Un TC dividido declara inconstitucional el confinamiento general del primer estado de alarma

Estima que el paraguas legal para adoptar el confinamiento de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma

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El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por una ajustada mayoría de 6 contra 5 el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, al entender que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.

Tras varios plenos de deliberación, finalmente el voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, ha sido decisivo para inclinar la balanza a favor de los cinco magistrados -todos ellos del bloque conservador- que han estimado que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma. Los otros cinco -tres de corte progresista y dos conservador-, por contra, han seguido considerando que el Gobierno actuó correctamente optando por el estado de alarma para decretar el confinamiento domiciliario.

De esta forma, la mayoría del tribunal ha votado a favor de la ponencia del magistrado Pedro González Trevijano, que decreta la inconstitucionalidad del estado de alarma.

La sentencia como los votos particulares del presidente del TC Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer se conocerán en los próximos días.

De momento, según ha anunciado el pleno en una nota informativa, el TC ha decidido, por un lado, rechazar la pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra la Orden de Sanidad del 29 de marzo de 2020, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID.

Por otro, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra el real decreto de estado de alarma, y, en consecuencia, declarar inconstitucionales las medidas que afectaron a derechos fundamentales.

En su propuesta al pleno, González Trevijano señalaba que las restricciones acordadas por el Gobierno excedieron del marco legal del estado de alarma, pues suspendieron en vez de limitar el ejercicio de derechos fundamentales, algo que debería haberse acordado mediante el estado de excepción.

El texto considera que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, como el derecho de circulación, fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión que no tiene acomodo en la Constitución.

Ahora bien, el ponente no cuestionaba las restricciones de esos derechos fundamentales sino el instrumento que utilizó el Gobierno para llevarlo a cabo, pues entiende que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales.

No se pondrá por tanto en tela de juicio la idoneidad de las medidas restrictivas, al enmarcarse en una pandemia global y en que fueron semejantes a las de los países de nuestro entorno.

Fuentes jurídicas indican que el fallo del Constitucional permitirá, en principio, que se puedan anular las multas --firmes y no firmes-- relativas a los apartados del decreto-ley que el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales. Este escenario será posible ante la interposición de recurso, dado que el fallo por sí mismo no se traducirá automáticamente en la anulación de las sanciones.

El Gobierno insiste en que salvó vidas

Tras este varapalo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que "el Gobierno respeta pero no comparte" la decisión del TC, al tiempo que ha defendido que el confinamiento sirvió para "salvar vidas".

En una breve comparecencia, Llop ha indicado que el Ejecutivo va a "analizar profundamente" la sentencia, si bien ha avanzado ya que "el Gobierno respeta pero no comparte la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas".

Además, ha destacado la división que ha habido en el seno del TC a la hora de resolver el recurso del partido de Abascal, al señalar que Moncloa respeta el criterio de los seis magistrados que han apoyado este fallo, "si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, como han defendido otros cinco magistrados de ese mismo órgano".

La democracia española, ha dicho, utilizó la figura del estado de alarma como el resto de países europeos hizo con medidas equivalentes. Y eso permitió -ha añadido- que se salvaran 450.000 vidas. Ha defendido la figura del estado de alarma, prevista en la legalidad española para supuestos como esta crisis sanitaria, y ha vuelto a expresar su respeto por el criterio de los magistrados del TC, aunque -ha enfatizado- la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez fue "conforme a los parámetros constitucionales", como han defendido cinco de los once miembros del tribunal que han debatido el recurso de Vox.

Pilar Llop también se ha referido a otras resoluciones del propio TC y del Tribunal Supremo que sí avalaron el estado de alarma, una medida que, junto al trabajo "incesante" de la ciencia, ha dado resultados que permiten "mirar el futuro con esperanza".

Abascal pide la dimisión del Gobierno

Tras conocerse la decisión del TC, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la dimisión del Gobierno y ha solicitado que se anulen todas las multas impuestas a su amparo. En declaraciones a las puertas del Congreso, Abascal no ha dudado en calificar al Constitucional de "tribunal político", razón por la cual su pronunciamiento sobre la alarma, ha asegurado, "llega tarde, llega mal y a regañadientes".

En todo caso, él piensa que la sentencia constata que el Gobierno cometió "la mayor vulneración de derechos y libertades a los españoles a lo largo de nuestra historia" y ha recordado que su partido votó en contra de varias prórrogas del decreto ahora impugnado mientras otras formaciones sí lo respaldaban.

Además de la anulación de las multas aplicadas a los ciudadanos durante el tiempo que duró el estado de alarma "al calor de un estado de excepción encubierto", según sus palabras, ha exigido que se indemnice a los españoles por esa "suspensión de libertades fundamentales".

Santiago Abascal, quien además ha reclamado la convocatoria de elecciones generales, ha afirmado que la sentencia demuestra que la moción de censura que presentó, sin éxito, contra Pedro Sánchez, no solo estaba "plenamente justificada" sino que fue la "más justificada" de todas las debatidas en democracia.

El PP pide una Ley de Pandemias

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado este miércoles a Sánchez, a "aprobar de una vez" una Ley de Pandemias tras el "varapalo judicial" del Tribunal Constitucional. "Somos el único partido que ha sido responsable. El único que ha propuesto alternativas y el único que, a día de hoy, ante este varapalo judicial al Gobierno, sigue tendiendo la mano en la quinta ola", ha asegurado Casado en la clausura de la Junta Directiva del PP de Melilla, después de una visita a la valla con el presidente del partido en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que "la respuesta jurídica a la pandemia" por parte del Gobierno "ha sido un completo fracaso" como demuestra, ha opinado, el fallo del Constitucional. Egea ha recordado en Twitter que Casado advirtió de que el Gobierno "excedió con creces su alcance Constitucional" y que ahora el Tribunal Constitucional lo confirma. "El estado de alarma fue inconstitucional y las comunidades autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus", ha expresado en referencia a la Ley de Control Pandemias que propone su partido.

Asimismo, el secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha considerado que el fallo supone "un tremendo varapalo judicial al Gobierno" que pone de manifiesto que "España necesitó y necesita una Ley de Control de Pandemias y que Pedro Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla".

Echenique anima al TC a presentarse a las elecciones

En un tono muy distinto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cuestionado que el Tribunal Constitucional haya tumbado el primer estado de alarma y le ha sugerido que se presente a las elecciones.

El dirigente de la formación morada critica que el Constitucional impida localizar la fosa del poeta Federico García Lorca el mismo día que tumba un estado de alarma que, enfatiza "salvó cientos de miles de vidas". "Ya puestos, que se cambien directamente el nombre a Tribunal Voxtitucional y se presenten a las elecciones", ha añadido Echenique en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

También ha censurado la decisión del Constitucional el coportavoz de Podemos y coordinador del partido en Castilla y León, Pablo Fernández, quien considera que "la cabeza política" de la derecha y la "ultraderecha" en España no es el líder del PP, Pablo Casado, ni la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ni el presidente de Vox, Santiago Abascal, "sino una parte importante del Poder Judicial".

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