El 'cuento chino' de las mascarillas de Tomás, el escándalo que persigue a Isabel Díaz Ayuso

Bajo un manto de acusaciones de espionaje, una guerra fraticida en el PP y un constante victimismo sobre ataques a su familia, la presidenta madrileña ha ido tapando una incómoda verdad: un contrato a dedo para comprar mascarillas en China en 2020 del que su hermano se llevó una 'comisión'. Un 'fuego de artificio' que de momento le ha salido bien para capear este asunto y del que probablemente salga airosa de la Justicia por la dificultad de demostrar que hubo tráfico de influencias por su parte en esta contratación que, aunque sospechosa, muchos juristas creen que es legal.

"La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España por la pandemia, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio con la venta de mascarillas". Esta demoledora sentencia que hizo Pablo Casado sobre una supuesta 'mordida' que se habría embolsado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo de ambos, por traer 250.000 mascarillas desde China en el momento más duro de la pandemia fue la que se llevó por delante al ahora presidente saliente del PP. Fue precisamente esta acusación sobre un posible tráfico de influencias por parte de Isabel Díaz Ayuso la que 'mató' al líder del PP y ahí radica la clave de este caso que, aunque bastante sospechoso, es poco probable que se pueda demostrar ante la Justicia su supuesta intervención o la posibilidad de que su hermano utilizara a un empresario amigo como testaferro como se sospecha.

Una oferta de tres líneas, publicada esta semana por el diario El País, ha sido el penúltimo capítulo de la rocambolesca historia de este polémico contrato. Un contrato, que pese a haber sido firmado hace ahora casi dos años, no salió a la luz hasta el pasado 16 de febrero y que desde entonces entre medias verdades, acusaciones cruzadas e información a fascículos y en diferido han ido conformando un complejo puzle en el que aún le faltan muchas piezas. Los hermanos Díaz Ayuso, unas mascarillas chinas de menor calidad a las ofertadas, una comisión, un amigo del pueblo con una empresa de ropa deportiva sin experiencia en el mercado sanitario y para colmo una supuesta trama de espías y una crisis interna que sacudió los cimientos de Génova son solo algunos de los ingredientes de este culebrón.

Muy poca gente, por no decir casi nadie, conocía de la existencia de Tomás hasta que el pasado 16 de febrero El Confidencial y El Mundo publicaron que altos cargos del PP estaban investigando desde octubre de 2021 al entorno de Isabel Díaz Ayuso porque sospechan que su hermano se habría llevado una comisión por un contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a un supuesto amigo de ambos el 1 de abril de 2020.

Según El Confidencial, Casado y su entonces número dos, Teodoro García Egea, habrían encargado esta investigación interna a Ángel Carromero, entonces director general de Coordinación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Según este medio, Carromero y su entorno, al no encontrar ninguna prueba que pudiera inculpar al hermano de la presidenta decidieron recurrir a detectives privados, lo que llegó a oídos de Isabel Díaz Ayuso. Un día después de salir a la luz esta información, Carromero presentaba su dimisión en el Ayuntamiento de Madrid apenas unas horas después de que el propio Almeida hubiera puesto la mano en el fuego por que nadie de su equipo habría espiado al entorno de la líder madrileña.

Acusaciones cruzadas para enmascarar una verdad: el contrato

A partir de ahí la guerra fraticida desatada entre Génova y Sol dio pasó a un cruce de acusaciones en el que poco a poco se fueron desvelando detalles del polémico contrato de las mascarillas chinas y el papel de Tomás en esta operación. Fue el propio Casado quien el día 18 de febrero ponía una cifra al dinero que se habría llevado el hermano de la presidenta por esta gestión, 286.000 euros.

Al igual que había hecho un día antes su secretario general, García Egea, el presidente del PP explicó que esta información les habría llegado a través de un mensaje anónimo. "El hermano de Ayuso cobró 300.000 euros; sólo hay que ir al modelo 347 de Hacienda para comprobarlo", rezaba el documento que llegó en octubre del año pasado a manos de la dirección nacional, en el que hablaba de dos transferencias por dicho importe bajo el concepto ‘intermediación Comunidad de Madrid'. Las alarmas saltaron en Génova y ambos citaron a la líder madrileña para que diera explicaciones sobre este contrato sin éxito alguno.

No fueron los únicos en tener esta información, ya que también llegó al principal partido de la oposición de la Asamblea, Más Madrid, poco después, el pasado 7 de noviembre, a través de 11 SMS:

• “Querida Mónica, querido Iñigo. Os hago llegar un caso grave de corrupción del hermano de Isabel Díaz Ayuso”.
• “Recurro a vosotros porque no sé cómo denunciarlo a Anticorrupción ni me puedo exponer personalmente”.
• “En el peor momento de la pandemia, abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para Epis y mascarillas de Ifema”.
• “Lo hizo a la empresa Priviet sportive de Daniel Alcázar, amigo de los Ayuso”.
• “Una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE días antes”.
• “Y cuando ingresó los pagos de la CAM hizo transferencia por valor de 300.000 euros a Tomás Díaz Ayuso”.
• “El concepto de esas transferencias es ”intermediación Comunidad de Madrid“”.
• “Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25% del importe de un contrato significa que Alcazar es un testaferro de Tomás Ayuso”.
• “Es un delito, si no son muchos y están intentando taparlo con facturas falsas, pero la transferencia no admite dudas”.
• “En vuestra mano está que no quede impune”.

El hecho de que esta información no solo estuviera en manos de Casado sino también en manos de la oposición llevó a la presidenta madrileña a decir el pasado 17 de febrero, en su primera comparecencia pública, tras salir a la luz el supuesto espionaje, que era Moncloa quien lo había filtrado. Extremo negado tanto por Génova como por el Gobierno. Sin embargo, la mecha ya estaba prendida y Ayuso había convertido esto ya en una guerra personal. "Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí", denunciaba con rostro serio y compungido una presidenta vestida de blanco y retando a Génova a encontrar pruebas de que ella no era "honrada" y censurando que metieran a su familia de por medio vinculándolo a su intención de querer liderar el PP de Madrid.

La trampa ya estaba echada y el espectáculo había funcionado, aparte de las demoledoras consecuencias para Casado, al señalarle días después los barones del partido a puerta de salida de la dirección popular. Las acusaciones de espionaje, el victimismo, los informes preparados desde la Moncloa, el ataque a su familia y la explicación de que todo respondía a un intento de la dirección popular para que ella no se hiciera con las riendas del PP de Madrid eran fuego de artificio, una maniobra con la que enmascarar y tapar lo más importante y lo que prácticamente se olvidó en aquellos días convulsos: un contrato de 1,5 millones de euros para comprar 250.000 mascarillas concedido a dedo por su Gobierno a una empresa sin experiencia en material sanitario, propiedad de un amigo suyo del pueblo, y con la participación de su hermano como mediador.

La información del contrato por fascículos

No fue hasta después de que Casado sacara a relucir la cifra de 286.000 euros el pasado 18 de febrero en una entrevista en el programa de Carlos Herrera en la Cope cuando la presidenta de Madrid reconoció en el mismo espacio por primera vez la existencia del mismo. Negó que la operación fuera ilegal aunque desconocía el importe. En cualquier caso señaló que no "creía" que Tomás se hubiera llevado 280.000 euros.

Horas después y través de un comunicado, la presidenta de Madrid revelaba que su hermano cobró 55.000 euros, pero defendió que no se trata de "una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto". Se trataba de "una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación" defendió.

Sin embargo, esta factura, emitida el 30 de junio del 2020, sería solo una de las cuatro con las que Tomás había cobrado 283.000 euros ese mismo año por trabajos con la empresa Priviet Sportive, una empresa de ropa sin relación con el ámbito sanitario y propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de la infancia de Isabel y su hermano de Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta.

Estas otras tres facturas cuya existencia no reconoce la Comunidad de Madrid hasta el pasado 24 de febrero siguen siendo un misterio, dado que el Gobierno regional no ha dado más detalles porque, asegura, "no tienen nada que ver con las mascarillas". En cualquier caso certifican que Tomás cobró 283.000 euros, una cifra muy aproximada a los 286.000 que apuntó Casado.

Una oferta de tres líneas, el origen de todo

Este miércoles, El País desveló un documento, la oferta que hizo Priviet Sportive al Gobierno regional que acabó materializándose tres días después en el contrato cuestionado. El 28 de marzo de 2020, en una breve carta, apenas tres líneas y 50 palabras, la empresa de ropa hace su oferta, omitiendo toda presentación y descripción de la compañía. Una misiva además que no estaba firmada por ningún representante de la compañía ni refleja un destinatario dentro de la Administración madrileña.

La carta describe el producto, precio, plazos de entrega y aceptación y datos de facturación. Priviet Sportive ofertó 250.000 mascarillas FFP2 adquiridas a la empresa Jiaxing Yinuo Busway Co, según explica El País. Aunque la resolución de adjudicación del 1 de abril de la Comunidad especificaba en el concento que las mascarillas pertenecía a la categoría FFP2/FFP3, más tarde se supo que ninguna de ellas era FFP3 y que las FFP2 pertenecían en realidad a la conocida categoría KN95, un estándar de calidad chino que se asemeja al de las FFP2 y que debido a la escasez de material a principios de la pandemia, se dio por bueno por parte del Gobierno durante todo un año como así recoge el BOE  del 20 de marzo de 2020.

Priviet Sportive aseguró que entregaría el material el 10 de abril de 2020, algo que tampoco sucedió. La primera parte del material comprado llegó una semana más tarde de lo indicado: 182.000 mascarillas entraron por el Aeropuerto de Barajas el 17 de abril y el resto, 68.000, lo hizo una semana después.

Tal y como figura en el contrato, el precio por "Mascarilla FFP2-3" estaría fijado en 5 euros más IVA, que elevaría el precio a 6,05 euros por cada una. Todo ello supone un total de 1.512.000 euros. Ninguna de las mascarillas que llegó se ajusta a la descripción: ninguna de ellas era FFP3 ni tampoco FFP2. Todas ellas eran 'KN95'.

Los precios que la propia Ayuso defendió en sus explicaciones, tampoco se ajustarían a la realidad, según las pesquisas del citado diario. Al parecer, la presidenta defendió que el precio (5 euros más IVA) era inferior al de otras mascarillas adquiridas por la Comunidad en abril de 2020 en lo que tildó como un verdadero "mercado persa". Como las adquiridas a BIOGEN (FFP3 por 10,5€), Palex (FFP2 por 6,5€), Lost Simmetry (FFP2 por 6 €), Helianthus (FFP2 por 5,95 €) o Barna (FFP2 por 5,30 €). Según revela, los precios a los que se ciñe Ayuso son al de las mascarillas FFP3, más caras que las FFP2 y por supuesto, más que las KN95. Las cifras son, en realidad, distintas a las justificadas por la presidenta.

La adjudicación se llevó a cabo a través del procedimiento de tramitación de emergencia previsto en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Según El País, la persona que se encargaba en el Ejecutivo regional de gestionar las propuestas de compra era Manuel de la Puente, un alto cargo conocido por Tomás Díaz Ayuso porque años atrás habían hecho negocios. La mano derecha de De la Puente era una excomercial de la empresa de la familia Díaz Ayuso, Teresa Requejo.

Pese a que el polémico contrato se suscribió a los pocos días de declararse el primer estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria, el mismo no se hizo público hasta el 10 de junio de 2020. Para más inri Priviet Sportive S.L. tampoco habría servido a ninguna otra administración pública desde que se constituyese en 1994.

Los 18 contratos de la empresa en la que trabajaba Tomás

"El tiene derecho a ganarse la vida en el sector en el que lleva trabajando más de 25 años", dijo sobre Tomás la líder madrileña nada más estallar el escándalo del supuesto espionaje que sacó a la luz el contrato de las mascarillas. Si bien es cierto que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, también lo es que la empresa para la que trabajaba su hermano, Artesolar Iluminación SA, ha recibido 18 contratos 'a dedo', sin concurso público y sin publicidad, desde que ella entró en el Ejecutivo regional por un importe total que supera los 110.000 euros.

Según informó Invertia, el primero de los contratos llegó apenas 21 días después de que Ayuso llegase a su primer puesto en el Ejecutivo regional presidido por Ángel Garrido. Su consejería entregó un contrato menor a Artesolar Iluminación el 10 de octubre de ese año. Se trataba de un encargo por importe de 17.794 euros con IVA incluido para entregar un suministro de luminarias en un edificio de Alcobendas perteneciente al Organismo Autónomo Mercantil Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

A partir de ahí, la relación entre Artesolar Iluminación, en la que Tomás trabajaba como '‘Project Development Manager' desarrollando responsabilidades de ventas y marketing, y la Comunidad de Madrid fue a más. Según el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, esta empresa ha logrado 18 contratos por un importe total de 113.180,66 euros. La mayor parte de los contratos están firmados con el Hospital Ramón y Cajal. Todos estos contratos, que incluyen desde el suministro de proyectores y lámparas Led para el Canal de Isabel II en 2018 hasta diversos servicios de iluminación del Hospital Ramón y Cajal en 2019 y 2020, eran menores, es decir fuera de concurso público. De los 18, 10 se concedieron con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno regional y su valor alcanza los 70.000 euros, según Público.

Durante muchos años ha estado vinculado laboralmente a empresas relacionadas con el mundo sanitario y hospitalario. Según su perfil, ha sido manager y director comercial de alguna de ellas. Según su perfil, trabaja como 'Business Development Manager' para la empresa IMS B.A. También ponía que trabajaba como '‘Project Development Manager' desarrollando responsabilidades de ventas y marketing en la firma Artesolar Iluminación. Sin embargo, tras salir a la luz diversas informaciones sobre la trayectoria del hermano de Ayuso y salir a relucir el nombre de esta última empresa, Artesolar Iluminación emitió un comunicado en que negaba que Tomás formara parte de su plantilla, aclarando que actúa como asesor externo en el desarrollo de algunos proyectos, tras lo cual desapreció en su perfil de LinkedIn toda referencia a esta firma.

Lo más sagrado, la familia

"Como no han podido acabar conmigo van contra mi familia", "Lo que han hecho con mi familia no tiene nombre" o “Van a por lo más importante para una persona, su familia”, son solo una pequeña muestra del argumentario al que se ha aferrado Isabel Díaz Ayuso desde que saliera a la luz a mediados de febrero el asunto de las mascarillas de China. Una defensa a ultranza de la familia contra todo aquel, oposición e incluso la hasta hace poco dirección nacional del PP, que osara mencionar si quiera el nombre de Tomás, convirtiendo la Asamblea de Madrid en una atalaya en la que disparar a diestro y siniestro a quien sacase a relucir el polémico contrato como si de un tabú se tratara. En las últimas semanas han sido contantes los rifirrafes entre la líder de la oposición, Mónica García, y la presidenta madrileña a cuenta de la comisión de Tomás y las mascarillas chinas del amigo del pueblo.

Bienvenida @idiazayuso a la Asamblea de Madrid después de 3 semanas escondiéndose tras sus mentiras. pic.twitter.com/14UIpgMNdq

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 10, 2022

El 11 de noviembre la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, expulsó a una diputada socialista María del Cármen López Ruiz, por negarse a retirar una acusación sobre el hermano de la presidenta. "Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", dijo entonces la socialista. La expulsión fulminante de López Ruiz llevó a todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Unidas Podemos e incluso Vox) a abandonar un Pleno monográfico sobre la contratación de emergencia del Gobierno de Díaz Ayuso durante la pandemia.

Esta expulsión tras mencionar a un entonces desconocido Tomás cobra especial relevancia a día de hoy. Ya que en aquellas fechas ahora sabemos que la líder madrileña había sido citada por Génova para responder sobre el asunto y que al menos Más Madrid, y posiblemente PSOE y Unidas Podemos, estaba al tanto por los SMS anónimos que recibió el 7 de noviembre, cuatro días antes del Pleno en el que fue expulsada la diputada socialista.

El pasado 18 de febrero, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada reclamando que investigue el contrato para compra de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta, ya que entienden que podría haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos".

La Fiscalía, que de momento no ha encontrado "indicios razonablemente verosímiles" de delito contra Isabel Díaz Ayuso, ha abierto diligencias previas de investigación y citará tanto al hermano de la presidenta como al empresario amigo de la familia. El objetivo de la citación es saber cómo y por qué Daniel Alcázar, un empresario sin experiencia en la materia, accedió a esta contratación, quién le comunicó que podía acceder a dichos trámites y de qué manera. También se indagará para conocer qué papel concreto tuvo en la operación y qué beneficio obtuvo del acuerdo entre él y el hermano de la presidenta.

Lo difícil y casi improbable será probar, según muchos juristas que auguran poco recorrido penal a las denuncias de la oposición, que hubiera tráfico de influencias por parte de Isabel Díaz Ayuso por haber mediado en la concesión de este contrato ciertamente sospechoso pero aparentemente legal. Lo que conducirá, al menos para ella, al archivo del caso pudiéndose apuntar su segunda victoria tras conseguir la cabeza del líder del PP y poner en marcha una sucesión exprés que llevará a Génova a Alberto Núñez Feijóo. Un movimiento que le dejará vía libre para hacerse por fin con las riendas de los populares madrileños en el próximo congreso regional pendiente de celebrarse y ya sin ningún obstáculo por parte de la dirección nacional.