El Consejo de Ministros aprobará posiblemente este martes en una primera lectura la futura reforma universitaria, cuya intención es acabar con la endogamia y la precariedad laboral de miles de docentes, avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza superior y dotarla de una mayor calidad, todo ello acompañado de una adecuada financiación.
La nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que relevará a la de 2001, quiere alcanzar el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios, con quienes el ministro Manuel Castells ha discutido el proyecto desde principios de año.
Los elementos estratégicos de la nueva norma giran en torno a la gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia e investigación; estudiantes, y personal docente e investigador (PDI).
Este último aspecto iba a abordarse en el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), pero finalmente se descartó e incluyó en este proyecto, que quiere garantizar una carrera profesional transparente y estable de esta plantilla.
Más calidad y menos endogamia
La futura ley universitaria luchará contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad.
Otro de los objetivos de la reforma será aumentar la calidad de los títulos de grado y máster, estableciendo mecanismos de garantía de calidad y robusteciendo las capacidades de empleabilidad.
Junto a ello, el ministro Castells ha reiterado en distintas ocasiones su empeño en acabar con la situación de precariedad de miles de profesores, que llegó a calificar de "absoluto escándalo" y de "drama humano".
Según el Ministerio, los 20 años transcurridos desde la LOU hace necesario adaptarse a las exigencias derivadas del contexto actual, desde cambios tecnológicos a la globalización de la economía y del conocimiento, así como garantizar el acceso en igualdad de todos los alumnos.
Durante el proceso de debate de la norma, Castells envió a los interlocutores una serie de "fichas" para conocer su opinión sobre el actual sistema de elección de los rectores y sus propuestas para mejorar los mecanismos de participación de la comunidad universitaria.
También apuntaba a una posible reforma del régimen económico-financiero de las universidades: "Es necesario garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas y se ha identificado una necesidad de aumento de esa financiación".
Según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), el presupuesto de gasto de las universidades se sitúa en torno a los 9.000 millones de euros (2018), de los que un 67 % corresponde al epígrafe de personal y un 14 % a bienes y servicios.
El 18 % de los ingresos procede de precios públicos y tasas, y más del 65 % de las transferencias de las comunidades autónomas.
Entre 2008 y 2018, la financiación ha descendido un 21 %.
