El Gobierno desoye al Poder Judicial y aprobará la Ley de Vivienda el próximo martes

En un duro dictamen que no es vinculante el CGPJ advierte al Ejecutivo que la norma vulnera competencias de las comunidades autónomas

CGPJ

El Gobierno desoye el duro informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado este jueves por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lo aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 1 de febrero. El Poder Judicial, en un dictamen preceptivo pero no vinculante, advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear esta ley, entre ellos conflictos competenciales

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que en el informe del CGPJ "no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica que siempre hemos defendido de este anteproyecto".

"Analizaremos el informe, pero habrá ley de vivienda, y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza: la llevaremos a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes", ha afirmado la ministra, tras recalcar su seguridad de que "la ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".

La ministra ha enmarcado el informe crítico del poder judicial dentro de la "reacción de la derecha, que era de esperar, porque ya ha pasado en otras ocasiones". En esa línea, ha argumentado que los avances sociales en España "siempre han sido gracias a los gobiernos socialistas, mientras que la derecha siempre ha reaccionado en contra, aunque luego se ha sumado a los avances". "Seguiremos defendiendo a los ciudadanos y esta ley saldrá adelante", ha recalcado, tras equiparar la Ley de Vivienda con la Ley del Aborto, la de la eutanasia y la del matrimonio igualitario.

La ministra ha incidido en que el informe no vinculante del CGPJ era preceptivo para que se pronunciara sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referido a los desahucios y en que, sobre eso, en concreto, no contiene "ninguna consideración que haga cuestionar algún articulo". A su juicio, aunque el poder judicial "puede emitir las valoraciones que quiera, a lo que hay que ceñirse es a eso".

"Queda muy claro que el CGPJ debía pronunciarse sobre tres cuestiones determinadas de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre los desahucios, pero en el informe hay otro tipo de consideraciones que escapan la valoración técnico jurídica y van más allá, y esa no es la misión que tenia el CGPJ", ha criticado.

El duro informe del CGPJ

Sin embargo no es lo que piensa el CGPJ, que ha aprobado este jueves, por quince votos a seis, el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley.  El dictamen ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero, propuesto por el PNV, y Enrique Lucas, por el PP, después que el órgano de gobierno de los jueces rechazara el pasado día 14 una propuesta que avalaba el texto presentada por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.

A lo largo de sus 60 páginas, el informe se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno" y señala que sus directrices generales están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

En esa línea, recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una "expropiación" regulatoria.

Asegura también que el anteproyecto apunta a "una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda", que interfiere en el libre mercado y que pretende "fosilizar" el concepto de función social de la propiedad.

Destaca asimismo sus "conceptos jurídicos vulgares" y rechaza casi todas las definiciones que introduce por "innecesarias", "redundantes" o porque chocan con las de otras leyes, como la Ley del Suelo.

Posible conflicto competencial

Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que "siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", así como que "su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales".

Sostiene que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta "a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos y avisa del "posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto".

Continúa la tramitación

Aunque el informe del poder judicial supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, éste pretende seguir adelante con la tramitación de la norma, después de leerlo "con respeto y atención".

Desde que trascendió hace unos días el contenido del dictamen, los socios de gobierno han hecho hincapié en que el mandato del CGPJ está caducado hace tres años y en que no representa a la actual mayoría parlamentaria, porque el PP bloquea su renovación.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defienden que su anteproyecto de ley está "bien armado técnica y jurídicamente" y que respeta "escrupulosamente" las competencias de las comunidades, mientras que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, está inmersa en una ronda de contactos con el movimiento por la vivienda para mostrar el "respaldo social" que tiene.

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