El Gobierno quiere 'encauzar políticamente el conflicto' catalán y rechaza 'soflamas emocionales' y el 155
El Gobierno hace una valoración “muy positiva” del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra que se celebró este jueves y que tantas y tan duras críticas ha merecido por parte de la oposición. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado en Barcelona, la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, han vuelto a defender la vía del diálogo que el Ejecutivo está explorando en su relación con Cataluña y ha rechazado que no incluir la palabra Constitución en el comunicado final de las reunión del Palacio de Pedralbes sea una cesión. Sobre las protestas en la calle, han hecho un llamamiento a las movilizaciones pacíficas y han defendido el derecho de manifestación.
“El Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo, No hay otra receta: ni soflamas emocionales ni la aplicación del 155”, ha asegurado la ministra portavoz, al recordar que “uno de los objetivos del gobierno es encauzar políticamente las relaciones con Cataluña”. De hecho, ha recordado que “deshielo” es el término que han utilizado los dos presidentes, Sánchez y Torra, para valorar su encuentro del jueves.
Uno de los asuntos que más le han afeado al presidente del Gobierno, aparte del hecho en sí de que se reuniera con alguien a quien los líderes de la derecha tachan de “desequilibrado” y “golpista”, es que en el comunicado final no se hablara del necesario respeto a la Constitución y si de “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. Batet ha recordado que “no puede haber seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico que está compuesto por todas y cada una de las normas vigentes”, incluida la Constitución. “Diálogo en la seguridad jurídica” sería la receta que propone el Gobierno para afrontar la cuestión catalana.
Batet ha recordado al respecto el artículo 9.3 de la Constitución: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Y Celaá ha respondido a los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que no dejan de pedir que se active de nuevo el artículo 155, de esta manera: "Parece que el 155 es el único artículo constitucional. Su aplicación no aporta ninguna respuesta política en este momento al tema catalán. Salvo que tras su invocación se esconda un afán de recentralización de las competencias y con esto no está de acuerdo el Gobierno en absoluto". La portavoz ha añadido que "la Constitución es también todo el Título VIII con la configuración del Estado de las Autonomías" y con todo lo que ello comporta para la prosperidad de España.
Ambas ministras han subrayado que no es posible hablar de autodeterminación porque no existe tal derecho y a una pregunta sobre si es posible la normalización mientras haya políticos presos y lo que el independentismo llama “exiliados”, han recordado que “esto es un Estado de Derecho que se sustenta sobre la separación de poderes”. Celaá ha hecho hincapié en que “el Ejecutivo no puede de ninguna manera interferir en el judicial, que es el que determina prisión o libertad” y ha reiterado que en lo que está volcado el Gobierno es en “abrir el camino a una solución política”.
Pese a la acritud de las críticas de Casado y Rivera -el líder del PP ha llegado a acusar al presidente este viernes de cometer “un acto de traición a España”- la portavoz ha hecho un llamamiento a “las fuerzas de la derecha” para que hagan una “reflexión” sobre la conveniencia de apoyar los Presupuestos del Gobierno socialista. La aprobación del techo de gasto por el Congreso, que se produjo el jueves con el voto favorable de los independentistas catalanes, no impedirá que la mayoría absoluta del PP en el Senado lo tumbe la próxima semana. Para Celaá, “es una anomalía democrática que esto tenga que acabar en el Senado”. La ministra ha recordado que la flexibilización del déficit beneficia a las comunidades, también a las que están gobernadas por el PP.
El Consejo de Ministros se ha desarrollado sin sobresaltos. Claro que lo raro hubiera sido lo contrario dado el impresionante despliegue de efectivos que han vaciado los alrededores de la Llotja de Mar, donde se ha reunido el Gobierno, y han mantenido a raya a los radicales independentistas que se han manifestado en el exterior haciendo de las suyas: cortes de carreteras y calles de Barcelona, destrozos del mobiliario urbano, choques con otros manifestantes más pacíficos y provocaciones a los Mossos que han dado pie a alguna que otra violenta carga policial.
El ambiente más allá del cordón establecido para evitar que las protestas alteraran la reunión del gabinete no ha respondido para nada a los conceptos de “cercanía y afecto” a los que ha apelado Isabel Celaá para justificar la itinerancia del Consejo de Ministros, que ya se ha desplazado dos veces fuera del Palacio de la Moncloa -a Sevilla y Barcelona- y que próximamente tiene previsto hacerlo a la Comunidad Valenciana y a Extremadura. “Celebramos estar reunidos en un parte del territorio español. Es compatible la libertad de manifestación”, ha dicho la portavoz y ha destacado que “el Consejo de Ministros lo es de toda España y no poder reunirnos aquí nos llevaría al absurdo”.
El caso es que los incidentes de la mañana han terminado con once detenidos y u total de 32 heridos de diversa consideración, entre ellos 20 Mossos, aunque ninguno de gravedad. Entre ellos hay también un reportero de Intereconomía que ha sido agredido por un miembro de los CDR, que le ha propinado un puñetazo y que ha sido dado de alta "in situ" tras sufrir contusiones leves en la nariz.
Acuerdos del Consejo: medidas sociales y otras dirigidas a Cataluña
En cuanto a los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, se ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros para que entre en vigor en 2019, lo que supone un incremento de 164 euros mensuales. Las cuantías que tendrá el SMI para 2019 se situarán en 30 euros diarios, 900 euros mensuales y 12.600 euros anuales, al tiempo que el salario mínimo para eventuales y temporeros será de 42,62 euros diarios y el de los empleados del hogar ascenderá a 7,04 euros la hora.
Además, el gobierno ha aprobado la subida del salario de los empleados públicos en un 2,25%. Este acuerdo prevé un incremento salarial fijo del 1,75 % este año, ya aplicado, el 2,25 % en 2019 y el 2 % en 2020, a lo que se suma una parte variable del 0,25 % en 2019 y el 1 % en 2020 si la economía crece al menos un 2,5 % cada año -si es menor a esta cifra disminuye proporcionalmente-. En 2020, se añade un 0,55 % adicional por el cumplimiento del objetivo de déficit público. El acuerdo también prevé fondos adicionales para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones que permitirán añadir subidas del 0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,3 % en 2020.
Y a todo ello hay que añadir un paquete de medidas específicamente dirigidas a Cataluña como la licitación de contratos para conservación y explotación en carreteras del Estado en Cataluña por más de 85,3 millones de euros, más otros 27,5 millones añadidos para acondicionar el trazado de la N-II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Girona). Hay también otras de corte más simbólico como la decisión de cambiar el nombre del aeropuerto de El Prat por el de Josep Tarradella y el rechazo y condena del juicio a Lluìs Companys, el presidente de la Generalitat que fue sentenciado a muerte en 1940.
Como recuerdan fuentes del Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya declaró la ilegitimidad de las condenas de los tribunales durante la guerra civil y el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre una iniciativa por la que declaraba nula la sentencia por la que Companys fue ejecutado. A este respecto, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha señalado en la rueda de prensa que con esta declaración el Consejo de Ministros toma conocimiento de la aprobada por el Parlamento. Y en cuanto a la nulidad del juicio que condenó a Companys, Batet ha explicado que requiere previsión normativa y legal y ha recordado que en estos momentos está contemplada la propuesta en una proposición de ley que ya se tramita en el Congreso, por lo que puede ser aprobada eventualmente.
Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha una comisión de trabajo para la rehabilitación y garantía del derecho al honor de los miembros de las reales academias y academias de ámbito nacional sancionados durante la Guerra Civil y dictadura, y ha recuperado "el honor y memoria" de los primeros siete académicos. Estos siete científicos en su día fueron todos miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y durante el citado período fueron cesados y les fueron retiradas sus medallas por razones políticas, ideológicas o de creencia contrarias al régimen. Esto provocó, recuerda el Gobierno, el menoscabando de su derecho al honor y a la propia imagen personal, profesional y académica, viéndose obligados algunos de ellos a recurrir al exilio.
