El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros Extraordinario un Real Decreto-ley a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. El paquete incluye ayudas directas y reducciones fiscales para el sector agrícola y ganadero.
"España afronta desde hace años periodos de sequía pero, a consecuencia del cambio climático, la incidencia es cada vez peor", ha explicado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior. "Hacer frente episodios como el actual requiere anticipación" insiste.
Unidas Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez, ya se desmarcaba a primera hora del jueves de las soluciones aportadas por el Ejecutivo tras tachar de "insuficiente" su paquete de medidas y reclamar que se incorporen propuestas de su plan de "escudo climático", que el partido presentó el pasado 28 de abril.
Entre las medidas aprobadas se encuentra elevar al 20 % el uso de agua reutilizada en poblaciones y que el Gobierno central asuma obras hidráulicas en Cataluña, Andalucía y Levante. "Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda", ha subrayado Teresa Ribera.
Así, declaradas de interés general, el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Es "obvio" que estas infraestructuras no estarán operativas para este verano, pero es "obvio también" que los episodios de sequía serán cada vez más intensos y graves debido al cambio climático y se requiere de compromiso especial "que va más allá de la lectura que podamos hacer de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas", ha dicho la también vicepresidenta tercera del Gobierno.
- Reducir la presión sobre Doñana
"Es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo", según Ribera, que ha explicado que también han aprobado intervenciones para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren Doñana. Así, se sustituirán los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, y se ha aprobado la transferencia de 3 hectómetros cúbicos (Hm3) anuales.
Tanto las obras necesarias para ejecutar este trasvase, como para abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central, según Ribera, que ha añadido que están manteniendo un marco de trabajo técnico bilateral con la Dirección de Agua de la Junta de Andalucía, con reuniones quincenales, en las que se aborda el efecto de la sequía y la planificación de las actuaciones.
"Junto a estas inversiones hemos querido anticipar obras muy significativas que aparecían recogidas en los planes hidrológicos del Segura, Júcar y Tajo", cuya encomienda de gestión directa será encargada a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
Esta sociedad también ha recibido luz verde para licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltáicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, dotado con 600 millones de euros.
- Elevar un 150% el volumen de agua reutilizada
En consonancia con la normativa comunitaria, el real decreto modifica la Ley de Aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas para que estas pasen del 10 al 20 % del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.
Así, el objetivo es pasar de los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027, lo que implicará un incremento del 150 %.
Según el Ejecutivo, las medidas contempladas en el real decreto ley suponen una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, de los que 1.400 millones serán aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
784 millones de euros en ayudas directas para ganaderos y agricultores
Entre las medidas aprobadas este jueves se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.
Por su parte, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha celebrado las medidas son olvidar las ya aprobadas. "Las medidas que hoy adoptamos es complementaria a las que ya se han adoptado". Planas ha especificado que los 784,2 millones de euros dedicados al sector agrario y ganadero "es una cantidad tremendamente grande para garantizar la cadena de producción y alimentación en relación con los precios de los alimentos. Son destinadas también a aliviar las cargas de los agricultores".
De las ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura.
La situación en los embalses españoles sigue siendo alarmante: la reserva hídrica ha caído al 48,9% y encadena cinco semanas a la baja. Por si fuera poco, tanto abril como los meses anteriores, han entrado en el ranking histórico como los meses más secos jamás registrados y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no son nada halagüeñas.
Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo.
El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación "compleja" que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de "extraordinaria y urgente" necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.
Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).
- Eximidos del pago del IBI
En materia fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
Planas ha recordado que en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una "importante" rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25% lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30% y el 50% para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.
Asimismo, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC.
Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
- Aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
- Financiación
Por otro lado, el decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo.
Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.
- Seguros agrarios
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios.
Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.
- Flexibilización de la PAC
Asimismo, el real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes.
Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta este jueves, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, eco regímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.
Se escalona además en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
- Medidas hidráulicas
Por último, los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100% si la reducción en la dotación de agua supera el 60%, y del 50% si el recorte del suministro ha sido de entre el 40% y el 60%.
Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir, por su parte, tendrán una reducción del canon del 50%.
Medidas ya adoptadas contra la sequía
Desde el año pasado, el Ejecutivo ha tomado medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía, como el decreto del 15 de marzo de 2022 con ayudas en materia fiscal, laboral, social y financiera, valoradas en 450 millones de euros. Dicha norma se aprobó días después de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía en la que se creó un grupo de trabajo permanente para hacer seguimiento del impacto de la escasez de agua en la agricultura.
En la última reunión de la Mesa de la Sequía, el pasado 19 de abril, se constató que la situación de sequía era "grave y generalizada", aunque con diferentes grados de afección entre cultivos y territorios.
Estos últimos meses el Gobierno ha dado otras ayudas a la ganadería y al sector de los cítricos, así como para paliar el encarecimiento de los fertilizantes, por valor de 650 millones de euros.
Se han aplazado las cuotas sociales para empresas y autónomos, reducido el número de peonadas necesarias para tener derecho al subsidio agrario, y equiparado la contratación como fijo discontinuo en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
Entre las medidas fiscales, se ha reducido recientemente un 25 % el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el sistema de módulos para todos los productores, con mayores coeficientes en determinados cultivos.
Junto a otras reducciones, el Gobierno estima el alcance de esa rebaja fiscal en 1.807 millones de euros sobre la base imponible, una cifra "histórica" frente a los 1.093 millones del año pasado.
El Gobierno también ha destinado 25 millones de euros a préstamos bonificados y avales, e incrementado la ayuda a la contratación de seguros agrarios, con un presupuesto de 257,7 millones de euros en 2022 y de 317,7 millones en 2023.