Bloqueo judicial

El Gobierno propondrá a Juan Carlos Campo y Laura Díez como nuevos magistrados del Constitucional

El Consejo de Ministros nombrará hoy las dos plazas vacantes para renovar el Tribunal Constitucional

El Gobierno propondrá a Juan Carlos Campo y Laura Díez como nuevos magistrados del Constitucional

EFEJuan Carlos Campo, exministro de Justicia, en una imagen de archivo

Tras meses de veto por parte del sector conservador, cinco en total, el Gobierno mueve ficha y nombrará este mismo martes a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional. Según ha publicado este martes El País, el Ejecutivo designará hoy en el Consejo de Ministros a Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia de Sánchez, y a Laura Díez, catedrática de derecho constitucional y ex alto cargo en La Moncloa, como nuevos magistrados del Constitucional.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

La renovación de organismo lleva acumulados cinco meses de retraso fruto del bloqueo del sector conservador y Moncloa quiere poner fin a la situación cubriendo sus dos vacantes, los otros dos magistrados que deben ser designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen sin renovación.

Con los nuevos nombramientos se desmorona la predicción del Partido Popular, que aseguraba que el Gobierno de Pedro Sánchez nombraría a alguien cercano a ERC. Las dos propuestas del Gobierno cumplen por tanto con lo requerido en la Constitución Española, que especifica en su artículo 159 que los miembros del Constitucional "deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional".

Campo salió del Gobierno tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop y tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del 'procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente.

Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.

Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.

Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.

De mayoría conservadora a progresista

Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).

Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante.

Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.