El Gobierno, convencido de que los condenados no lo volverán a hacer, ve muy difícil que el TS tumbe los indultos
El Gobierno está convencido de que los condenados por el 'procés' no lo volverán a hacer, ya que la pena de inhabilitación se mantiene, el indulto está condicionado a que no cometan otro delito grave y políticamente son conscientes de que en 2017 condujeron a Cataluña a un precipicio. Además, el Ejecutivo considera que los indultos a los presos del 'procés' que ha aprobado este martes están suficientemente motivados y argumentados y, por ello, ve "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.
Fuentes del Ejecutivo restan así también importancia a la falta de arrepentimiento. Están convencidos de que la vía elegida es la mejor para intentar restablecer la concordia y la convivencia en Cataluña a través del diálogo y creen que ningún preso puede condicionar que el Gobierno quiera abrir una nueva etapa y tender puentes.
La prisión de los condenados por el procés, según estas fuentes, era el "principal escollo" para el diálogo, un "callejón sin salida" y los indultos quitan además argumentos a los independentistas, que apelaban al victimismo. Que hubiera líderes políticos en prisión en una democracia occidental, añaden, es algo también muy excepcional y en Europa y en el resto del mundo no se entendía que hubiera penas tan elevadas.
Creen en Moncloa que tomando la iniciativa hacen política con mayúsculas, pasan página y abren una nueva etapa.
Reconocen que fueron condenados por hechos muy graves, pero insisten en la necesidad de pasar página porque ha habido errores en ambas partes: el independentismo ignoró a la mitad de Cataluña y los Gobiernos de España también dieron la espalda a ese movimiento independentista.
Desde el Gobierno insisten en el respeto al Estado de derecho y no temen por la unidad de España, que ven garantizada. El Supremo dictó una sentencia firme, que el Gobierno no revoca y que ha tenido consecuencias, ya que los condenados han estado más de 1.300 días en prisión
A su juicio, los indultos son lo mejor para el interés general, un "primer paso" para devolver la normalidad a Cataluña y a las relaciones institucionales y afectivas entre los catalanes y el resto de los españoles. Tenían que intentarlo, apuntan, y confían en que generen el clima propicio para hablar.
Insisten la fuentes en la apuesta por el diálogo como único cauce para resolver este conflicto y recuerdan que ya sirvió para reconciliar en los años setenta a personas que se habían enfrentado en una guerra y en una dictadura, que fueron capaces de acordar una Constitución.
El Ejecutivo apuesta por superar la "espiral tóxica" actual, empezar a reconocerse como realidades políticas y hacerlo "con cerebro y no desde las vísceras".
La mesa de diálogo está pendiente y en ella se sentará el Gobierno con "límites claros", la Constitución y la ley, subrayan la fuentes. Aspira el Gobierno a una solución trasversal como cree que fue el Estatut de 2006, que recibió el apoyo del 74 % de los catalanes.
La respuesta a la actual situación, apuntan las fuentes, no puede ser mantener el enfrentamiento o llenar un barco Piolín de policías, sino buscar un proyecto "atractivo" capaz de seducir a la gran mayoría de los catalanes.
Los posibles recursos a los indultos
Por otro lado, el Ejecutivo considera que los indultos a los presos del procés están suficientemente motivados y argumentados y, por ello, ve "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.
Fuentes del Ejecutivo han rechazado analizar la legitimación del PP o de Vox para recurrir estas medidas de gracia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, pero han insistido en que las razones de "utilidad pública" por las que el Ejecutivo ha acordado los indultos son suficientes según la jurisprudencia de ese tribunal.
El Gobierno no argumenta razones de justicia o de equidad, solo de utilidad pública, pero está convencido de que son bastantes para justificar las medidas de gracia por las que ha anulado las penas de prisión a los nueve condenados por sedición por los acontecimientos de otoño de 2017.
El otro requisito que exige la Sala Tercera es motivar y explicar los indultos, máxime cuando hay un informe en contra del tribunal sentenciador, por lo que el Ejecutivo ha incluido "34 folios de motivación". Las fuentes consideran que el procedimiento se ha seguido "de manera escrupulosa" y que, de presentarse, los recursos no serán aceptados.
Tampoco ven futuro a unas posibles medidas cautelarísimas para revertir los indultos, dado que ese tipo de decisiones se toman solo en casos en los que los daños que se puedan provocar sean "irreversibles", algo que no ocurre en este caso.
Asimismo, tienen claro que no se trata de un "autoindulto", como sugirió en su informe el Supremo por tratarse de personas que representan a partidos que apoyan al Ejecutivo, porque el Gobierno interpreta de forma restrictiva esa prevención y cree que afecta tan solo a los miembros del Consejo de Ministros.
