La Iglesia admite que registró a su nombre 965 bienes que no le corresponden y dice que está abierta a devolverlos

La Conferencia Episcopal asegura no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno hace casi un año

Sánchez Conferencia Episcopal

La Iglesia se ha visto obligada a hacer público el listado de bienes inmuebles que inmatriculó con tan solo una certificación eclesiástica. Lo ha hecho a través de: catalogación, división por diócesis y verificación de cada uno de ellos, según ha anunciado la propia Conferencia Episcopal, quien ha admitido que registró a su nombre 965 bienes que no le corresponden -de los 34.961 del listado hecho público por el Gobierno hace casi un año- y se abre ahora a devolverlos. El que sería el primer gran acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal se ha anunciado tras la reunión entre el propio presidente y el líder de la CEE, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

La Iglesia española dice no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica que aparecen en el listado hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. Y así se lo ha trasladado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante la reunión que han mantenido en la sede de la CEE.

En concreto, la Conferencia Episcopal ha informado de que "un millar aproximado" de bienes pertenecerían "a un tercero" o a la Iglesia "no le consta su titularidad sobre el mismo". Los datos de este conjunto de bienes, en principio adjudicados a la Iglesia, han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española.

La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder, según un comunicado conjunto de la CEE y la Moncloa. A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.

Entre los años 1998 y 2015

El Gobierno remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 y la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio "exhaustivo" del mismo con consultas a las diversas diócesis. Se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.

De ese estudio realizado por la Iglesia se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo. En concreto, se reconoce que hay un millar aproximado de bienes cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal.

Todo este entramado de inmatriculaciones habría tenido lugar tras la modificación de la Ley Hipotecaria que aprobó el Gobierno de José María Aznar en el año 1996 y que facilitaba el trámite sin ningún documento acreditativo más que la propia palabra. Una ley que se mantuvo en el tiempo con otro mandato del PSOE y otro del PP.

Fue en 2017 cuando comenzó a replantearse la cuestión con una proposición no de ley que el PSOE presentó estando en la oposición. La proposición no de ley salió adelante en el Congreso pero no llegó a tomar impulso.

Satisfacción por el acuerdo

En 2018, el hoy presidente del Gobierno encargó a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo que abriera de nuevo la cuestión de los bienes inmatriculados, dando a conocer un listado de 34.961 bienes que se hizo público a principios del año 2021. De ese total, 20.014 se referían a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionaban con estos usos y se trataba de terrenos, viviendas, solares o locales.

La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes .

Tras la reunión de Sánchez con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal, el Gobierno ha informado de que en ella ambos han expresado su satisfacción por el acuerdo al que se ha llegado en el marco de la comisión correspondiente.

El jefe del Ejecutivo ha agradecido la disposición de la Conferencia Episcopal en el estudio para la catalogación de los bienes así como el trabajo realizado por la comisión, y ha destacado el diálogo positivo que mantienen ambas instituciones.

A la reunión ha asistido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien la pasada semana mantuvo ya otro encuentro con Omella en el que se abordó este asunto y otros como la protección social, los abusos a menores y la implantación de la ley de educación.

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