Los tribunales han acordado 721 reducciones de penas de agresores sexuales en aplicación de la conocida como Ley del 'solo sí es sí', que han supuesto al menos 74 excarcelaciones, según los datos oficiales hechos públicos este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado, este órgano puntualiza que no todos los juzgados le han facilitado aún la información, que irá actualizando de forma periódica.
En las cifras hechas públicas falta información sobre el total de sentencias revisadas en los diferentes juzgados desde la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre, lo que impide conocer en cuántos casos se ha mantenido la pena, y tampoco aparecen todas las excarcelaciones acordadas.
De los tribunales que sí han facilitado el total de casos revisados, la mayoría ha mantenido más condenas que las que ha rebajado. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid había revisado hasta mediados de febrero 451 condenas (el 84 % de todas las susceptibles) y había bajado la pena en 71 casos (el 15,7 % de todas las estudiadas). Ocho de las rebajas derivaron en la excarcelación del preso.
El CGPJ, que señala que varios tribunales han achacado a la huelga de los letrado de la administración de justicia la dificultad para ofrecer datos completos, advierte también de que sus cifras no incluyen las revisiones de pena que se hayan podido tramitar en juzgados de lo penal, competentes para enjuiciar delitos penados con hasta cinco años de prisión.
Según las tablas facilitadas, las audiencias provinciales han acordado 674 reducciones de penas, que han derivado en 73 excarcelaciones; los tribunales superiores de justicia han dictado 37 rebajas, con una excarcelación; y el Tribunal Supremo ha tomado esa decisión en diez ocasiones.
Contra las resoluciones dictadas en las audiencias provinciales cabe recurso ante los respectivos tribunales superiores, con lo que las cifras podrían variar en el futuro. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó una rebaja de pena que había acordado previamente la Audiencia de Zamora.
Según las cifras que ha logrado recopilar el CGPJ, la Audiencia Provincial de Madrid es la que más sentencias ha revisado. El segundo lugar se sitúan las de la Comunidad Valenciana con 193 revisiones y 23 reducciones de condena; y Baleares, con 111 revisiones, 46 rebajas de pena y 6 excarcelaciones.
De las 50 audiencia provinciales, 19 no han facilitado datos del total de revisiones. Solo en 7 de las 31 que sí han proporcionado ese dato son más las rebajas de penas que las condenas que se han mantenido. Se trata de Burgos (21 revisiones y 12 rebajas), Cuenca (3 y 2), Lleida (12 y 8), Lugo (7 y 5), Ourense (12 y 9), Pontevedra (28 y 16) y Zamora (10 y 9).
También hay disparidad entre los tribunales superiores de justicia. Mientras que el catalán ha rebajado las cinco condenas que ha revisado, el de Castilla y León ha mantenido todas y ha revocado una rebaja.
El Tribunal Supremo ha bajado la pena en 10 de las 26 sentencias estudiadas. Tiene pendientes de resolver 224 recursos de casación.
Las revisiones son "minoría", según Montero
El CGPJ ya hizo público un cálculo provisional el pasado lunes, en el que cifraba en 646 las rebajas a condenados por delitos sexuales y en 65 las excarcelaciones por el nuevo marco de penas que recoge la 'norma estrella' de Igualdad.
Según datos de instituciones penitenciarias, a diciembre de 2022 había 4.023 presos en las cárceles españolas por delitos contra la libertad sexual, entre ellos algunos en prisión provisional, conforme precisan fuentes penitenciarias.
Pese a los demoledores datos adelantados el lunes por el CGPJ, la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió el martes en que las rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de su norma son "una minoría" entre las sentencias revisadas.
Montero, que garantizar que va a trabajar "hasta el último segundo" para lograr una reforma consensuada en el Gobierno antes de que el pleno debata en una semana la proposición de ley registrada por los socialistas en solitario, lamentaba que el CGPJ no haya ofrecido todavía datos completos, ya que falta por saber el número total de condenas revisadas, cuántas no se han rebajado y cuántas de las rebajas son firmes.
En este contexto, reiteró que las revisiones a la baja "son una minoría" y que la mayor parte de los jueces mantienen las penas impuestas porque se está aplicando adecuadamente el derecho transitorio.
Sin embargo, admitió que aunque se tratara de un solo caso, ya sería suficiente para dar una respuesta a las víctimas y al conjunto de la sociedad. "Y esa respuesta debe ser una respuesta unitaria del Gobierno y de la mayoría feminista y preservando el consentimiento en el centro del Código Penal", insistió.