La reforma del Código Penal

La Fiscalía ordena no rebajar las penas en los casos más graves de malversación

Defiende que se puede imponer la condena máxima por este delito sin que haya enriquecimiento personal

La Fiscalía ordena no rebajar las penas en los casos más graves de malversación

EFEEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Fiscalía General del Estado ha establecido unas pautas sobre la reforma penal que rebaja algunas penas de malversación, como cuando no se perciba lucro personal, y ha aclarado que ese ánimo de lucro se apreciará siempre que haya voluntad de disponer del dinero público para "conseguir una ventaja o beneficio propio", sin necesidad de que haya una "ventaja patrimonial o un incremento económico".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este miércoles un decreto de obligado cumplimiento para todos los fiscales para tratar de establecer pautas y unificar criterios en aras a conseguir una respuesta uniforme tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno.

Asegura la Fiscalía que "ninguna conducta malversadora" quedará impune; al contrario, cree que la reforma "amplía" la protección penal del patrimonio público, y establece que los fiscales no apoyarán revisar aquellas sentencias condenatorias "por delitos de malversación apropiatoria", dado que la nueva ley ha establecido idénticas penas que el anterior Código Penal.

La reforma penal rebajó algunas formas de malversación e introdujo nuevos tipos penales, como aquel que castiga con una pena de prisión de uno a cuatro años a la autoridad que dé al patrimonio público un uso diferente al previsto.

Respecto a este tipo, vigente en el Código Penal de 1944, la Fiscalía precisa que no sería aplicable para quienes destinen el patrimonio público a un "fin delictivo", haya o no haya ánimo de lucro. Y aclara una vez más que ese ánimo de lucro implica "una ventaja o beneficio propio o ajeno de cualquier tipo", incluso cuando el acusado no haya incrementado su patrimonio.

El decreto, en el que han colaborado la teniente fiscal de Sala del Supremo, los fiscales de Sala jefe de lo Penal del alto tribunal, el fiscal jefe Anticorrupción y la fiscal jefa de la Secretaría Técnica, establece que la eliminación de la malversación en su modalidad de administración desleal solo afectará a los hechos cometidos entre el 1 de julio de 2015 y el 11 de enero de 2023, pues estas conductas no eran delictivas antes de aquella fecha.

Según expone el decreto, antes de la reforma operada "todo delito de malversación en la modalidad de administración desleal" que ha sido derogado estaba en relación de concurso de normas con el delito de administración desleal, de modo que tras la desaparición de la referida figura de malversación, aquellas conductas que estuviesen recogidas en dicho delito y que no encuentren encaje en otros serán castigadas con el artículo que regula la administración desleal.

La Fiscalía establece que "las conductas que hasta la fecha encontraban acomodo en la modalidad apropiatoria del delito de malversación" pasarán ahora a ser castigadas en el nuevo artículo 432.1 del Código Penal", que sanciona con una pena de tres a seis años de cárcel a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustraiga o consienta la sustracción de caudales públicos a su cargo.

Esa pena subiría de los cuatro a ocho años de prisión si la malversación es de especial gravedad atendiendo al valor del dinero sustraído.

"De este modo se incluyen dentro del ámbito de la norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos, otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público", sostiene el escrito, de 28 páginas.

Según indica, al igual que en el caso de los particulares, la apropiación indebida por parte de un funcionario es sancionada con una pena equivalente a la de la gestión desleal: "La homogeneidad entre los delitos de malversación, apropiación indebida y/o administración desleal resulta significativa (...)".

Según fuentes fiscales consultadas por EFE, a efectos prácticos esto significa que la reforma "no ha cambiado todo lo anterior a 2015" y solo afectaría a los casos fechados desde ese año hasta la fecha, siendo el delito de administración desleal la modalidad a la que más afecta.

Y es que, "con carácter general la supresión de esta modalidad delictiva solo afectará a hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2015, día de entrada en vigor de la LO 1/2015, pues antes de esta fecha los supuestos de administración desleal del patrimonio público no eran considerados delictivos".

En casos como el de Kitchen, referido a una supuesta operación de espionaje al extesorero del PP ordenada desde el Ministerio de Interior en 2013, la Fiscalía, según las citadas fuentes, no acusará por malversación, sino por el de apropiación indebida con la agravante de haber sido cometido por funcionario público al haber utilizado fondos reservados.

En cuanto al caso Acuamed, la Fiscalía aún está estudiando que modalidad de malversación aplican.