Los efectos 'indeseados' del 'proyecto estrella' de Irene Montero, la Ley del 'solo sí es sí', pasan más factura al PSOE que a sus socios en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos. Es la principal conclusión del barómetro de GAD3 para el diario NIUS publicado este domingo, que además revela que una mayoría de los votantes de izquierda está a favor de cambiar la polémica norma tras la revisión a la baja de las condenas a casi 600 agresores sexuales, al menos 50 de los cuales ya han sido excarcelados.
El PSOE no sale muy bien parado del embrollo judicial causado desde la puesta en marcha de la Ley del 'solo sí es sí'. Según el barómetro de GAD3, casi el 45% de los encuestados considera que los efectos de la norma dañan tanto a socialistas como a Unidas Podemos. El sondeo aporta un dato aún más demoledor: hasta un 17% cree que el PSOE se ha visto más perjudicado por el impacto negativo de la norma que sus socios morados. Los votantes socialistas también apuntan en esta dirección y un 20% considera que la ley ha tenido un alto coste para sus filas.
Ferraz, consciente del deño electoral que ya está ocasionando el fiasco judicial de la Ley del 'sólo sí es sí', uno de los asuntos que se colará sin duda en la campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, decidió dar un golpe en la mesa hace unas semanas para subsanar el error. Aunque barones socialistas y cargos del PSOE venían alertando casi desde el principio del coste electoral que estaba provocando no fue hasta el pasado 30 de enero cuando Pedro Sánchez decidió tomar cartas en el asunto. El presidente del Gobierno ordenó a su partido registrar una propuesta de reforma en el Congreso, lo que ha elevado la tensión en el seno de la coalición. Una rectificación de la Ley del 'solo sí es sí' que el propio Sánchez ya ha avisado que los socialistas sacarán con o sin acuerdo con sus socios.
El barómetro de GAD3 revela también que existe un consenso mayoritario entre los votantes de izquierda que la norma no puede quedarse tal y como está y es necesaria su modificación. Aunque Igualdad y Unidas Podemos se niegan a rectificar la norma, sus votantes no piensan lo mismo. Más de la mitad de éstos, hasta un 54%, ve necesario reformar los aspectos más controvertidos de la ley. El apoyo a la reforma se dispara entre los votantes socialistas hasta un 77%, así como entre los nacionalistas (un 66%). En general, el 76% de los encuestados opina que la norma debería modificarse.
Por otra parte, un 43,4% de los encuestados cree que el PSOE debería contar con el apoyo del PP para sacar adelante la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. Sin embargo, entre los votantes socialistas apuestan por que la reforma sea consensuada con sus socios de Gobierno. Así lo considera el 40% de su electorado. Por su parte, la mayoría de votantes de Unidas Podemos, un 66%, prefiere que el PSOE cuente con los morados para acordar el nuevo texto de la norma. También lo rubrica una mayoría de votantes nacionalistas, hasta un 57% de ellos.
El barómetro de GAD3 para el diario NIUS se realizó durante la semana pasada, entre el 20 y 22 de febrero, con una muestra de 1.001 entrevistas telefónicas.
Casi 600 condenados ya beneficiados
El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí' es de 582, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 50 personas.
A 23 de febrero, se han confirmado revisiones de sentencia y rebajas de pena en 17 comunidades. 129 de ellas en Andalucía, 74 en Madrid, 69 en Comunidad Valenciana, 53 en País Vasco, 51 en Galicia, 40 en Baleares, 34 en Castilla y León, 24 en Murcia, 20 en Castilla-La Mancha, 19 en Asturias, 17 en Cataluña, 14 en Canarias, 12 en el Supremo, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 5 en Aragón, 4 en Navarra y 2 en La Rioja.
De estos 582 casos, 50 han conllevado la excarcelación de condenados: 10 en Andalucía, 7 de Madrid, 6 en País Vasco -1 por orden del Tribunal Supremo-, 6 en Castilla y León, 6 en la Comunidad Valenciana, 4 de Baleares, 4 de Galicia, 2 de Cantabria, 2 en Asturias, 1 en Extremadura, 1 en Canarias y 1 en Castilla-La Mancha.