La Ley de Universidades de Castells llega hoy al Consejo de Ministros
El objetivo pasa por acabar con la endogamia en los centros y avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza superior
El Consejo de Ministros aprobará posiblemente este martes en una primera lectura la futura reforma universitaria, cuya intención es acabar con la endogamia y la precariedad laboral de miles de docentes, avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza superior y dotarla de una mayor calidad, todo ello acompañado de una adecuada financiación.
La nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que relevará a la de 2001, quiere alcanzar el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios, con quienes el ministro Manuel Castells ha discutido el proyecto desde principios de año.
Los elementos estratégicos de la nueva norma giran en torno a la gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia e investigación; estudiantes, y personal docente e investigador (PDI).
Este último aspecto iba a abordarse en el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), pero finalmente se descartó e incluyó en este proyecto, que quiere garantizar una carrera profesional transparente y estable de esta plantilla.
Más calidad y menos endogamia
La futura ley universitaria luchará contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad.
Otro de los objetivos de la reforma será aumentar la calidad de los títulos de grado y máster, estableciendo mecanismos de garantía de calidad y robusteciendo las capacidades de empleabilidad.
Junto a ello, el ministro Castells ha reiterado en distintas ocasiones su empeño en acabar con la situación de precariedad de miles de profesores, que llegó a calificar de "absoluto escándalo" y de "drama humano".
Según el Ministerio, los 20 años transcurridos desde la LOU hace necesario adaptarse a las exigencias derivadas del contexto actual, desde cambios tecnológicos a la globalización de la economía y del conocimiento, así como garantizar el acceso en igualdad de todos los alumnos.
Durante el proceso de debate de la norma, Castells envió a los interlocutores una serie de "fichas" para conocer su opinión sobre el actual sistema de elección de los rectores y sus propuestas para mejorar los mecanismos de participación de la comunidad universitaria.
También apuntaba a una posible reforma del régimen económico-financiero de las universidades: "Es necesario garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas y se ha identificado una necesidad de aumento de esa financiación".
Según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), el presupuesto de gasto de las universidades se sitúa en torno a los 9.000 millones de euros (2018), de los que un 67 % corresponde al epígrafe de personal y un 14 % a bienes y servicios.
El 18 % de los ingresos procede de precios públicos y tasas, y más del 65 % de las transferencias de las comunidades autónomas.
Entre 2008 y 2018, la financiación ha descendido un 21 %.
