La mayoría progresista del Tribunal Constitucional avalará la actual ley del aborto y se opondrá a cualquier tipo de restricción o limitación de este derecho en la sentencia que se debatirá la próxima semana, según ha publicado este lunes El País. En el pleno del órgano de garantías, que celebrará el próximo 7 de febrero, los magistrados debatirán el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular en 2010 contra la vigente ley de plazos.
Según explica el citado diario ya habría comenzado los contactos preliminares entre magistrados, contactos que ya dejan claro que ninguno de los siete jueces progresistas de los once que integran el Constitucional permitirá ningún cambio en la sentencia que ponga algún obstáculo a la libre decisión de la mujer. No obstante, como es natural en cualquier deliberación, cualquier propuesta será analizada de forma exhaustiva.
De momento, el ponente del fallo, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, no ha hecho entrega, de momento, de su proyecto de resolución. Según explica El País, si el magistrado Enrique Arnaldo viera rechazado su borrador, se abrirían varios escenarios posibles: Arnaldo podría continuar como ponente, pero teniendo que asumir en el nuevo proyecto las tesis de la mayoría o podría renunciar y la redacción de la ponencia pasaría a competer a otro magistrado, esta vez progresista. Además, en el supuesto de mantener la ponencia, le cabría efectuar en paralelo un voto particular en contra, según explica el citado diario.
La norma en cuestión, Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin necesidad de justificación por parte de la mujer. Tras este periodo, la interrupción sería posible solo si existe riesgo para la salud o vida de la mujer, malformaciones fetales graves o situaciones de violencia sexual.
Además, la norma garantiza el acceso a información y servicios de salud relacionados con la salud sexual y reproductiva y establece la obligación de garantizar la confidencialidad y protección de la privacidad de la mujer.