La carrera fiscal ha vuelto a incendiarse. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en su campo, ha pedido este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aludiendo a la "burda maniobra" para adjudicar a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y por dar "información manipulada" en "descrédito" de la también ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal.
En un comunicado, recogido por Europa Press, la AF denuncia que "el deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible".
Alude a la decisión de García Ortiz de adelantar del 19 al 8 de junio el Consejo Fiscal en el que se otorgarán nueve plazas, incluida a la que aspira Delgado, así como a su negativa a supenderlo, como habían pedido AF y APIF, ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y fiscal general.
"Ningún fiscal general del Estado (FGE) había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado sólo para hacer unos nombramientos", ha aseverado la AF.
También ha criticado que García Ortiz citara como precedente a Madrigal. A través de dos boletines internos, los Infofiscalía, aseguró que realizó hasta doce nombramientos discrecionales ya en clima electoral.
Defiende a Madrigal
La AF -a la que pertenece Madrigal- reivindica que ésta, "durante su mandato como FGE, no celebró ningún Consejo Fiscal para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales".
En este sentido, critica que García Ortiz "ha equiparado el anuncio de elecciones generales con la convocatoria oficial del proceso electoral para intentar justificar situaciones que no son comparables".
Señala además que "es público y notorio que plazas tan relevantes como las de fiscal de sala Anticorrupción, Audiencia Nacional y Unidad de Apoyo fueron convocadas a propuesta del siguiente FGE, José Manuel Maza".
Asimismo, la AF reprocha a García Ortiz "la utilización de los medios de comunicación propios de la Fiscalía General del Estado (Infofiscalía) para responder una cuestión particular, en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio".
A su juicio, "tras esta actuación, se hace patente la necesidad de interesar la dimisión del FGE por facilitar una información intencionadamente manipulada, utilizando para ello los canales institucionales en pretendido descrédito de Consuelo Madrigal".
Posible infracción disciplinaria
Según publica ABC, citando a fuentes del Ministerio Público, la no abstención de Álvaro García Ortiz en la provisión de la plaza que afecta a la que fue su jefa puede constituir una infracción disciplinaria.
El artículo 62.8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal castiga como falta muy grave "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas".
El artículo 66.2, por su parte, prevé para el infractor la suspensión, el traslado forzoso o la separación. En este sentido, fuentes del Ministerio Público, citadas por ABC, recuerdan que el fiscal general no está al margen de ese deber de abstención; es más, "él debe predicar esa imparcialidad y apariencia de imparcialidad ante sus subordinados".
Delgado y Garzón: conflicto de intereses
Y es que además se suma el posible conflicto de intereses que puede existir entre las actividades que desempeñaría Delgado y aquellas, similares, en las que se desenvuelve el trabajo de su pareja, Baltasar Garzón, tal y como denunció este martes un vocal en un escrito presentado ante la Fiscalía General.
En dicho escrito, el fiscal Salvador Viada expone que esta cuestión se debe resolver "previamente a la adjudicación de la plaza en cuestión" y por ello reclama que se posponga el Consejo Fiscal previsto para este próximo jueves al 19 de junio, y que se debata "la posible incompatibilidad relativa para el puesto al que aspira la candidata referida".
Viada considera "preciso" disponer de unos días para analizar "las eventuales consecuencias de que una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse, ante terceros, comprometida. Y también, naturalmente, para oír a la compañera afectada sobre la cuestión".
Recuerda Viada, que es también presidente de la Asociación de fiscales APIF, que el exjuez es titular de un conocido despacho de abogados (Ilocad Baltasar Garzón Abogados) y de la Fundación Fibgar (Fundación Internacional Baltasar Garzón), "que tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática", insiste.
Las actividades de Fibgar, prosigue, están dedicadas a un "aspecto fundamental del derecho que, sin embargo, entra de lleno en el área de actividades que deberá desempeñar el Fiscal de Memoria Democrática, comprobando también la reiterada colaboración de la Excma. Sra. Dª. Dolores Delgado con las actividades de dicha Fundación".
Por todo ello considera que de no accederse a su solicitud, "se estaría evitando que el Consejo Fiscal pudiera decidir sobre una de sus competencias más importantes, establecida en beneficio de la Institución y de los ciudadanos, así como ocasionando un enorme daño reputacional a la Fiscalía General, mostrándose incapaz de reaccionar ante un hecho de la magnitud del que nos ocupa".
Previamente a esta petición, Viada ya le pidió sin éxito al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que suspendiera la convocatoria del consejo fiscal debido al periodo preelectoral y a que su mandato vence al día siguiente de los comicios.
También le solicitó abstenerse en la votación en relación con la plaza convocada de fiscal de sala de Memoria Democrática por existir una serie de nombramientos cruzados entre García Ortíz y su inmediata predecesora al frente de la Fiscalía general, Dolores Delgado, que también "hacen dudar de la apariencia de imparcialidad".