Los efectos de la ley del 'solo sí es sí'

La Fiscalía y el Supremo, los salvavidas del Gobierno para evitar el caos de la ley del 'solo sí es sí'

El alto tribunal estudia el caso de una violación en el que el abogado del agresor ha pedido una rebaja de la condena y podría dictar sentencia en los próximos días, marcando el camino a los jueces

Concentración contra la sentencia del Tribunal Superior de Navarra a La Manada en el Ministerio de Justicia

EUROPA PRESSConcentración contra la sentencia del Tribunal Superior de Navarra a La Manada en el Ministerio de Justicia

El caos jurídico que ha provocado la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', tiene únicamente dos salidas: la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo. Al Gobierno, cercado por las críticas, solo le queda confiar en el Ministerio Público y, sobre todo, en el alto tribunal, que en los próximos días podría dictar su primera sentencia sobre la polémica norma, que ha provocado que los jueces revisen a la baja la pena de más de una docena de violadores y ha puesto en el ojo del huracán a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Gobierno, impactado por todo lo que está sucediendo tras aprobar la ley, ha movido ficha y la Fiscalía General ha ordenado a los fiscales superiores que recaben y le remitan la información sobre los casos de condenas por delitos sexuales que se han revisado.

Más en concreto, y según un oficio emitido este mismo jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado orden de que los fiscales superiores remitan al Ministerio Público "aquellos autos dictados por los juzgados o tribunales de justicia de su territorio en los que se haya procediodo a la revisión de sentencias firmes condenatorias, así como los informes emitidos por el Ministerio Fical en las respectivas ejecutorias".

Así lo traslada la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, con el objetivo de "realizar un seguimiento de las reoluciones judiciales que supongan una reducción de las penas impuestas en sentencias firmes tras la entrada en vigor de la citada ley orgánica".

Las fuentes fiscales consultadas explican que la intención es analizar los casos en los que hasta ahora se han revisado las penas impuestas para ver si hay disparidad de criterios entre los fiscales de los distintos casos y si es necesario emitir una circular para unificarlos.

Las citadas fuentes explican que, si fuera necesario fijar criterio, la circular no se emitiría de manera inmediata porque requiere un trabajo previo que implica, entre otras cosas, que se debata en la Junta de Fiscales de Sala. Sin embargo, descartan que el asunto pueda siquiera plantearse en el próximo cónclave, previsto para el 25 de noviembre.

García León explica en el oficio que la Fiscalía General ha dado este paso porque "durante los últimos días se ha tenido conocimiento de que diversas audiencias provinciales han procedido a revisar sentencias condenatorias al amparo del artículo 2.2 del Código Penal, acordándose rebajas penológicas respecto de las impuestas en sentencias firmes".

Por su parte, la Asociación Profesional de Presidentes y Fiscales (APIF)  ha insistido por su parte en que será el Tribunal Supremo quien establezca una interpretación definitiva sobre el alcance y los efectos de la retroactividad de la ley favorable para investigados y condenados en relación con la ley aprobada, si bien, hace hincapié en el que este principio es una salvaguardia fundamental en un estado de derecho. "Cualquier legislador penal debería conocerlo", recalca.

El caso es que la de la Fiscalía es la única opción que puede controlar Gobierno, que confía, pues no tiene muchas más opciones, en el Supremo, pero también en los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades.

El Supremo y la ley del 'solo sí es sí'

En cualquier caso, el Tribunal Supremo podría pronunciarse en días o pocas semanas sobre cómo aplicar las penas tras la entrada en vigor de la ley.

El alto tribunal estudia un recurso en un caso de violación en Mallorca en el que la defensa ha presentado alegaciones por la ley del 'solo sí es sí', solicitando una rebaja de la pena.

Se trata de una condena de 12 años de cárcel, impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares a un hombre de 53 años, por una agresión sexual a su sobrina menor de edad en 2014 en Mallorca.

Según han informado fuentes del proceso, la Audiencia dictó esta condena en 2019, y en 2020 la defensa presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en base a argumentos que, naturalmente, no incluían ninguna mención a la nueva ley puesto que entonces no estaba aprobada. La deliberación y fallo se fijó para esta misma semana.

Sin embargo, hace unas tres semanas, el abogado defensor presentó nuevas alegaciones como motivo del recurso, solicitando una rebaja por los cambios normativos introducidos por la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual.

En detalle, la defensa razona que al acusado se le había impuesto la pena mínima dentro de una horquilla que iba de 12 a 15 años de cárcel, y ahora la pena mínima parte de los siete años.

El tribunal dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre estas nuevas alegaciones. El abogado de la familia y la Fiscalía se opusieron. Según las fuentes consultadas, el fiscal entiende que la pena impuesta queda igualmente contenida en el tipo penal por lo que no sería necesario modificarla.

A pesar de estas novedades, en una providencia el Tribunal Supremo comunicó a los interesados que se mantenía la fecha de deliberación para esta semana. Por ello, la resolución podría ser inminente, lo que marcaría el camino de otros tribunales, que podrían revertir resoluciones dictadas en los últimos días.

La fe del Gobierno en los Tribunales Superiores

Sin embargo, el Gobierno cree que no es necesario esperar a que el Supremo se pronuncie para unificar doctrina y apunta no solo hacia la Fiscalía, si no a los Tribunales Superiores, que pueden pronunciarse sobre el asunto antes que el alto tribunal.

Así lo indican fuentes de Moncloa que recuerdan en concreto que la semana que viene se producirá una reunión de las salas penales de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que previsiblemente estudiarán los efectos de la aplicación de la nueva ley.

En Moncloa son conscientes del efecto que está teniendo en la sociedad las sucesivas rebajas de penas y que seguirán apareciendo otras. Sin embargo, frente a la alarma social que puedan provocar, el Gobierno seguirá trasladando un mensaje de serenidad, aunque las formas, las palabras y el nerviosismo que se respira en el Ejecutivo de coalición indiquen lo contrario.

En ese sentido, sostienen que lo que está haciendo el Ejecutivo es ver qué está sucediendo y por qué, así como analizar todas las sentencias con rigor porque ven que no hay una causa general que explique todas las revisiones de sentencias.

Señalan por tanto que la posición del Gobierno pasa por respetar la función de los jueces, en la línea trasladó Isabel Rodríguez esta misma mañana y un día antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que rechazó las "descalificaciones" a los jueces "con carácter general" como cree que hizo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

"No hay que precipitarse. Lo deseable es que cuanto antes la Fiscalía General del Estado y el Supremo unifiquen criterios de las sentencias tan diferentes", ha asegurado este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

En esa mimsa línea, la ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montero, se ha referido a las decisiones judiciales que han conllevado una rebaja en las penas como "condenas que se separan de la voluntad del legislador" y ha insitido en la unificación de doctrina, ya que hay "otras sentencias que avalan la propia filosofía que conlleva la ley".

La ministra ha trasladado la voluntad de la fiscalía de emitir un informe a la mayor brevedad posible para que así, en conjunto con la Audiencia de Madrid y el Tribunal Supremo, se produzca esa unificación de doctrina con respecto a la ley del 'solo sí es sí'.

Frente a este mensaje, la principal protagonista de esta polémica, Irene Montero, ha insistido este jueves en el Senado, pese a las críticas de los magistrados, incluido el CGPJ, en la necesidad de formar a los jueces para "una correcta aplicación de las leyes" y evitar "estereotipos y sesgos machistas que comprometan la imparcialidad".