IMPUESTOS A LA BANCA Y A LAS ELÉCTRICAS

El Gobierno propone gravar con un 4,8% los ingresos de la gran banca y con un 1,2% los de las energéticas

Prevé establecer una sanción en caso de que las empresas trasladen el impuesto a los clientes del 150% del importe repercutido

Patxi López, después de que PSOE y Unidas Podemos registraran este jueves como Proposición de Ley en el Congreso el nuevo impuesto a la banca y las empresas energéticas

EFEPatxi López, después de que PSOE y Unidas Podemos registraran este jueves como Proposición de Ley en el Congreso el nuevo impuesto a la banca y las empresas energéticas

El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% los intereses y las comisiones netas a la gran banca con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año, así como una sanción para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los usuarios. El sector bancario ha denunciado que este nuevo impuesto supondrá un obstáculo para la recuperación económica y la creación de empleo, y no conseguirá su objetivo de combatir la elevada inflación.

Así se recoge en las proposiciones de ley que el Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Por otro lado, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

La banca avisa: el impuesto podría ser un lastre

En un comunicado conjunto, tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han advertido a su vez de las consecuencias que puede tener el nuevo gravamen para la estabilidad financiera, en un contexto marcado por el incremento de precios y las tensiones geopolíticas.

En este sentido, recuerda que el sector lleva realizando una contribución "relevante" a la economía española, así como a la sostenibilidad del gasto público a través de tributos específicos. Además, aseguran que la medida podría lastrar también la capacidad de las entidades de conceder crédito, así como su competitividad en el mercado único europeo.

Pese a ello, la AEB, que representa a los principales bancos españoles -Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter-, y la CECA, que aglutina a las antiguas cajas de ahorros reconvertidas desde hace años en bancos, como Caixabank, muestran su disposición a dialogar con el Gobierno y los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.

Ambas asociaciones, que aseguran estar analizando los detalles técnicos de la nueva normativa, recuerdan que la negociación se debe realizar sobre los "principios básicos" del sistema tributario español, como son "la igualdad, no discriminación y capacidad económica".

El PSOE y el pacto de rentas

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha asegurado sin embargo que la creación de los dos nuevos impuestos a las empresas energéticas y la banca es la aportación que hace el Gobierno al pacto de rentas nacional que se está reclamando a los agentes sociales para contener la inflación.

"Para avanzar en ese pacto de rentas, en la distribución de las cargas de la crisis, creamos un gravamen temporal sobre el sector energético y la banca que se encuentran en una posición mucho mejor ante el incremento de los precios", ha afirmado López en su primer encuentro con la prensa como portavoz del grupo en el Congreso.

"El Gobierno no es un mero espectador, un facilitador del diálogo entre los agentes sociales, sino que interviene y adopta medidas económicas para conseguir este objetivo (...) y el instrumento que tiene para ello es la fiscalidad", ha dicho tras registrar junto con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, la proposición de ley que regula los nuevos tributos.

Según López, "no puede ser" que en las crisis los pobres se hagan más pobres y los ricos, más ricos, mientras las clases medidas y trabajadoras "acaban pagando los platos rotos", razón por la que se ha decidido que las empresas que están obteniendo beneficios extraordinarios "aporten una parte a la solidaridad común", porque "no hay justicia social sin justicia fiscal".

Patxi López y "papá Estado"

Preguntado por las críticas que han surgido desde el ámbito bancario, López ha dicho que quienes se quejan son los mismos "que se llevaron 60.000 millones de dinero público en la anterior crisis" que les resolvió "papá Estado". "Son los mismos que socializan las pérdidas y privatizan los beneficios y hasta aquí, ya no cuela, ahora les corresponde aportar su parte", ha asegurado.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha querido "celebrar" una medida que dice "a los poderes económicos que tienen que arrimar el hombro" y "contribuir a que el conjunto de la población pueda afrontar con mejores perspectivas la crisis económica que estamos viviendo".

Sin embargo, ha advertido de que si las empresas repercuten los impuestos a los clientes su grupo volverá a reclamar "mano dura", en línea con la petición de incorporar un delito en este sentido en el Código Penal, que acarreara incluso penas de cárcel.

Con respecto a la tramitación, ha señalado que "esta ley solo va a poder salir adelante con la mayoría progresista de esta cámara" y ha asegurado que "si hay modificaciones, en ningún caso serán en el sentido de descafeinar la ley, sino en todo caso de hacerla más ambiciosa".

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  • ¿Cuántos bancos se verán afectados?

    Cerca de una decena de bancos españoles, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja Banco y Bankinter, tendrán que hacer frente al nuevo impuesto que pretende aprobar el Gobierno con el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros durante dos años. Además de esas seis grandes entidades se incluirían, al menos, otras tres (Kutxabank, Abanca y el Grupo Cooperativo Cajamar), según los datos consultados por Efe, teniendo en cuenta que el impuesto será abonado por todas las entidades cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones en 2019.

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