Los efectos de la Ley del 'solo sí es sí'

El CGPJ defiende a los jueces de los "intolerables ataques" de Igualdad y Podemos por aplicar la ley del 'solo sí es sí'

Varias dirigentes del Ministerio han achacado la revisión a la baja de condenas a agresores sexuales a "interpretaciones machistas" de la ley del solo sí es sí por parte de los magistrados

Irene Montero y Victoria Rosell

EUROPA PRESSIrene Montero y Victoria Rosell

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" vertidos contra los jueces que están revisando condenas por delitos sexuales en aplicación de la conocida como "ley del solo sí es sí", y ha defendido que los magistrados únicamente están aplicando la norma.

La Comisión Permanente del CGPJ sale así al paso en un comunicado de las críticas por parte de diferentes dirigentes del Ministerio de Igualdad, que han achacado la revisión a la baja de condenas a agresores sexuales a interpretaciones machistas de la ley por parte de los magistrados.

Tribunales de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña han dictado ya resoluciones judiciales que benefician a agresores sexuales por la modificación del Código Penal en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entró en vigor el 7 de octubre e incluso se han producido las primeras excarcelaciones.

Un goteo que previsiblemente afectará a centenares de condenas y del que las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero, su número dos, Ángela Rodríguez, y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han responsabilizado sin ambages a los jueces.

A su juicio, el problema no está en la ley, está en los jueces que no la aplican "por machismo", en palabras de la ministra Irene Montero, y por falta de formación en igualdad. "Fachas con toga", los ha llamado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, en la línea en la que se han pronunciado la mayoría de los dirigentes morados, si bien la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, guarda de momento silencio.

Han coincidido con ellas en que el problema no está en la ley, sino en la interpretación que hacen los jueces, la diputada de ERC Pilar Valluguera y el del PNV Joseba Agirretxea.

En un comunicado, al que se ha adherido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, el CGPJ afirma que "este tipo de actuaciones" por parte de "algunos responsables políticos" minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, en concreto, en la justicia, "aumentando su desprotección".

Después de que el martes saliesen a la luz algunas reducciones de condena a agresores sexuales en aplicación de la "ley del solo sí es sí", desde el Ministerio de Igualdad, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, hizo una férrea defensa de la norma y atribuyó las modificaciones de penas a una lectura "reaccionaria y sorprendente" por parte de los jueces.

Este miércoles, la ministra Irene Montero ha indicado asimismo que la rebaja en algunas penas se debe a que hay jueces que "no están cumpliendo con la ley" por "machismo".

Palabras que, según ha expresado el CGPJ, que fue muy crítico con el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, "se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual".

Preguntada por los periodistas en el Congreso sobre este comunicado, Rosell ha señalado que no lo había leído porque estaba compareciendo en comisión, pero ha añadido: "Todavía no ha hablado el Tribunal Supremo. Me parece una falta de respeto avanzar desde un órgano de gobierno lo que vaya a decir el Supremo en recurso y me parecería muy mal que les estuvieran presionando".

El Consejo señala en su comunicado que tanto la Constitución como el Código Penal recogen la aplicación de la norma más favorable y que esta última ley establece el "efecto retroactivo" de aquellas leyes penales que favorezcan al condenado.

Por tanto, dice el CGPJ, las resoluciones judiciales que se han conocido en los últimos días y que rebajan las condenas a agresores sexuales son el resultado de "la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del poder judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley".

Y recuerda además que el CGPJ ya advirtió en su informe contrario al anteproyecto que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

El PSOE: "Ya avisamos a Podemos"

Fuentes del grupo parlamentario del PSOE han asegurado que advirtieron a Podemos de este riesgo, en tanto que la parte socialista del Gobierno ha dado un paso atrás después de que la ministra María Jesús Montero subrayara el martes la necesidad de estudiar qué está fallando en la ley y opta ahora por esperar a que los tribunales vayan fijando doctrina sobre su aplicación.

"Vamos a ver lo que dicen los tribunales y a que unifiquen doctrina y después tendremos que ver qué pasos dar", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha desmarcado claramente de las críticas a la judicatura de las responsables de Igualdad.

La voces más elevadas desde las filas socialistas han sido la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en defensa cerrada de los jueces ante los ataques, y la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urgiendo a reformar la ley.

También el PP pretende la "inmediata revisión" de la ley por la "vía de urgencia" y, como Vox, ha incidido en el "fracaso" de Igualdad en una de sus leyes estrella.

La realidad es que una hipotética contrarreforma legal no afectaría a los casos ya revisados y solo afectaría a los delitos conocidos una vez que hubiera entrado en vigor.

De momento, la Fiscalía está estudiando caso por caso las revisiones de las condenas y ha apoyado algunas de ellas. Si lo estima necesario, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, elaborará una circular para unificar criterios, han indicado a Efe fuentes fiscales.

También está fijada una reunión de las 15 secciones penales de la Audiencia de Madrid para el 25 de noviembre con el objetivo de unificar su respuesta ante la revisión de penas.