
Sánchez es un vendedor de humo.
Hace anuncios a la desesperada. Sin tener una planificación, estudios concretos, ni los medios para cumplir lo que promete.
¡Pero qué importa! No piensa hacer nada de lo que anuncia, como ha demostrado toda la legislaturahttps://t.co/fdsAYbKuWl
— Miguel Tellado (@Mtelladof) April 26, 2023
La Ley en clave política
Todos estos anuncios, muy criticados por la oposición e incluso por parte se los socios parlamentarios del PSOE por su carácter electoralista, han permitido al presidente del Gobierno tomar las riendas y protagonizar la cuestión de la vivienda después de catorce meses de un debate parlamentario poco fructífero entre los dos socios de la coalición, con un Podemos que veía mermado todo su protagonismo en la ley después de que el PSOE cediera el protaginismo a ERC y EH Bildu en el anuncio del acuerdo.
De hecho, hasta el último momento, Podemos ha intentado ejercer más presión sobre la coalición pidiendo incorporar a la Ley de Vivienda un tope para la cantidad de pisos de alquiler turístico en las zonas tensionadas de grandes ciudades del 2 % del número de habitantes en esa área. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, recordaba a Podemos que la competencia sobre pisos turísticos es autonómica, cerrando toda posibilidad a la enmienda.
Y es que la Ley parece dejar dos bandos bien definidos en la coalición y en el hemiciclo, aunque la Ley contaba con los apoyos suficientes para salir este jueves adelante, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu, a los que se sumaría Más País y Compromís.
Formaciones como el PNV se iban a abstener en la votación, asegurando que invade competencias autonómicas, pero finalmente votaron en contra junto con PdCat y Junts y PP, Vox y Ciudadanos que ya anunciaron que votarían en contra argumentando que la nueva Ley "beneficia la okupación".