El bloqueo del Poder Judicial

El Gobierno abre la puerta a renovar el CGPJ sin el PP

Pons asegura que Sánchez y Feijóo habían acordado aparcar la reforma de la sedición y que Robles, Marlaska y Llop presionaron para reventar el pacto

Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno

EFEIsabel Rodríguez, portavoz del gobierno

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo "cumplirá la Constitución" y por lo tanto renovará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque no ha aclarado cómo lo harán al no contar con el apoyo del PP, ni si por ejemplo se plantean bajar la mayoría de elección de los vocales.

Además, la ministra portavoz ha recalcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no ha habido ningún cambio en el Gobierno respecto al delito de sedición, después de que el PP haya dicho que si Pedro Sánchez se compromete por escrito a no reformarlo, retomarían "esta misma tarde" las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ.

"En estos momentos nuestra posición (sobre el delito de sedición) está en lo que el presidente manifestó en su discurso de investidura.  Es homologarnos (al resto de países europeos), no estamos abordando ninguna otra reforma en profundidad del Código Penal", ha afirmado.

El PP suspendió el pasado jueves las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ con el argumento de que el Ejecutivo mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

Pero la ministra portavoz ha insistido en que pese a ello el Gobierno "va cumplir la Constitución" y por lo tanto renovará el CGPJ, sin aclarar cómo piensan hacerlo ni si por ejemplo están dispuestos a bajar en el Congreso de los Diputados la mayoría necesaria para elegir a los nuevos vocales pasando de tres quintos a una mayoría absoluta, como propone Unidas Podemos.

"El Gobierno se mantiene en su posición de que el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes.  Lo que va a hacer el Gobierno será cumplir la Constitución, es una obligación del Gobierno el cumplimiento constitucional, pero también lo es de la oposición", ha subrayado, sin dar más detalles al respecto.

La portavoz del Gobierno ha criticado la postura del PP al acusarlo no sólo de "certificar estos cuatro años de bloqueo" en la renovación del CGPJ, sino de "mantener ese bloqueo a futuro y sine die".

Y sostiene que para ello no era necesario que el PP cambiara de líder con el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo, ya que "para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a (Pablo) Casado". "Feijóo no lidera nada, ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país", ha añadido la ministra portavoz, que afirma que el PP ha quedado "inhabilitado" por su "rebeldía constitucional".

Además, ha comentado que la exigencia del PP para que el Gobierno no reforme el delito de sedición es una "excusa" más para no renovar el CGPJ, porque recalca que el Gobierno no ha cambiado su postura al respecto. "Basta irse a la semana pasada y escuchar a la portavoz parlamentaria del PP para comprobar que quien ha cambiado de posición el PP", ha dicho en referencia a una declaraciones de Cuca Gamarra en las que comentó que la reforma del delito de sedición y la negociación del Poder Judicial eran "dos cuestiones distintas".

La versión del PP

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que Sánchez y Feijóo pactaron en la reunión que celebraron en Moncloa el pasado 10 de octubre no tocar el delito de sedición y que no habría magistrados "afines a ERC" en el Tribunal Constitucional. Además, ha desvelado el rechazo a los términos del acuerdo de los ministros jueces que forman parte del Gobierno.

Eso sí, González Pons ha recalcado que la negociación "no estaba cerrada" la pasada semana --cuando el PP decidió el jueves por la tarde suspender las negociaciones por el delito de sedición-- porque, según ha subrayado, quedaba el "tema principal", que es un nuevo sistema de elección de los miembros del CGPJ.

En una entrevista en Onda Cero, González Pons ha explicado que "el abaratamiento de las penas" por el delito de sedición y la posibilidad de que entrasen "magistrados afines a ERC" en el Tribunal Constitucional estuvo claro "desde el principio". "De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición", ha manifestado el dirigente del PP, que ha sido el negociador por parte de los 'populares'.

Además, ha indicado que se acordó en la última reunión, en un "clima de buena sintonía", que el presidente del Gobierno comunicaría al líder del PP "quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el TC" con el fin de que el primer partido de la oposición "pudiera comprobar que no entraba ningún afín a ERC".

Así, Pons ha apuntado que el Gobierno les ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. "Una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la Presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen", ha apuntado.

Sin embargo, ha admitido que las cosas empezaron a "complicarse" cuando se informó en los medios de que "se acercaba la reforma del delito de sedición". Según ha recalcado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, les había trasladado tanto "por palabra como por escrito" que lo relativo a la reforma penal "no era noticia" sino "periodismo de autor", pero luego Pedro Sánchez confirmó "lo contrario" a Feijóó. Por ello, ha enfatizado que la última reunión no era de "trámite", sino que era "decisiva".

González Pons también ha desvelado la "inquietud" de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop) y ha indicado que, desde el martes, al conocer los requisitos acordados, "hubo una oposición" a que ese pacto "fructificase".

"El martes no hubo reunión porque el lunes los ministros jueces protestaron por uno de los artículos de la Ley Orgánica que negociábamos y tuvimos que renegociarlo entre el lunes y el martes hasta llegar a un acuerdo por el cual los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios", ha explicado.

De lo que discrepaban, según Pons, es de que el compromiso se les aplicase "personalmente" a ellos. Este compromiso tenía tres partes: que el juez que se incorpora a la política lo hiciera en excendencia --dejando de computar su antigüedad--; que el juez que vuelve de la política esté dos años sin dictar sentencias a disposición del presidente de su tribunal y que vuelva a concursar para recuperar su plaza.

Finalmente, acordaron que no se les aplicaría la primera parte porque no tenía sentido que se les aplicara cuando habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno.