El Gobierno da luz verde al plan de vivienda y al bono joven de alquiler
La aprobación de este bono joven se ha visto empañada por el rechazo del CGPJ al anteproyecto de Ley de Vivienda que estaba previsto ser refrendado por el Consejo de Ministros este martes
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el bono joven de alquiler para jóvenes menores de 35 años, de 250 euros al mes en el caso de los pisos y de 300 euros por habitación, aunque los criterios definitivos se fijarán en la próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana (Mitma) y las comunidades autónomas, como ha señalado la ministra del Mitma, Raquel Sánchez. El Gobierno ha aprobado además el real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros, así como el anteproyecto de ley de arquitectura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha señalado que el plazo para solicitar estas ayudas se abrirá dentro de "mes y medio o dos meses máximo", aunque se efecto será con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Los solicitantes deberán tener entre 18 y 35 años, sus ingresos no pueden estar por encima de tres veces el IPREM, y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas, según ha detallado la ministra, que ha precisado que la medida beneficiará a unos 70.000 jóvenes.
Este bono, que se concederá por un plazo de dos años, será compatible con otras ayudas de las comunidades autónomas, siempre que no supere el "40% de la renta del alquiler, descontado el bono", ha precisado la ministra.
Aunque el Ejecutivo tenía previsto incluir el anteproyecto de ley de vivienda en este paquete regulatorio, la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial lo impide y no será previsiblemente hasta febrero cuando pueda enviarlo al Congreso, si el CGPJ da finalmente luz verde a su dictamen en el pleno que ha convocado para el 27 de enero.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado que "nuestra intención era aprobar el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda digna": "Este era nuestro objetivo, pero va a ser una ley que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva". "Desde el Gobierno hemos cumplido los plazos. La aprobación requiere del dictamen del CGPJ que solicitamos el pasado 1 de diciembre. Respetaremos las consideraciones que hagan, pero quiero recordar que la ley cumple en tiempo y forma", ha añadido.
Para la ejecución del plan de vivienda, el Mitma suscribirá convenios de colaboración con las comunidades autónomas y condicionará la financiación estatal a que éstas cofinancien las medidas en determinados porcentajes que especifica el texto.
Con subvenciones de hasta el cien por cien de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables, el plan de vivienda abunda en el cambio de modelo iniciado por el plan 2013-2016 hacia el fomento del alquiler con carácter prioritario.
Aunque mantiene la limitación de 600 euros de renta, ampliable a 900, del plan anterior (2018-2021), sube las subvenciones del 40 % al 50 % de dicha renta para familias que ingresen tres veces o menos el Iprem.
También prevé ayudas para que los jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el Iprem alquilen o compren casas en pueblos de menos de 10.000 habitantes y medidas para aumentar el parque público de alquiler con viviendas cedidas por la Sareb y otras entidades, empresas y particulares.
Establece además subvenciones para los promotores que fomenten los alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
Mejorar la calidad de la arquitectura
El Consejo de Ministros aprobará además, en segunda vuelta, el anteproyecto de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, avalada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que ha tenido un papel relevante en su redacción.
Según el Gobierno, esta ley persigue impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover el acercamiento de la arquitectura a la sociedad y establecer procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica.
Asimismo, pretende contribuir al desarrollo económico y social, a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural y la modernización de la arquitectura.
El control de la Sareb
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que permitirá que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pueda tener una participación superior al 50 % de la Sareb, la sociedad creada tras el rescate financiero para dar salida a los activos tóxicos de la banca. De esa forma, el Ejecutivo abre la puerta a tomar el control de la compañía creada en 2012 para sanear los balances bancarios y gestionar y liquidar los créditos e inmuebles de las entidades sujetas a restructuración como consecuencia de la crisis financiera.
A finales del pasado mes de marzo, la oficina estadística europea, Eurostat, decidió incorporar la Sareb dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de euros de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit, una decisión que hizo que el Gobierno se planteara asumir el control de la compañía.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha explicado en un comunicado que esa reclasificación de Sareb, así como su situación patrimonial, hacen "imprescindible" modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual, con el objetivo de "adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional".
La aprobación del real decreto-ley permitirá que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.
Es decir, el texto abre la puerta a que el Estado aumente su participación en la Sareb a costa de que el resto de accionistas, entre ellos la mayoría de bancos, reduzcan su peso en el capital de la sociedad, algo que podría hacerse por un precio simbólico dado que las entidades han ido provisionando el deterioro de su inversión.
Actualmente, el FROB es el principal accionista con un 45,9 % de la Sareb, seguido por el Banco Santander, que posee un 22,21 %; CaixaBank, el 12,24 %; Sabadell, el 6,61 %; Kutxabank, el 2,53 %; Ibercaja Banco, el 1,43 % y Bankinter, un 1,37 %, entre otros.
Aunque el Estado se haga con el control de la Sareb, la sociedad dispondrá de un régimen societario específico para que pueda mantener "la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora", si bien, puntualiza el comunicado, le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección.
Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía venía realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, pero el Gobierno quiere reforzar este compromiso, "en aras de maximizar la utilidad social de estos inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad".
Finalmente, se ajusta el sistema de supervisión a la nueva estructura jurídica de la compañía, si bien se mantiene el régimen de supervisión por parte del Banco de España.
