A mediados de septiembre, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que cuando iba en metro o autobús escuchaba a la gente hablar de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cuatro años en funciones, algo que consideraba que era síntoma de que los ciudadanos habían entendido la trascendencia de la situación de bloqueo porque "les afecta directamente". Nada más lejos de la realidad, porque casi nadie habla de ese asunto ni en el transporte ni en el bar. De hecho, la mayoría de la gente no sabe ni quién es Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo que ha anunciado su dimisión tras cuatro años de parálisis.
El caso es que, más allá de las declaraciones, inventadas o no, de la ministra, el bloqueo sí afecta al ciudadano de a pie porque el Supremo acumula de miles de sentencias pendientes y tiene la última palabra en asuntos cotidianos como las custodias de los hijos o los despidos, a las que se suman miles de reclamaciones que tuvieron lugar durante la pandemia, que hizo que todo se retrasase aún más si cabe.
Hay que recordar que la reforma de la ley orgánica del poder judicial que hizo el Gobierno para prohibir al CGPJ hacer nombramientos mientras estuviese en funciones tenía como objetivo forzar una negociación con el PP para renovar el órgano, pero no tuvo el resultado esperado. Desde entonces, la situación está estancada. Ni siquiera el levantamiento parcial al veto para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional ha arreglado parte de la situación.
Al final, lo que ha provocado esa reforma impulsada por el PSOE (y Unidas Podemos) es que se acumulen las vacantes que se van produciendo por fallecimiento o jubilación, que el CGPJ no puede renovar, y que que haya menos jueces en un momento que los procedimientos se han disparado.
Las 20 vacantes sin cubrir en el CGPJ
Durante la apertura del año judicial, Lesmes denunció que el Tribunal Supremo tenía 14 vacantes sin cubrir, que se convertirían en 20 en los próximos meses, "lo que representa el 25% de sus efectivos", provocando un retraso significativo en su ritmo de trabajo y cada vez más causas pendientes de deliberación en las cinco salas que lo componen. Eso se traduce en unas 1.000 sentencias menos cada año.
Sobre la reforma de la ley que impedía nombramientos, Lesmes dijo que "el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial".
Y es que, el Supremo tiene una importancia vital para la Justicia española. Para empezar, si un ciudadano está en desacuerdo con la resolución de un juzgado, recurre ante este órgano, que, además, sienta jurisprudencia y marca el devenir de los tribunales para que apliquen los mismos criterios en todo el territorio. Y si la Justicia se retrasa, lo hace también el futuro del ciudadano que espera una solución a sus problemas.
Custodias, divorcios, despidos...
Por ejemplo, fue el Supremo el que homogeneizó la concesión de la custodia compartida, un asunto en el que las comunidades actuaron de forma dispar. Pero también decide en asuntos como divorcios y en otros tan diferentes como hipotecas, desahucios y cláusulas bancarias abusivas, sentando la base sobre el resto de sentencias a nivel nacional.
La Sala de lo Civil, la encargada de resolver reclamaciones entre particulares, divorcios y custodias, terminó 2021 con miles de litigios pendientes. Y la cosa irá a peor porque tiene una plaza por cubrir de entre las diez que la componen, incluida la de su presidente.
Peor es la situación en la Sala de lo Social, que se pronuncia sobre despidos, entre otras cosas, y que acumula excesivo trabajo por lo ocurrido durante la pandemia con lo ERTE, etc. Compuesta por doce miembros y un presidente, tiene dos vacantes pendientes de ocuparse. Ahora, con la jubilación este mes de su presidente y otro magistrado solo habrá nueve miembros.
Su importancia es vitar porque es la que se encarga de revisar los contenciosos laborales, pensiones y prestaciones, incluido el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Tal y como denuncian desde UGT el bloqueo tiene consecuencias “catastróficas” para los trabajadores y las empresas, ya que contribuye a reforzar el retraso que se produce en la resolución de procedimientos como los despidos y las indemnizaciones.
Además, es la sala que debe interpretar la reciente reforma laboral, unificando doctrina.
Bloqueo del Constitucional
Pero el bloqueo del CGPJ afecta también al Constitucional, donde hay pendientes recursos en asuntos tan importantes como el aborto o la eutanasia, que se resolverán de una forma u otra dependiendo de si hay mayoría conservadora o progresista.
En este momento, la mayoría es conservadora, pero cambiará cuando se sustituya a los cuatro magistrados que tienen el mandato caducado, dos nombrados por el órgano judicial y dos por el Gobierno. De ahí que el Gobierno insista tanto al PP en desbloquear la situación. Y por eso el levantamiento parcial al veto de nombrar en funciones en el CGPJ, que es el que nombra a esos jueces, cuya parte conservadora no entiende que pueda hacerlo en ese órgano pero no en el Supremo.