“Las víctimas del terrorismo tenemos el sentimiento generalizado de que ETA ha ganado y de que nuestro sufrimiento ha sido en vano y en balde”. Con estas palabras la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, denunciaba el pasado 22 de diciembre en el Parlamento navarro el sentimiento de frustración e indignación de gran parte del colectivo ante la "asunción" por parte de Pedro Sánchez de lo que denominan la "hoja de ruta de humillación" de Bildu.
Una 'sumisión' del presidente del Gobierno con el objetivo de mantenerse en Moncloa que se evidencia, a juicio de las víctimas, con cesiones de reivindicaciones históricas de la banda terrorista como la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y, sobre todo, con la práctica liquidación de la política de dispersión.
Las cifras hablan por sí solas. Desde la llegada de Sánchez a Moncloa, a mediados de 2018, se han aprobado 370 traslados -166 para ir a prisiones vascas y otros 20 a Navarra-- que afectan a 203 etarras, 98 de ellos con delitos de sangre relacionados con 298 víctimas en 217 atentados, según datos del Observatorio de la AVT.
El resultado de este masivo traslado de presos ha dado como resultado la práctica derogación de la política de dispersión en un tiempo récord. Así, el 92% de los reos de la banda terrorista, 166, cumplen ya condena en cárceles del País Vasco y Navarra, el 82% si se tiene en cuenta solo las vascas, lo que deja solo a 14 reclusos en prisiones de otras comunidades autónomas, cuyo acercamiento tienen claro las víctimas se producirá antes de las próximas elecciones generales.
Según datos de la AVT, la prisión alavesa de Zaballa alberga a 73 reclusos etarras; la de Martutene, en San Sebastián, a 40 y la de Basauri, en Vizcaya, a otros 32, mientras que otros 12 cumplen condena en Pamplona. A otros nueve presos se les ha concedido el traslado pero aún no ha sido ejecutado.
Entre los exdirigentes acercados al País Vasco el año pasado año figuran algunos con un sanguinario historial, como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote' -unos de los exmiembros de ETA con mayor número de crímenes, entre ellos el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años-, o Henri Parot, autor de 39 asesinatos, y que dio nombre a la doctrina para acortar la rendición de penas tras la decisión de los tribunales europeos.
EUROPA PRESS _ El exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, en la Audiencia Nacional
La libertad, el próximo objetivo
Tan evidente es la consecución de sus objetivos que la Asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, y la red Sare cambiaron a principios de enero el logotipo que ha representado su lucha durante los últimos años con el fin de la dispersión de los reclusos como principal reclamación. Así el mapa de Euskal Herria con dos flechas negras enfrentadas, que simbolizaba el acercamiento de los presos, ha sido suprimido, dejando las dos flechas y sustituyendo el lema 'Euskal presoak Euskal Herrira' (Presos vascos al País Vasco) por 'Etxera' (A casa).
Presentación del nuevo logo de los colectivos de presos de ETA Etxerat y Sare. EUROPA PRESS
Con este gesto tan gráfico, los colectivos de apoyo a los presos de ETA han dado paso a la siguiente fase de su estrategia: excarcelaciones, terceros grados y permisos penitenciarios de aquellos que ya están cumpliendo condena en las cárceles vascas. "Es aún un camino largo el que nos queda por recorrer. Están en Euskal Herria, sí. Nos hemos quitado una gran carga de encima, pero aún continúa vigente la política penitenciaria de excepción", manifestaron en ese acto Etxerat y la red Sare . Por ello, reivindicaron "un camino sin obstáculos, donde las progresiones de grado o los permisos penitenciarios se apliquen sin excepción". "Que se aplique la Ley y no se hurte los derechos a los que estos presos", subrayaron.
El Gobierno vasco, que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha aprobado durante el año pasado un total de 32 terceros grados a presos de ETA, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 22 de ellos, el 68%. Por su parte, desde octubre de 2018, el Gobierno de Sánchez había aprobado por decisión de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, un total de 27 progresiones al tercer grado para presos etarras, es decir, cinco menos que las autorizadas por el Ejecutivo vasco en el último año.
Por ello, desde las asociaciones de víctimas se esgrime que el traslado de presos al País Vasco suponen la "antesala" de la concesión de terceros grados.
De los 22 recursos contra terceros grados del Gobierno vasco, la AN ha revocado ya seis y otros cuatro han sido inadmitidos, quedando por resolver 12 progresiones de clasificación penitenciaria a alguna de las modalidades de semilibertad que contempla el reglamento penitenciario. En el caso del Gobierno central, se han revocado dos terceros grados.
Este choque entra la Fiscalía y el Gobierno vasco se evidenció el pasado noviembre en unas jornadas en Vitoria por la AVT. En ellas, el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, advirtió ante el asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, que no pueden "descafeinarse" los requisitos legales para otorgar el tercer grado a los presos de ETA.
Esta discrepancia jurídica coincide con la reciente decisión del Supremo fijando doctrina para interrumpir la salida de prisión en aplicación de un tercer grado otorgado por la administración si media un recurso de la Fiscalía, por lo que en adelante la progresión de grado tendrá "efectos suspensivos" hasta resolución del tribunal sentenciador. Se trata del escenario aplicado el año pasado a seis presos de ETA a los que el Gobierno vasco dio el tercer grado, de ejecución automática aunque tiempo después la AN revocó tal medida, atendiendo a la petición de la Fiscalía, por lo que los reclusos tuvieron que volver a prisión.
Los etarras a los que han revocado el tercer grado este último año son los siguientes: José María Arregi Erostarbe, 'Fiti', Aitor Esnaola Dorronsoro, Gorka Martínez Ahedo, José Ignacio Bilbao Gaubeca, Miguel Guillermo San Argimiro y Xabier Atristain Gorosabel. A la lista se suman Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez, estos dos últimos progresados en 2021 por Instituciones Penitenciarias. que forman parte del colectivo.
Los pactos con Bildu
"Son tiempos difíciles para las víctimas del terrorismo debido, principalmente, a la derogación de la política de dispersión de presos sin exigir un mínimo de arrepentimiento y por el papel protagonista en la política actual, tanto a nivel nacional como en Navarra, de los sucesores del brazo institucional de ETA", señaló hace unas semanas la presidenta de la AVT en referencia a EH Bildu, del que advierte de que "no es un partido progresista ni es un partido que tenga una agenda social".
EUROPA PRESS _ La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pasa por delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
"Seguimos siendo un instrumento útil al servicio de la ciudadanía", celebró el pasado 23 de noviembre la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, tras confirmar el respaldo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Un apoyo esperado tras haber normalizado el Ejecutivo de coalición el papel de la izquierda abertzale en la gobernabilidad de España. EH Bildu se ha convertido en el socio más estable de la llamada 'mayoría Frankenstein' tras apoyar los tres PGE de Sánchez a cambio de sustanciales concesiones, la mayoría de corte social, de los que puede presumir el partido de Arnaldo Otegi. La contrapartida más polémica fue la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra antes del 31 de marzo del próximo año.
La primera vez que Bildu forzó al Gobierno a concederle contrapartidas a cambio del sí de sus cinco diputados fue en 2020 a cambio de unas cesiones que el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, tildó de "tímidos avances" en el acercamiento de presos de ETA a cárceles de País Vasco y Navarra. El líder de Bildu defendió, además, que apoyar las cuentas suponía una "ventana de oportunidad" para "alcanzar la república vasca".
Se trató de la primera vez que la izquierda abertzale apoyó unos Presupuestos Generales del Estado, un giro que fue respaldado en referéndum por el 91,5% de sus bases. Un apoyo que el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, definió junto al pacto con ERC como una "consolidación del bloque" de la moción de investidura que acabó con Mariano Rajoy y que permitió la investidura de Sánchez y que incluso llevó al entonces secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a reprochar al PP que la formación abertzale tenía "más sentido de la responsabilidad".
Aunque no trascendieron cuáles fueron las cesiones pactadas, el acuerdo coincidió con la polémica del acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco y Navarra, 88 a finales de 2020. Desde entonces, Interior ha liquidado prácticamente la política de dispersión.
Más polémicas fueron en 2021 las declaraciones de Otegi durante las negociaciones con el Gobierno para los Presupuestos para 2022. "Si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos", señaló el coordinador de Bildu ante un grupo de militantes de su partido. Estas declaraciones se produjeron tan solo siete horas después su comparecencia en el Palacio de Aiete (San Sebastián), donde reconoció el "dolor" causado a las víctimas del terrorismo, aunque sin llegar a condenar a ETA.
Por todo ello, las víctimas de ETA consideran que ETA ha ganado y no les cabe duda alguna de que este mismo año todos los presos de la banda estarán en cárceles del País Vasco y Navarra, además de disfrutar de los beneficios penitenciarios que les conceda el Gobierno vasco. Ese es el "precio a pagar", a su juicio, de que la gobernabilidad de España descanse en manos de partidos como Bildu, cuya agenda pasa por dar cumplimiento poco a poco a la lista de demandas históricas de la banda terrorista.