Queda exactamente un mes para el 28-M. La cuenta atrás para las decisivas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo ya ha comenzado. Una cita con las urnas que llega convertida en una batalla en clave nacional entre el Gobierno y el PP, con Doñana y los anuncios electorales en torno a la vivienda en el foco de la precampaña electoral. Pero también con grietas en el seno del Gobierno de coalición a raíz de la aprobación de la reforma socialista del 'sólo sí es sí' y con algunas fisuras en el denominado bloque de investidura tras el 'no' del PNV a la Ley de Vivienda que se ha aprobado este jueves en el Congreso.
El Ejecutivo se ha visto obligado durante toda la legislatura a jugar con la aritmética parlamentaria en cada votación para sacar adelante sus leyes. Las últimas normas no han sido una excepción. La reforma de la polémica Ley del 'sólo sí es sí', la norma 'estrella' de Irene Montero, se aprobó la semana pasada con un nuevo enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos, que ponía en evidencia las tensiones en el Gobierno de coalición. Pedro Sánchez tuvo que echar mano del apoyo del PP para aprobar la rectificación de la ley, dejando a su paso un cierto sabor a reprobación de Montero como ministra de Igualdad. Los socialistas se apuntaron un tanto, pero la coalición volvió a salir tocada, una vez más, de las Cortes Generales, aunque por el momento no hundida: los socios aguantan en el Gobierno de cara a la campaña electoral del 28-M que a punto está de comenzar.
Este jueves también se han evidenciado fisuras en el bloque de investidura. La votación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el Pleno del Congreso ha roto el bloque de investidura con el que Sánchez llegó a la Moncloa, ya que socios tradicionales como el PNV le han dado la espalda tras votar ahora en contra del Gobierno.
Los nacionalistas vascos se han desmarcado al cambiar a última hora la abstención por el 'no' al considerar que la ley supone un "ejemplo paradigmático de recentralizacion e invasión competencial". E, incluso, han ido más allá y han planteado la posibilidad de que el Gobierno vasco recurra esta ley ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
Con esta postura, el PNV se ha sumado al rechazo de la norma por parte de PP, Vox, Cs y Foro Asturias, pero también al de Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria. Estos cuatro grupos parlamentarios, como los jeltzales, advierten de que la nueva Ley de Vivienda invade competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha explicado el cambio de voto tras la aprobación de la ley por parte del Congreso y ha afirmado no haber escuchado ninguna "razón jurídica" que contradiga esa invasión competencial. También ha asegurado que no entiende la "cobertura con alfombra roja" que ERC y Bildu han puesto al Gobierno para su aprobación y ha sostenido que esta ley "no frena los precios más allá de 2024".
Durante el debate en el pleno de este jueves, donde el PNV ha retirado las enmiendas que mantenía vivas, el diputado jeltzale Íñigo Barandiarán se ha quejado de que la ley "se extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas" y ha apuntado que no es el "paraguas" que esperaban.
Ante el rechazo inesperado del PNV, la norma se ha aprobado finalmente por los pelos tras recibir el aval de 176 votos, los mismos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. La Ley de Vivienda ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe. El BNG, también socio de investidura, se ha abstenido, aunque también ha vertido críticas por la invasión de competencias.
La Ley de Vivienda, que llevaba en el Congreso bloqueada más de un año, pasará ahora al Senado, con el objetivo de que se acelere su tramitación para que entre en vigor antes de la cita electoral del 28 de mayo.
Entre otras medidas, la nueva ley impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
Para defender el proyecto de ley han comparecido dos de las principales negociadoras del proyecto de ley, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos); y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE).
El bloque de investidura que aupó a Sánchez
Sánchez fue investido presidente del Gobierno en enero de 2020 con el apoyo del PNV, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe, además del PSOE y Unidas Podemos, y superó la votación en segunda vuelta gracias a la abstención de ERC y de Bildu.
El bloque de investidura se consolidó tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2021 y 2022, gracias, entre otros, al voto favorable de ERC y Bildu, pero también del respaldo del PDeCAT (la parte de Junts más próxima a la antigua Convergncia).
Esta holgada mayoría se repitió en las terceras cuentas confeccionadas por Gobierno de coalición, las de 2023, que volvieron a contar con el apoyo de ERC, PNV, Bildu o PDECat, aunque esta vez Teruel Existe optó por el ‘no’. El 'sí' de las diez formaciones que apoyaron los PGE de 2023 supuso una mayoría más reforzada de la que arropó a Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno en 2020.
El bloque de investidura también ha logrado otros hitos en esta legislatura, como la aprobación de la reforma de las pensiones. El Congreso dio luz verde al decreto ley que incluye esta reforma, una de las iniciativas más significativas por parte del Gobierno de coalición de su mandato en materia social, económica y electoral, con un amplio apoyo de 179 votos a favor.
En concreto, votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. Junts y Bildu se abstuvieron, junto a Vox; el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG votaron en contra.