El Gobierno estudia incentivos para los funcionarios que trabajen más allá de los 60 años
También se compromete a analizar la jubilación anticipada para sanitarios a petición del sindicato
El Gobierno se ha comprometido a estudiar la puesta en marcha de incentivos para los funcionarios de clases pasivas que prolonguen su vida laboral más allá de los 60 años, así como el reconocimiento de la jubilación anticipada para los empleados públicos del sector sanitario, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El sindicato ha mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para trasladarles sus propuestas en materia de pensiones.
Una de ellas, que el Gobierno se ha comprometido a estudiar, según CSIF, es la de establecer un incentivo anual del 5%, acumulable, para el personal de clases pasivas que, con carácter voluntario, decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años, con el 100% de su haber regulador (la base para calcular el importe de la pensión).
Para calcular el importe de la pensión de jubilación de los funcionarios se aplica un porcentaje que está en función de los años completos de servicios efectivos al haber regulador, cuya cuantía depende del Cuerpo o categoría del funcionario.
A la base o haber regulador que corresponda se aplica el porcentaje que procede de acuerdo con una escala en la que se tienen en cuenta los años de servicio acreditados en el Cuerpo o categoría hasta alcanzar 35 años o más, en los que se aplica el 100% al haber regulador.
Según datos de la Seguridad Social, las jubilaciones voluntarias se incrementaron un 21,9% en 2020 con respecto a la media de 2018 y 2019, aumento que CSIF achaca a la "incertidumbre" creada en el colectivo de funcionarios por el traspaso de las Clases Pasivas desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de la Seguridad Social.
"Este cambio de competencias y la situación económica han generado el temor de que se puedan producir recortes en la pensión", alega CSIF.
El sindicato señala que si la mitad de las 10.502 jubilaciones voluntarias de funcionarios que se produjeron en 2020 se hubieran demorado, el Estado podría haberse ahorrado 49,5 millones de euros.
CSIF defiende que su propuesta de retraso voluntario de la jubilación entre los funcionarios no sólo no genera gasto, sino que además permitiría elevar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas "y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General".
En este sentido, el sindicato reclama elevar los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar sus pensiones con las del Régimen General. "Se da la circunstancia de que en el régimen funcionarial, al computarse toda la vida laboral, se minora en mayor medida la cuantía de la pensión, fundamentalmente en aquellos casos en que el empleado público ha promocionado a cuerpos superiores. Esta situación provoca una minoración de la pensión de entre un 15% y un 35% en relación al Régimen General", expone CSIF.
Jubilación anticipada para sanitarios
Otro de los compromisos que, según CSIF, ha adquirido la Seguridad Social con el sindicato es estudiar el reconocimiento de la jubilación anticipada para el personal de la Sanidad por la penosidad de sus condiciones de trabajo, estableciendo para ello coeficientes reductores, como se ha hecho con los policías locales.
Además, CSIF ha hecho otras propuestas a la Seguridad Social para el conjunto de los trabajadores que pasan por permitir la jubilación voluntaria a los 60 años con un periodo mínimo de cotización de 30 años; poder cobrar el 100% de la pensión con un periodo de cotización igual o superior a 38 años para las jubilaciones voluntarias (con menos años cotizados, descuento del 3% por cada año que reste hasta los 38 años cotizados; y permitir el acceso a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años.
Según CSIF, la reforma de pensiones puesta en marcha por el Gobierno con el acuerdo de los agentes sociales supone un "nuevo recorte" a los derechos de los trabajadores a la hora de acceder a la jubilación voluntaria a partir de los 35 años de cotización, ya que "podrían perder hasta 8.000 euros al año por los nuevos criterios que endurecen las condiciones de la pensión y los tramos reductores".
