El juzgado ordena abrir juicio oral contra Sánchez Mato y Mayer por el Open de Tenis

Un juzgado de Madrid ha ordenado la apertura de juicio oral a los exconcejales madrileños Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como la ex consejera delegada de la empresa pública Madrid Destino Ana Varela, por la contratación de dos informes externos para denunciar malversación en el Open de Tenis.

Izquierda Unida, partido del que forma parte Mato, ha informado en un comunicado de la apertura de juicio oral tras el rechazo de varios recursos presentados por los exconcejales.

En la querella presentada por el PP y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario de Policía José Manuel Villarejo, la acusación sostiene que la contratación de dos equipos de abogados para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón supondría malversación y prevaricación administrativa por parte de los tres ex responsables del equipo de Gobierno de Manuela Carmena.

Este planteamiento fue desestimado por el propio ministerio fiscal, que pidió el sobreseimiento del caso al considerar que no se daba delito alguno.

En un comunicado, Izquierda Unida expresa su solidaridad y su apoyo total a Carlos Sánchez Mato al entender que su actuación respondía a su legítimo derecho de examinar y fiscalizar la gestión de recursos públicos del Ayuntamiento de Madrid, en línea con sus responsabilidades como concejal de Hacienda.

Esta formación política considera "un error" la apertura de un juicio oral contra el criterio del propio ministerio fiscal y califica de "desproporcionadas" las medidas cautelares establecidas por el juzgado de instrucción.

Izquierda Unida rechaza asimismo "el uso de argucias legales por parte del Partido Popular para desviar la atención de su propia responsabilidad en innumerables casos de corrupción, y criminalizar a aquellos que, a pesar de todas las presiones, luchan para investigar y denunciar sus tramas".

El 29 de mayo de 2017, el PP se querelló contra los entonces responsables municipales por encargar "a dedo", "sin publicidad" y "sin competencia" los estudios, al precio de 50.000 euros cada uno, para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Manuela Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.

Los tres investigados pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción que podría haber malversación en los contratos suscritos por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y los organizadores del Open de Tenis, una denuncia que la alcaldesa de Madrid calificó como un "error".

Entre sus argumentos, constaba que la aportación municipal al torneo era al inicio de 1,5 millones de euros anuales, una cantidad que se incrementó en 2009 hasta 5,3 millones y al año siguiente fue de 10,4 millones. Sin embargo, tres estudios municipales descartaron irregularidades en esos contratos.

Sobre el autor de esta publicación