Esta medida forma parte del acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que debe adoptar la Generalitat, a instancias del Gobierno, que le dio un plazo de 48 horas que vence mañana para hacerlo.
Así, en virtud de ese acuerdo, la Generalitat no podrá llevar a cabo nuevos gastos y todos los que efectúe deben estar debidamente acreditados, para garantizar que no se desvían fondos al 1-O. "Ya se verá cómo se hace, porque vamos día a día", han señalado las fuentes consultadas.
Además, técnicos de Hacienda se han reunido este lunes con representantes de los bancos para informarles del mecanismo de control de los pagos de la Generalitat y de su papel en este asunto.
Con esa actuación, el Gobierno pretende que las entidades bancarias sean conscientes de su responsabilidad a la hora de evitar que desde las cuentas de las que es titular el Govern catalán se hagan desembolsos que puedan estar relacionados con el referéndum.
Junto al acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, el Gobierno decidió el pasado viernes asumir el pago de los servicios esenciales, lo que incluye también el abono de las nóminas de los funcionarios catalanes.
Para poder abonar este pago, Hacienda ha pedido a la Generalitat información sobre sus funcionarios, a fin de poder pagarles la nómina de este mes.
El Gobierno asumió el pasado viernes los pagos correspondientes a los créditos que aparecen especificados en el acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015, a cuenta de los fondos de financiación autonómica que transfiere mensualmente a Cataluña.
En ese acuerdo de 2015 se detalla que, aparte de la sanidad, la educación y los servicios sociales, aparecen como otros servicios públicos prioritarios la remuneración del personal de la Generalitat y sus entes dependientes, el gasto corriente, las transferencias a entidades locales, los pagos de los intereses y vencimientos financieros y las inversiones financiadas con fondos europeos.
Además, el listado incluye como prioritarios varios programas presupuestarios de Administración de Justicia, servicios penitenciarios, seguridad ciudadana, seguridad viaria, prevención y extinción de incendios y protección civil.
El Estado también pagará directamente a los acreedores por servicios de infraestructuras ferroviarias, ayuda al transporte público de viajeros, puertos y aeropuertos, entre otros.
Para esto, el interventor general de Cataluña deberá presentar al menos mensualmente la relación de los acreedores con los que la comunidad autónoma tiene pagos pendientes en estos ámbitos considerados como servicios públicos prioritarios.
Por otro lado, está previsto que el Ministerio de Hacienda ejecute el proceso para intervenir las finanzas de la Generalitat tras la negativa de Junqueras a rendir. De esta forma, el departamento que dirige Montoro asumirá directamente los pagos de los servicios básicos como Sanidad, Educación y prestaciones sociales. Un desembolso que realizará a partir de las inyecciones mensuales del sistema de financiación autonómica, unos 1.400 millones al mes en el caso de Cataluña.
