El Constitucional plantea declarar inconstitucional el primer estado de alarma del Gobierno
El magistrado Pedro González-Trevijano sostiene en su ponencia que el confinamiento sobrepasó las limitaciones de esa figura jurídica
El borrador de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer decreto del estado de alarma del Gobierno para combatir el coronavirus plantea la inconstitucionalidad de tres apartados del artículo 7 sobre la libre circulación. Según informa 'La Vanguardia', entre otros medios, el ponente considera que la decisión del Gobierno de declarar un confinamiento domiciliario desde el 14 de marzo desde 2020 sobrepasó las limitaciones contempladas por el estado de alarma.
El magistrado Pedro González-Trevijano sostiene en su ponencia que se declare inconstitucional los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del decreto sobre la limitación de la libertad de circulación de las personas, estimando parcialmente de esta forma un recurso presentado por Vox.
Sin embargo, pese a la opinión del ponente, dentro del Constitucional hay voces discrepantes. Un grupo de jueces cree que las medidas se excedían, pero que sin embargo había que avalarlas dada la situación de la pandemia en España.
Además, según 'La Vanguardia', la ponencia sostiene que el decreto se extralimitó con el apartado que fija que el ministro del Interior puede acordar el cierre a la circulación de carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico, entre otras cosas.
El caso es que el año pasado ya fueron muchos los juristas que adviertieron de que las medidas eran más propias del estado de excepción y que el estado de alarma no era la mejor opción. De hecho, es la argumentación que dio Vox para sostener el recurso.
El alto tribunal analizará la ponencia, de unos 80 páginas, el próximo 22 de junio, con lo que el fallo podría llegar justo un año después de que finalizara la situación excepcional justo al inicio del verano, el 21 de junio de 2020.
El retraso ha venido generado por circunstancias ajenas al sentido del fallo. Según explican fuentes jurídicas, el asunto correspondió en inicio al magistrado Fernando Valdés, que abandonó el TC a consecuencia de la causa judicial que tiene abierta en el Tribunal Supremo por un delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su mujer.
